En una carta conjunta a las entidades territoriales, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación le recordaron a alcaldes y gobernadores su obligación de incluir en los planes de desarrollo proyectos dirigidos a atender a las víctimas del conflicto armado.
Según los tres organimos de control, “la condición de las víctimas del conflicto armado se ha visto agravada como consecuencia de la situación generada por la Pandemia COVID-19”.
Por ese motivo, instaron a los organismos territoriales a coordinarse de una manera más efectiva con las entidades nacionales para diseñar e implementar estrategias que garanticen la salud e integridad de las víctimas del conflicto.
Entre los derechos de las víctimas que se deben proteger destacan los tres organismos la participación y señalan que en medio de la pandemia existen mecanismos para que las entidades territoriales continúen consultando la opinión de las víctimas.
“Se considera que es el momento oportuno para que las entidades territoriales que aún no han sostenido un diálogo con las mesas de participación de víctimas lo propicien, con el fin de conocer y dar respuesta a sus propuestas, garantizando el mejoramiento de las condiciones de la población víctima en cada uno de sus territorios y su participación efectiva”, dice la carta.
Los organismos de control le recuerdan a las entidades territoriales que no presentaron oportunamente sus planes de desarrollo, que los pueden poner a consideración de las asambleas o concejos municipales hasta el 15 de junio de 2020, y que aquellas que los entregaron antes del 30 de abril, pueden hacer modificaciones hasta el 15 de junio de 2020.