Han pasado cinco meses desde cuando la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP notificó a la Gobernación del Huila que estaba vinculada al trámite de medidas cautelares que estudia el despacho para proteger los cuerpos de personas no identificadas que hay en el Cementerio Central de Neiva. A la fecha, los magistrados no han recibido una sola respuesta de la Gobernación sobre los requerimientos realizados por la Jurisdicción.
Por ello, ante el desacato de la orden judicial, la Sección decidió abrir un incidente de medidas correccionales contra el gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López, quien tiene tres días hábiles, a partir de la comunicación de la decisión, para explicar la situación. Es decir, para que ejerza su derecho a la defensa y, de ser el caso, la JEP proceda a imponer la medida correccional que corresponda.
De acuerdo con los magistrados, es importante asegurar el correcto funcionamiento de la administración de justicia y con él la garantía de los derechos de las víctimas. “El papel institucional de la JEP está diseñado para garantizar una transición estable, con respeto por los derechos de las víctimas y sin impunidad”, recuerdan los magistrados.
Dado que las autoridades sanitarias departamentales, municipales o distritales, vigilarán el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 303 de 2015, que entre otras disposiciones establece su responsabilidad en la conservación de los cuerpos de personas no identificadas, la Sección le había solicitado a la Gobernación, a través un auto del pasado 16 de abril, información sobre las acciones y políticas adoptadas para cumplir con dicha disposición, cuál es la dependencia encargada y los resultados. Sin embargo, después de cinco meses la Gobernación del Huila no ha dado respuesta a la JEP.
La Sección indicó que esta información es imprescindible a la hora de tomar una decisión sobre el alcance de las medidas cautelares que la JEP estudia en esa región. Todo, con el fin de proteger los cuerpos que reposan en el Cementerio Central de Neiva. De ahí que los magistrados manifiesten en un nuevo auto emitido este 24 de septiembre que la falta de respuesta por parte de la entidad obstaculiza la satisfacción de los derechos de las víctimas.