El consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, respondió a los cuestionamientos realizados por representantes y senadores independientes y de oposición sobre la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc.
Según explicó el funcionario, las familias étnicas en el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos han recibido apoyo en 3.644 hectáreas erradicadas en territorios étnicos; 4.756 familias han sido atendidas en el auto sostenimiento o huertas caseras; 4.720 familias con asistencia técnica. “El Gobierno Nacional le cumple a las 400.000 personas en zona rural que decidieron cambiar y mejorar su forma de vida apostando a la paz con legalidad”, dijo.
“Los recursos comprometidos en Proyectos Productivos a la fecha son de 93.630 millones de pesos. Afirman que el PNIS ha avanzado muy lentamente y que tenemos muy poco avance en proyectos productivos. Los beneficiarios PNIS antes de implementar Proyectos Productivos, pasan por una ruta de atención que incluye pagos, huertas y Asistencia Técnica Integral la ARN ha brindado acompañamiento técnico a 1.224 personas en reincorporación vinculadas a 1.066 proyectos productivos individuales. Diferentes aliados públicos, privados y de cooperación articulados en el marco de la política de Paz con Legalidad”, señaló.
Archila afirma que “hoy los excombatientes en reincorporación tienen 2.415 proyectos productivos aprobados, que vinculan a 6172 personas, con una inversión total de 61.714 millones de pesos. Así mismo, 1214 personas, que aún no han formulado un proyecto, tienen un empleo. El reporte reconoce los avances en el catastro, pero no menciona la actualización del IGAC en Cumaribo, Vichada, de 6,7 millones de hectáreas. El municipio pasó de valer 69.000 millones a 402.000 millones de pesos, y de tener 647 predios registrados a 4467”.
Así mismo, Archila indica sobre financiación que “el informe parece confundir para qué es el trazador presupuestal de paz: no es para identificar recursos para proyectos para las iniciativas #PDET, sino para identificar recursos para inversión para la paz en todo el país”.
El Consejero Presidencial para la Estabilización sostiene que “en el OCAD Paz se viabilizó un proyecto de interconexión eléctrica por 334.000 millones de pesos de la línea Cauca-Nariño. Una vez se asignen recursos empezarán obras que llevarán energía a municipios en la costa pacífica caucana y nariñense”.
El funcionario sostiene que en 2020, “a través de OCAD Paz, se dejaron de aprobar 235.000 millones. Es falso. De acuerdo con la normatividad vigente, el 20 % de ingresos corrientes están congelados y solo son disponibles si la Comisión Rectora del SGR lo aprueba según el recaudo. Sobre fuentes de financiación del OCAD Paz, el informe confunde la fuente Asignación para la Paz con otra denominada Asignación para la Paz- Infraestructura de Transporte. A este respecto, el porcentaje de proyectos aprobados en municipios NO PDET es impreciso”.
Según el consejero, en el informe de los congresistas “se desconoce que antes de la ley del Plan Nacional de Desarrollo, los proyectos que se aprobaron en OCAD Paz se dispersaban en todas las zonas del país, y en este Gobierno se focalizaron en los municipios PDET, los más afectados por la violencia y la pobreza”.
EL INFORME DE LOS CONGRESISTAS
Según los parlamentarios firmantes, este seguimiento se hizo a través de 22 visitas a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza, los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR). Algunas de estas fueron de manera virtual a causa de la pandemia.
“En materia de financiación y proyectos, preocupa que en la subregión del Pacífico Medio, compuesta por los municipios de Buenaventura, López de Micay, Guapi y Timbiquí, el Gobierno no ha empezado a ejecutar ni una sola obra PDET y no ha aprobado ni un solo proyecto OCAD Paz. Además, el 68% de los recursos del OCAD Paz, se están destinando a municipios que no están priorizados (municipios no PDET) y de los que se destinan a PDET, cerca de la mitad se concentra en solo 4 subregiones: Sierra Nevada- Perijá, Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño. Catatumbo y Macarena- Guaviare”, aseguraron los legisladores.
Además, llaman la atención de que, en materia de seguridad, preocupa el aumento de homicidios en 3 subregiones PDET: Alto Patía y Norte del Cauca, por el recrudecimiento de la guerra en Argelia (76,4 %) y El Tambo (68,3 %); en Macarena- Guaviare, el aumento de homicidios fue de 362 % en La Uribe, 105% en Mesetas, y 69 % en La Macarena “por la presencia de disidencias; y en el Sur de Bolívar, por la disputa entre las Autodefensas Gaitanistas y el ELN”.
Así mismo, indicaron que de los 173 líderes asesinados en 2020 según la Defensoría del Pueblo, el 58,4 % se concentra en 5 departamentos: Cauca (24,9 %), Antioquia (11,6 %), Putumayo (7,5 %), Norte de Santander (7,5 %) y Chocó (6,9 %). “El 61,3 % se concentra en los municipios PDET (106 homicidios), preocupando especialmente la situación de Tarazá (Antioquia) y Puerto Guzmán (Putumayo) con 7 homicidios cada uno, y de Algeciras (Huila) y El Tambo (Cauca) con 6 homicidios cada uno”.
En materia de reincorporación afirmaron que “el 63,9 % de los excombatientes no se encontraban vinculados a un proyecto productivo desembolsado por el Gobierno y, desde el inicio del proceso de dejación de armas, hasta diciembre de 2020, 248 excombatientes han sido asesinados”.
Según fuentes del informe, frente a los efectos del COVID-19 en los territorios más afectados por la guerra y la pobreza, “se encontró que mientras que a nivel nacional, entre el 2019 y el 2020, se redujo el número de empresas creadas en un 6,7 %, en los municipios PDET esta reducción fue del 49,8 %”.
El documento fue firmado por los congresistas: Juanita Goebertus, de la Alianza Verde; Ángela María Robledo, Estatuto de la Oposición; Angélica Lozano, de Alianza Verde; John Jairo Hoyos, del Partido de La U; José Daniel López, de Cambio Radical; Temístocles Ortega, de Cambio Radical; Iván Cepeda Castro, del Polo Democrático.
Además firman Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal; Wilmer Leal, de la Alianza Verde; Antonio Sanguino, de la Alianza Verde; John Jairo Cárdenas, del Partido de La U; Carlos Ardila, del Partido Liberal; Guillermo García Realpe, del Partido Liberal; y Roy Barreras, La fuerza de la paz.