El Magistrado Cristian Eduardo Pinzón Ortiz, quien hace parte de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, fue acusado formalmente por la Fiscalía de los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión, en hechos ocurridos entre 2015 y 2016.
El ente acusador asegura que hubo irregularidades en las actuaciones de Pinzón Ortiz, que favorecieron a dos jueces investigados disciplinariamente.
La Fiscalía aseguró que “en tres decisiones distintas, el servidor judicial habría archivado o absuelto disciplinariamente al juez Segundo de Ejecución de Penas de Villavicencio, Ronald Floriano Escobar, quien otorgó de manera ilícita subrogados o sustitutivos de la pena a varios integrantes de estructuras criminales condenados. Uno de los beneficiados fue Hernando Darío Giraldo Gaviria, alias ‘Cesarín’, cabecilla de la organización ilegal ‘La Oficina’, al que le concedió prisión domiciliaria”.
El ente acusador también le atribuyó al magistrado, hechos relacionados con una queja interpuesta contra la juez promiscua Municipal de San José del Guaviare, Martha Patricia Espinel Forero. La funcionaria, al parecer, resolvió varios asuntos judiciales cuando estaba en curso una suspensión de tres meses en su contra.
Las evidencias obtenidas, indican que el magistrado, inicialmente, se abstuvo de proferir cargos contra la juez y archivó el proceso.
Esta determinación fue revocada por el Consejo Superior de la Judicatura que ordenó seguir adelante con la investigación e imponer la sanción respectiva; sin embargo, el servidor judicial habría dilatado la decisión para que prescribiera.
El delegado del ente acusador, en la audiencia de imputación aseguró que “el magistrado Cristian Pinzón ha realizado una deficiente actividad probatoria en la investigación a su cargo... Contrariando las disposiciones procesales, cerró la investigación antes del término máximo legal, alegando ya contar con todas las pruebas necesarias para proferir una decisión de fondo y luego se abstiene de proferir cargos y acción en la investigación a favor de la investigada, alegando dudas probatorias de la investigación a favor de la misma... Sin ninguna razón atendible dejó activa la investigación por más de 5 meses, con lo que se advierte la intención manifiesta en favorecer a la procesada y de paso lograr la prescripción de la acción disciplinaria”.
Añadió que “estas conductas también lesionaron el principio de confianza hacia la función judicial disciplinaria, generando desconfianza hacia los operadores del sistema, lo que ha contribuido a la impunidad”.
Las audiencias preparatorias del juicio comenzarán en la fecha que disponga la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.