La Contraloría General de la Nación abrió proceso de responsabilidad fiscal por las irregularidades en el contrato que hizo parte de la licitación FTIC-LP-038 DE 2020, que el Ministerio de Tecnologías e Información, MinTic, había suscrito con el consorcio Unión Temporal Centros Poblados por un valor de $1,07 billones para la conectividad de los niños en diversas regiones de Colombia. (Lea aquí: Mintic requerirá a centros poblados para devolver $70.000 millones del anticipo)
Al trámite fiscal, que está a cargo de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Contraloría, fueron vinculados Adriana Vanessa Meza, representante legal delegada de Funtic; Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual; Camilo Alberto Jiménez, supervisor del contrato 1043 de 2020; Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados; Carlos Enrique Páramo Samper, representante legal de la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación; Jeremías Olmedo Cabrera Mosquera, representante legal de ICM Ingenieros S.A.S, entre otros.
La Contraloría afirmó que por medio del artículo 16 de la Ley 610 de 2000 procederá a tomar las medidas cautelares correspondientes y adelantará las diligencias de pruebas para así solucionar y tomar una decisión respecto este proceso.
El proceso de responsabilidad fiscal está relacionado en particular, con el anticipo de $70.243 millones, que se había entregado a pesar de no contar con las garantías correspondientes. Según se ha informado, la mayor parte de esa suma fue transferida a una firma con sede en Delaware, Estados Unidos, estado considerado un paraíso fiscal.
Por su parte, Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, se presentó en la mañana de este miércoles ante la Fiscalía, a responder el interrogatorio por las presuntas irregularidades en el contrato de conectividad con el Ministerio de las TIC.
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En la diligencia privada, Duque Torres le explicó a la Fiscalía acerca de la participación de esa entidad, en la suscripción de la supuesta garantía bancaria y la suscripción de la póliza de la oferta en el contrato que resultaron siendo falsas.