Aunque el Congreso de la República cerró 2020 con la elección de los siete magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para que esta empezara a funcionar desde la segunda semana de enero, una sorpresa diferente a lo planeado se llevaron los nuevos dignatarios de dicha Sala.
La Comisión que entró a reemplazar a la antigua Sala Jurisdiccional Disciplinaria que hacia parte del Consejo Superior de la Judicatura, debía estar conformada y sesionando desde 2016, una vez tuvo aval constitucional, sin embargo, varios revés hicieron que esta quedara lista para funcionar a partir de este año.
La posesión de los siete magistrados que fueron escogidos de cuatro ternas del Consejo Superior y tres del presidente Iván Duque, estaba prevista para el próximo 13 de enero, sin embargo, se generaron movimientos internos que provocó que así como su posesión, el lugar de donde empezarán a laborar quedaran en stand by.
Fue precisamente una misiva la que reveló tales desaciertos y, además, la molestia de los siete magistrados al enterarse que el Consejo Superior de la Judicatura no planeaba recibirlos en el Palacio de Justicia, lugar en donde, previo a la pandemia, la Sala Jurisdiccional adelantó sus labores cotidianas.
“En nuestra condición de magistrados y magistradas electos de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, hemos tenido conocimiento que el Consejo Superior de la Judicatura viene adelantando gestiones a efectos de que esta corporación no reciba las instalaciones de la eliminada Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ubicadas en el Palacio de Justicia”, reposa en la misiva.
La decisión que tomó por sorpresa a los magistrados de la nueva Sala generó rechazo en sus integrantes aduciendo que la Comisión es una corporación de carácter jurisdiccional legítimamente elegida por el Congreso de la República que, en su condición de “juez de jueces”, administra justicia y representa pilares esenciales de autonomía e independencia judicial, de ahí que consideren que el “escenario natural” para laborar y sesionar es el Palacio de Justicia.
“En aras de la armonía y la unidad de propósito que nos asiste como defensores de la dignidad, autonomía e independencia de la Rama Judicial, con mucho respeto, pero siendo enfáticos, no aceptamos ninguna decisión que pretenda sacar a la Comisión del Palacio de Justicia”, argumentó la carta enviada por los siete magistrados.
Fuentes consultadas por COLPRENSA confirmaron que la determinación de dejar la sede de la Comisión fuera del Palacio de Justicia no fue tomada durante los últimos días, sino contrario a ello, desde el Consejo Superior afirmaron que esa gestión se venía registrando desde hace un poco más de dos años, debido a que, una vez se expidieron los acuerdos respecto de esa sala, se determinó que la misma sesionaría desde otra sede.
En cuanto a la posesión de los magistrados, que es otra situación que los tiene en vilo, aún no se ha mencionado nada por parte de la Presidencia de la República. Inicialmente estaba prevista para el 13 de enero, ahora mencionaron que podría adelantarse la próxima semana, el 18.
Bajo ese entendido, sin fecha de posesión y sin lugar en donde sesionar los magistrados se encuentran en stand by, no obstante, lo más consecuente en estos momentos, con base en las decisiones que ha tomado la judicatura sobre mitigar el efecto del Covid-19 en los delegados de la Rama Judicial, es que adelanten labores de manera virtual.
Cabe mencionar que la judicatura con base en los riesgos de la pandemia, en más de una ocasión prorrogó los términos judiciales en algunos procesos, y el aforo en los juzgados del país disminuyó considerablemente respecto de la manera como venían trabajando previo a la contingencia.
¿CÓMO DEBE SESIONAR LA COMISIÓN?
Cabe resaltar que la Comisión fue creada luego de la Reforma del Equilibrio de Poderes avalada en 2015, y con la cual se decidió que esta reemplazaría a la Sala Jurisdiccional que hacía parte del Consejo Superior de la Judicatura, de ahí que la Sala, no tuviera necesidad de funcionar con una nueva ley que reglamente o establezca sus funciones y deberes.
De acuerdo con el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, “es claro que la nueva comisión tiene una única función: disciplinar abogados, jueces y magistrados que no tienen fuero en la Comisión de Acusaciones. Así se estableció en la reforma del Equilibrio de Poderes”.
En este caso, Cristo aclaró que la Comisión no conoce de tutelas, ni conflictos de competencias, de ahí que, a su juicio, no se necesita desarrollar una ley para reglamentar su funcionamiento. “Pueden hacerlo con base en la Constitución y la actual ley estatutaria de justicia”.
No obstante, para el exmagistrado José Gregorio Hernández, “los magistrados para poder funcionar ya desde el punto de vista de la administración de justicia, lo mejor sería que se expidiera una ley estatutaria que regulara sus funciones y normas procedimentales que sean diferentes a las que regían para la Sala Disciplinaria, porque de lo contrario no tendríamos una corporación realmente diferente sino algo formal y nominal”.
¿QUIÉNES COMPONEN LA SALA?
Si bien, dicha controversia sobre la ley que debe regular la comisión no está claro, aún más porque los magistrados no toman posesión de los cargos, el Congreso en pleno decidió que los nuevos dignatarios responden a Magda Victoria Acosta, Juan Carlos Granados, Mauricio Fernando Rodríguez, Diana Marina Vélez, Alfonso Cajiao, Carlos Arturo Ramírez y Julio Andrés Sampedro.
Acosta fungió como magistrada de la Sala Disciplinaria, incluso hasta cuando fue elegida como miembro de la Comisión, y en su momento se consideró que esa situación la pondría en jaque, porque se tiene que registrar la nueva posesión y reelección en el cargo, acción que está prohibida en las altas cortes, sin embargo, la figura de la Comisión aún no está enmarcada como tal, eso sin contar que la mujer fue elegida en provisionalidad.
No obstante, cabe mencionar que Acosta como dignataria de la Sala Disciplinaria cumplió cuatro años, luego de ser elegida en 2016, sin embargo, con su nueva designación debe estar en el cargo durante ocho años más para un total de doce, algo similar a la posición de los magistrados eternos, Mejía y Sanabria.
El ahora magistrado Granados, antes contralor de Bogotá y gobernador de Boyacá, por su parte, está en apuros, de hecho parece ser el más controvertido de esta Sala, pues precisamente, en diciembre pasado fue llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia, en el caso de corrupción que se surte por Odebrecht.
En octubre de 2018, la Fiscalía develó que en el momento en que Granados aspiraba a la primera magistratura del departamento de Boyacá, el excongresista Plinio Olano reunió al candidato con representantes de la cuestionada firma de Brasil acusada de millonarios sobornos en varios países de Sudamérica. En ese encuentro, se habría hablado de uno de los tramos viales de más importancia para los boyacenses.
“Siendo usted candidato a la Gobernación en 2011 sostuvo varias reuniones y participó activamente en la efectuada en la casa del senador Plinio Olano, en la que además participaron el representante de Odebrecht, Luiz Antonio Bueno, y Federico Gaviria, exponiendo usted su plan de Gobierno haciendo énfasis en el proyecto de la vía Duitama-Charalá-San Gil”, dijo en su momento el ente acusador.
En el expediente, que precisamente empieza a moverse antes de culminar 2021, el ente acusador reveló que en esa reunión, que tuvo lugar en Sopó, se concertó un apoyo para el candidato por 200 millones de pesos a cambio de que una vez llegara a la Gobernación, a Odebrecht le adjudicaran varias obras de infraestructura.
“Los dineros, producto de las coimas, debían ser entregados en efectivo a Plinio Olano”, advirtió la Fiscalía durante la audiencia en la que a Granados le imputaron cargos por concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.
Con estas, entre otras acusaciones hechas ante el Tribunal Superior Bogotá, Granados no solo se enfrenta a un proceso judicial en la Corte Suprema, sino que además es cuestionado, porque desde la Comisión debe ser él quien investigue a jueces, fiscales y abogados.
El magistrado Mauricio Rodríguez, por su parte, se ha desempeñado como asesor jurídico externo del INCO en la Malla Vial Valle del Cauca, así como también fue Asesor jurídico externo en Contratación Estatal para la Dirección de Gestión Contractual. De Rodríguez se conoce que ha sido defensor del senador del Partido de la U, Eduardo Pulgar, quien fue capturado durante esta semana por ofrecer soborno a un juez de Atlántico para favorecer a un tercero.
Respecto de Alfonso Cajiao, se conoce que tiene una maestría en Ciencias Políticas. Se ha desempeñado como procurador delegado para las Fuerzas Militares y secretario general de la Defensoría del Pueblo, cuyo liderazgo asumió en encargo tras la renuncia de Jorge Armando Otálora, el exfuncionario quien estuvo vinculado con un escándalo sexual con una subalterna del órgano defensor.
Diana Marina Vélez, quien fue ternada por el Consejo Superior, tiene más de 30 años de experiencia en el sector público, ha ocupado cargos como personera delegada del Distrito y actualmente es procuradora delegada ante el Consejo de Estado.
Respecto de Carlos Arturo Ramírez, en su hoja de vida reposa que tiene un magister en Ciencias Penales y Criminológicas, y cuenta con estudios de doctorado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Además, se desempeñó como procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia, y actualmente es magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.
En cuanto a Julio Andrés Sampedro se conoce que es especialista en derecho Penal, Procesal y Victimología, además es profesor de derecho de la Universidad Javeriana, donde fue decano de la facultad de Ciencias Jurídicas.
Aunque el Congreso de la República ya barajó sus cartas para la composición de dicha Comisión, hay algunos sectores que están inconformes, esto por los reparos que tienen con los ahora magistrados, especialmente con Granados, y porque no existió garantías en la elección.