La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó medidas cautelares por un año en el Cementerio Central de Neiva para proteger los cuerpos que podrían corresponder a víctimas de desaparición forzada del conflicto armado.
La decisión la adoptó la Sección luego de realizar una audiencia pública esta semana en Neiva, Huila, en donde encontró la existencia de un riesgo actual e inminente respecto de los cuerpos que se encuentran inhumados en el Monumento 14, el osario y la fosa común. Lo que corrobora las alarmas presentadas por algunas de las entidades públicas respecto de la desatención y el mal estado en el que se encuentran los lugares de inhumación y los cuerpos allí ubicados.
Por otra parte, la Sección identificó un riesgo latente frente a un futuro traslado del cementerio, que de llegar a materializarse sin haber atendido antes las dificultades que ponen en peligro los cuerpos inhumados, aumentaría la posibilidad de mezcla y pérdida de estos.
Por esta razón la Jurisdicción tomó las medidas cautelares para evitar el daño de los cuerpos, y cooperar con las demás instituciones del Sistema Integral para la Paz y otras agencias del Estado para evitar la afectación de los derechos de las víctimas del delito de desaparición forzada con ocasión del posible traslado del Cementerio Central de Neiva.
Bajo esta misma línea pidió a la Alcaldía de Neiva y la Gobernación de Huila solicitar el apoyo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para realizar la debida marcación de las bóvedas donde reposan los CNI y CINR y ordenó al Instituto Nacional de Medicina Legal, así como a la Parroquia de La inmaculada Concepción, remitir la información respecto de la actualización de bases de datos e informar acerca del estado del Cementerio Central de Neiva.