La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), abrió incidente de medidas correccionales en contra del alcalde (e) de San Onofre (Sucre), Eloy Berrío, por el incumplimiento de diferentes órdenes judiciales relacionadas con la protección de cementerios.
La Sección, en sesión virtual del 9 de junio, abrió el incidente ante el desacato a las órdenes impartidas en noviembre de 2019 y el vencimiento de los términos judiciales.
Esta determinación se tomó en el marco de las medidas cautelares que dicha Sección estudia, respecto de la solicitud de un grupo de víctimas, en 17 lugares del país, donde presuntamente habrían personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado.
En San Onofre, concretamente, la Sección de Ausencia de Reconocimiento estudia dictar medidas en cuatro sitios: los Cementerios Municipal y de Rincón del Mar y las fincas El Palmar y La Alemania.
Dentro de este trámite, en la audiencia pública celebrada los días 20 y 21 de noviembre de 2019, en Cartagena de Indias, la Sección le ordenó a la Alcaldía de San Onofre desarrollar diferentes acciones para garantizar la protección de estos lugares.
Específicamente, la Sección ordenó a la Alcaldía de San Onofre administrar y actualizar la información sobre los cementerios que reposan en el Sistema de Identificación para el Registro de Inhumaciones de Cuerpos no identificados (SIRIC), que le fue entregado.
Del mismo modo, le ordenó diseñar un plan específico de administración y protección de los cementerios y puntos de interés forense, bajo su jurisdicción, además de legalizar, sanear y titularizar el predio en el que se encuentra ubicado el Cementerio Rincón del Mar, y reconstruir el monumento de memoria a las víctimas, ubicado en inmediaciones de la finca El Palmar.
Además, la Sección requirió a la Alcaldía de San Onofre el cumplimiento de las decisiones anotadas. Adicionalmente, para garantizar la protección durante la emergencia sanitaria de los lugares ubicados en el municipio de San Onofre, la Sección le había ordenado a la Alcaldía contestar un cuestionario relacionado con el tratamiento de las personas fallecidas por Covid-19 en sus dos cementerios, dada la existencia de puntos de interés forense de presuntos cuerpos de personas desaparecidas.
En la audiencia pública también se le ordenó a la Fiscalía General elaborar un plan de búsqueda de personas desaparecidas en los mismos cuatro lugares, el cual fue entregado por el ente acusador.
“Por decisión de la Sección el referido documento fue trasladado a las organizaciones peticionarias de las medidas cautelares, a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBDP) y a la Procuraduría General de la Nación, para que presenten sus respectivas observaciones”, expuso la JEP.
La Gobernación de Sucre, a su vez, allegó un documento señalando la inclusión de unas partidas presupuestales para proteger los sitios referidos por los peticionarios. Además, incluyó un programa para la reconstrucción del monumento a las víctimas como mecanismo de reparación simbólica.