El Juzgado 10 con función de Control de Garantías legalizó la captura y ordenó reclusión en centro carcelario a la exgobernadora de la Guajira Oneida Pinto.
La exgobernadora, quién se entregó a una comisión conformada por funcionarios de la Policía y la Defensoría del Pueblo, es procesada por los delitos concierto para delinquir, falsedad en documento público, celebración indebida de contratos, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y peculado por apropiación.
Pinto tiene una medida de aseguramiento en su contra dictada, desde julio de 2019, por el juez 45 de garantías, por las presuntas irregularidades en la contratación en la Alcaldía del municipio de Albania, del que ella también fue mandataria.
En su momento, el despacho judicial consideró que Pinto, quien no se presentó a la audiencia, es un peligro para la sociedad y que en libertad puede influir en los testigos que tiene el ente acusador.
Según la investigación, en 2008, cuando Pinto estaba próxima a terminar su mandato como alcaldesa de esa población, junto con su exesposo Pablo Parra y su escolta Jean Hernández Erazo se aliaron para que este último se lanzara a la Alcaldía con la condición de que Pinto y Parra manejaran las grandes contrataciones municipales.
“Esa empresa criminal perduró hasta 2011 y estamos verificando si se mantuvo hasta 2012 a través de varias contrataciones”, explicó la Fiscalía en ese momento.