Ocultar las identidades de sus víctimas, alterar sus documentos y simular combates, fueron algunas de las conductas que realizaron los 15 militares imputados, este jueves, por falsos positivos para encubrirse. Además, engañaron y asesinaron a personas con discapacidad y población vulnerable entre 2002 y 2005.
“Los perpetradores escogían a estas personas porque presumían que la sociedad no reclamaría por su muerte, debido a su marginalidad”, dice una de las frases del extenso auto de 397 páginas revelado por la JEP, en donde retrata las conductas de los hoy imputados.
Es decir, de los tenientes coronel Julio Hernán Mejía, comandante del batallón ‘La Popa’ entre 2002 y 2003, y Juan Carlos Figueroa, quien lo sucedió entre 2004 y 2005, como autores. Además de los mayores José Pastor Ruiz, Guillermo Gutiérrez, Heber Hernán Gómez; los sargentos primero Efraín Andrade, Manuel Valentín Padilla y el teniente Carlos Andrés Lora.
Bajo esta misma línea fueron imputados el subteniente Eduart Gustavo Álvarez Mejía, el sargento viceprimero José de Jesús Rueda, el subteniente Elkin Leonardo Burgos, el cabo tercero Elkin Rojas y los soldados Juan Carlos Soto Sepúlveda, Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado.
Conductas que tienen relación con el asesinato de por lo menos 127 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira en estado de indefensión, y que fueron presentadas como bajas en combate entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005.
Crímenes por los que fueron imputados por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada contemplados en el código penal colombiano, así como los crímenes de asesinato y desaparición forzada de personas y el crimen de guerra de homicidio.
SE APROVECHARON DE LOS MÁS VULNERABLES
La Sala de Reconocimiento estableció que los asesinatos y las desapariciones forzadas ocurrieron dentro de un plan criminal que estuvo marcado por dos patrones macrocriminales.
El primero indica que asesinaron a personas señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales o de delincuencia común, sin contar con información que verificara dichos señalamientos y sin que se hubiera presentado combate alguno y en medio de una alianza entre algunos miembros del Ejército y los paramilitares de la zona.
Este patrón operaba bajo una lógica contrainsurgente, en el que se justificó la muerte de personas señaladas de pertenecer al ‘el enemigo’ en eventos fuera de combate. Es decir, que las víctimas eran entregadas por las AUC o por guías e informantes a efectivos del batallón que los señalaban de ser colaboradores de la guerrilla y luego los asesinaban.
Ese fue el caso de Nohemí Esther Pacheco, una niña indígena de 13 años, el 9 de febrero de 2005, a quien el Ejército la presentó como guerrillera muerta en combate. Esto, según el auto, luego de que un grupo de militares acordara presentar un resultado ilegítimo, comprando incluso las armas que le plantearían a la víctima en Valledupar.
Luego, y tras no encontrar a nadie más, encontró a esta menor durmiendo en una carpa y después de una conversación se la llevaron caminando hasta la carretera, donde le dispararon por la espalda.
En hechos similares tropas del Ejército asesinaron a Wilfrido Chantris Quiroz, quien se desempeñaba como reciclador y tenía una discapacidad cognitiva. Este hombre fue detenido violentamente en su humilde domicilio y entregado por integrantes de las AUC al Ejército, cuyas tropas lo uniformaron con prendas privativas de la Fuerza Pública y lo obligaron a caminar con ellos hasta el lugar de su ejecución. Fue presentado como baja en combate el 21 de octubre de 2003, de acuerdo con lo descrito por la Sala de Reconocimiento.
Por otro lado, tras la desmovilización de las AUC y el aumento de la presión por los resultados, que se materializó a través de un complejo dispositivo de incentivos y amenazas en diversos ámbitos de la unidad militar (permisos, viajes, descansos y pagos en dinero), estos uniformados cambiaron su estrategia y empezaron a seleccionar víctimas en condición de vulnerabilidad, incluyendo personas sin redes de apoyo o familiares que no los intentaran buscar al ocurrir su desaparición y a quienes engañaron mediante promesas de presuntos trabajos legales o ilegales, para captarlas y asesinarlas.
Esto se reflejó principalmente en la detención arbitraria de personas en puestos de control, operaciones de registro y control del área, pero también en los engaños a población vulnerable en Barranquilla y Valledupar, a quienes les prometían un trabajo y luego los asesinaban.
Este fue el caso de Víctor Enrique Carpintero Manjarrez, quien se desempeñaba como reciclador en Valledupar y fue asesinado en septiembre de 2004. Víctor Enrique fue engañado y entregado por el sobrino de su pareja, el soldado Vanegas Palmera quien aprovechó la confianza de la víctima para sacarla de su vivienda y dejarla en manos del grupo especial quien lo asesinó.
FINGÍAN COMBATES
Los militares imputados recurrieron al encubrimiento de sus actos a través de la alteración de la escena del crimen, el ocultamiento de la identidad de las víctimas, la transformación en su vestuario, el traslado de los cuerpos del sitio de su muerte y el levantamiento de cadáveres sin respeto por la cadena de custodia
La JEP reveló, con base en recopilaciones de la Procuraduría, que los perpetradores hacían disparar a las víctimas y alteraban documentos de carácter militar como misiones tácticas, órdenes de operaciones, anexos de inteligencia, informes de patrullaje y actas de gasto de munición. También ejercían presiones sobre testigos.
Al igual que, según este auto, en varios casos se obtuvieron elementos de intendencia que serían empleados en el montaje de la escena del supuesto combate y que, en algunos casos, se hacían colectas entre los miembros de la tropa para comprar dichos materiales.
Entre estos hechos se encuentra el asesinato de Joaquín Contreras Romero, de 42 años, quien salió de su casa vestido con un pantalón azul y una camisa beige, y cuando fue retenido y asesinado apareció con un pantalón camuflado, un pasamontañas, una camisa gris, unas botas pantaneras, dos brazaletes del ELN y una mochila con explosivos, una escopeta calibre 12 y un revolver calibre 38.
También este auto revela que para poder legalizar sus actuaciones fingían combates mientras informaban al Centro de Operaciones del batallón, “Siempre que iba a dar un resultado entraba en contacto ficticio (...) informaba inmediatamente al S3 de operaciones (...) voy a entrar en combate, estoy en combate, estoy en combate, entonces (...) yo colocaba a los soldados a disparar: colocaba la M60, o colocaba los fusiles, entonces del otro lado siempre se escuchaba de que yo estaba era en combate. Casi siempre el oficial S3 cuando pasaba eso, si estaba en algún programa (...) él decía por radio (...) «silencio las unidades que tal contraguerrilla entró en contacto». Realmente yo montaba el combate por radio. Así era que yo presentaba mis resultados operacionales”, relató un militar en versión libre.
También para poder justificar estos combates, los soldados hacían un gasto de munición que pudieran reportar al batallón, por ello, incluso los integrantes de la tropa, que se encontraban lejos de la zona donde eran ejecutadas las personas, disparaban al aire.
INDÍGENAS LOS MÁS AFECTADOS
El fenómeno de `falsos positivos´ tuvo un amplio impacto en los Pueblos Indígenas Kankuamo y Wiwa, pues las víctimas del Pueblo Kankuamo constituyeron poco más del 7% de las víctimas totales determinadas por la Sala de Reconocimiento.
Sin embargo, las verdaderas dimensiones de esta victimización se visibilizan cuando se tiene en cuenta que esta población es minoritaria en el Cesar y no alcanza a representar el 1% de la población del departamento.
De estos dos pueblos fueron ejecutados y presentados como bajas en combate por efectivos del Batallón La Popa los indígenas kankuamos Carlos Arturo Cáceres, Uriel Evangelista Arias, Ever de Jesús Montero Mindiola, Juan Enemías Daza Carrillo, Néstor Raúl Oñate Arias, Enrique Laines Arias, Víctor Hugo Maestre, Daiver José Mendoza, Hermes Enrique Carrillo Arias, la niña wiwa Nohemí Esther Pacheco Zabata y los jóvenes wiwa, Carlos Mario Navarro y Luis Eduardo Oñate (43).
Algunas de estas víctimas fueron retenidas en su territorio o en sus viviendas, y posteriormente asesinadas.
¿QUÉ PASARÁ AHORA?
Tras esta imputación, que está reflejada en un auto que explica a los imputados los delitos por los cuales son investigados, los militares tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o rechazarlos de manera escrita.
Al terminar el periodo de 30 días hábiles y recibir la respuesta de los comparecientes, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de Reconocimiento, la cual contará con la participación de las víctimas.
Las imputaciones en el batallón de Artillería No 2 ‘La Popa’ hacen parte del primer auto que se relaciona con el subcaso Costa Caribe, en el cual de las 127 personas que fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate, 58 fueron investigados en la justicia penal ordinaria y 13 permanecieron en la Justicia Penal Militar.
En los siguientes autos que se esperan, se investigará lo ocurrido en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia, Meta, Huila, Casanare y el Caribe.