Después de una larga investigación, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció este lunes su decisión de sancionar a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) con una multa superior a los 16 mil millones de pesos por hacer un acuerdo ilegal con las empresas Ticket Ya y Ticketshop, para limitar la libre competencia en la venta de boletas de las eliminatorias al mundial Rusia 2018 y, de paso, defraudar la buena fe de los hinchas que querían ver en vivo y en directo a los jugadores de la selección Colombia en sus partidos claves como local.
De acuerdo con la decisión de la Superintendencia, la Federación y las empresas Ticket Ya y Ticketshop se pusieron de acuerdo para que el contrato de venta de boletería se adjudicara a esta última (utilizando, entre otras cosas, información privilegiada de la Federación), para así excluir las ofertas de las demás empresas que participaron en el proceso y poder desviar masivamente la boletería, para revenderla con precios que llegaron hasta de 350 por ciento de sobrecosto.
La sancionada no solo es la Federación. La SIC también impuso multas a la empresa Ticket ya por un poco más de 45 millones de pesos y a 17 personas naturales, incluidos los principales directivos de la Federación: Luis Bedoya, que hoy en día colabora con la justicia de Estados Unidos en la investigación por el escándalo del Fifagate (262 millones de pesos); Ramón Jesurún (304 millones de pesos); Alvaro González (46 millones), y Jorge Perdomo (97 millones).
Pero, a pesar de lo cuantioso de las multas, es posible que la investigación contra las principales cabezas del fútbol colombiano no se quede ahí. El superintendente de Industría y Comercio, Andrés Barreto, informó que la Fiscalía solicitó copias de la investigación para sumarlas al proceso que tiene en curso por ese tema.
UN ENTRAMADO PARA ENGAÑAR A LOS HINCHAS
El proceso por la venta de boletería de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 arrancó con la colaboración que hizo la firma Ticketshop, que confesó su participación en el hecho y, según la SIC, “aportó documentos, correos electrónicos y declaraciones de sus funcionarios sobre la existencia y el funcionamiento del cartel empresarial”.
Luego de constatar con otras pruebas, la SIC confirmó el acuerdo ilegal entre la Federación, Ticket Ya y Ticketshop.
La Federación, como un ente privado, no estaba obligada a hacer licitación, podría haber contratado directamente, pero, para simular una supuesta transparencia, diseño esa convocatoria, a pesar de que ya tenía claro a quién le iba a adjudicar el contrato.
“El sistema anticompetitivo se diseñó en el momento en que quedó al descubierto el escándalo del Fifagate, debido a que los dirigentes del fútbol se encontraban preocupados por el caso internacional, por lo que decidieron llevar a cabo una ‘Invitación a cotizar’ para la selección de la agencia de boletería para el Mundial Rusia 2018, con el propósito de simular una licitación de operadores con múltiples oferentes, a pesar de que ya habían concertado un sistema anticompetitivo”, indicó la Superintendencia.
Como parte de la estrategia, acordaron un anticipo de 10 mil millones de pesos, que se incluyó en la propuesta de Ticketshop y que fue un elemento determinante para que la propuesta fuera finalmente la elegida.
Previamente a la invitación a cotizar, también habían acordado el valor de la oferta económica y, el 12 de agosto de 2015, el día de presentación de las ofertas, la Federación le entregó a Ticketshop información confidencial para que supiera cuál era el valor de la propuesta que debía presentar para ganar.
Con el contrato adjudicado (de manera unánime por la junta directiva de la Federación), Ticketshop desvió masivamente la boletería a Ticket Ya para que esta empresa se encargara de hacer la reventa a precios muy superiores a los establecidos por la Federación.
“A modo de ejemplo, en el partido Colombia vs Brasil, considerado por los cartelistas como ‘la joya de la corona’, una boleta con un valor establecido de $60.000, se vendió, por lo menos, en $270.000, lo que representó un aumento de un 350% para el consumidor interesado en adquirir una boleta para dicho partido, siendo este tan solo el primer eslabón de la cadena”, explicó la SIC.
Mientras tanto, los hinchas de la selección Colombia intentaban sin éxito comprar las boletas por internet, que, con publicidad engañosa, Ticketshop promocionaba como todavía disponibles, aunque en realidad no lo estaban.
LA PARTE PENAL, AÚN PENDIENTE
Además de las prácticas restrictivas a la competencia, que ya sancionó la Superintendencia, la Fiscalía investiga los posibles delitos que se pudieron haber cometido.
Aunque hasta el momento, la entidad no ha tomado ninguna decisión contra los directivos de la Federación, en febrero del año pasado anunció que representantes de Ticketshop (quienes reconocieron su responsabilidad ante la Superintendencia) aceptaron cargos por concierto para delinquir y ofrecimiento engañoso de productos o servicios.
“Pusieron a la venta 6.000 boletas en internet desde la media noche del 8 de agosto de 2017 y que en menos de 10 minutos ya no había boletas a la venta para los partidos de la Selección Colombia en el mundial de Rusia 2018”, dijo la Fiscalía en esa oportunidad. Además, indicó que se podrían exponer a penas superiores a los 6 años de prisión.
Por el mismo caso, la Fiscalía ya tenía lista una imputación de cargos contra el exdirectivo del Real Cartagena Rodrigo Rendón Caro, pero falleció en julio de 2019, unos días antes de la audiencia.
LA RESPUESTA DE LA FEDERACIÓN
La Federación Colombiana de Fútbol, en respuesta a la decisión de la SIC, aseguró que desconoce el contenido íntegro del ente de control pues no fue notificada según los términos que indica la normatividad.
“El hecho de no utilizar los mecanismos previstos en la ley, sino los medios de comunicación para informar decisiones administrativas, reitera las irregularidades que desde el inicio del proceso se han advertido y hemos puesto en conocimiento de las autoridades competentes”, expresa.
Añade que, una vez se reciba la notificación, la FCF acudirá al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
“A lo largo del procedimiento a instancia de la SIC, la FCF ha evidenciado múltiples y graves anomalías, particularmente, la ausencia de pruebas en su contra o de sus miembros. Estas falencias han sido puestas en conocimiento de otras instancias judiciales, las cuales adelantan las respectivas investigaciones”, puntualizó.