El más reciente informe que entregó la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, sobre el acuerdo de paz, destaca tres puntos específicos respecto de los avances que ha tenido la justicia transicional en el país, tras la firma final del acuerdo de paz. También puede leer: Combates en el Palo, Caloto, entre el Ejército y disidentes de las Farc
El informe resaltó el anuncio de que, a mediados de 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impondrá sus primeras sanciones, en las que se definirán las responsabilidades individuales por crímenes cometidos durante el conflicto, de ahí que anime a la sociedad colombiana a que brinde su pleno apoyo al sistema transicional para que este pueda seguir contribuyendo a la reconciliación.
Además de eso, el documento destacó que la JEP ha avanzado en sus siete macrocasos, que tienen por objeto crímenes y regiones específicas, sobre los cuales varias organizaciones de víctimas han continuado presentando informes, incluyendo sobre violencia sexual, transversal a varios casos.
Así como también rescataron que la justicia transicional ha tenido en cuenta testimonios de exmiembros de la Fuerza Pública, y en su búsqueda por conseguir verdad y reparación ha localizado seis fosas comunes en Dabeiba (Antioquia) con restos de posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
El organismo internacional recordó que hasta la fecha ha entregado a sus familias los restos de cuatro personas, incluidos dos menores. Así mismo, en audiencias y versiones, líderes de las FARC han reconocido su responsabilidad y se han comprometido a contribuir a la verdad en relación con crímenes emblemáticos cometidos durante el conflicto.
“Las víctimas han considerado que estos reconocimientos son un paso hacia la reconciliación, algunas han aceptado las disculpas de las FARC, otras han pedido que se aporten pruebas y han exhortado a todos los implicados de que aporten verdad plena”, expuso el documento.
No obstante, en su informe para la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, el Secretario General expresó su preocupación por la cantidad de excombatientes que han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz mientras esperaban respuesta a su solicitud de protección de la Unidad Nacional de Protección.
Frente a esto, el documento destaca las acciones de la justicia transicional, tal como la audiencia en noviembre donde se citó a altos funcionarios del Gobierno y el Estado para informar sus avances en el refuerzo de las medidas de seguridad y protección de excombatientes previstas en el Acuerdo Final, entre otras acciones adelantadas.
ONU advierte sobre el asesinato de desmovilizados
La Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia alertó el jueves sobre la necesidad de garantizar la seguridad y protección de los excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que firmaron el acuerdo de paz hace cuatro años.
En 2020 fueron asesinados 73 exrebeldes, según el informe trimestral de la misión, lo que representa una leve disminución en comparación a los 77 casos confirmados en 2019.
Según la ONU, la cifra de excombatientes asesinados desde la firma del acuerdo en 2016 asciende a 248. Los departamentos que más víctimas registran son Meta, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Putumayo y Nariño.
El Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió en el informe que la principal amenaza para la implementación del acuerdo de paz es la “persistencia de la violencia” contra los exrebeldes que dejaron las armas, las comunidades históricamente golpeadas por el conflicto interno y los líderes sociales.
La ONU señala que los problemas de seguridad por la amenaza de grupos armados -que incluyen las disidencias de las FARC- han obligado a decenas de excombatientes a huir de los espacios territoriales de reincorporación asignados, 191 de ellos se reubicaron en 2020 con ayuda del gobierno nacional.
“Aprovechando que la presencia del Estado es limitada, grupos disidentes de las FARC han ampliado su ámbito de actuación y están amenazando y atacando a excombatientes”, señala el informe.
La Misión de la ONU expresó su preocupación por las más de 1.000 solicitudes de protección de excombatientes por amenazas que no han sido solucionadas por las autoridades colombianas. Desde 2016 hasta 2020 han asesinado a 25 exrebeldes que esperaban medidas de protección del Estado.
Como un “paso positivo” calificó la ONU la reunión que sostuvieron en noviembre de 2020 el presidente Iván Duque y los representantes de los excombatientes, tras una pacífica manifestación para ser escuchados. Guterres espera que las partes sigan avanzando y cumplan con los acuerdos en materia de seguridad.
Además, resaltó los esfuerzos del gobierno por avanzar en la compra de terrenos para los excombatientes y los resultados positivos del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito en el que participan 99.000 familias y se reporta un cumplimiento del 97%.
“Se hicieron reconocimientos en los avances muy significativos en materia de reducción de los niveles de violencia antes de los acuerdos, fortalecimiento de la democracia, aplicación y apoyo a la justicia transicional, avance en la reincorporación y en el desarrollo rural integral”, dijo el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, en una comunicación oficial.
El informe trimestral será presentado formalmente ante el Consejo de Seguridad el próximo 21 de enero como parte de su monitoreo al proceso de paz, el cual fue extendido hasta septiembre de 2021 por decisión del Consejo de Seguridad.