Este miércoles se cumplen nueve años de la Ley de Víctimas, una norma que le fijó la meta al Estado de reparar en 10 años a alrededor de 8 millones de víctimas.
Uno de los elementos claves de esa reparación es la restitución, una medida que busca devolver sus tierras a las personas que tuvieron que abandonarlas o que les fueron arrebatadas a causa de los violentos.
De acuerdo con la Unidad de Restitución de Tierras, en cabeza del director Andrés Augusto Castro, a la fecha se han entregado en Colombia 380.000 hectáreas de tierra a las víctimas del conflicto armado, una cifra que representa 10 % del total de más de 3.500.000 que hay en el registro de lo que debe ser restituido.
Pero además, en manos de la justicia, hay 68 demandas que buscan recuperar un total de 2.448.438 hectáreas a favor de 37.986 familias. Es decir, un área un poco más grande que Israel.
32 de estas demandas se han presentado en los últimos dos años, en el gobierno de Iván Duque. Con ellas, se espera recuperar 1.603.962 hectáreas, lo que favorecería a 14.419 familias en 15 departamentos del país.
Las cifras de la entidad, también dan cuenta que se han recuperado cerca de 225.128 hectáreas de 10.175 familias pertenecientes a 16 pueblos indígenas y dos afrodescendientes.
En total se han proferido 18 sentencias, además de un trabajo liderado por la Unidad que, por medio de la Dirección de Asuntos Étnicos, han buscado el restablecimiento de los derechos de las comunidades étnicas vulneradas territorialmente en el marco del conflicto armado.
Cabe decir que los procesos de restitución buscan, además del restablecimiento de los derechos territoriales, la reparación de aquellos derechos relacionados con el autogobierno, la participación, la autonomía y la consulta previa correspondiente a comunidades étnicas a lo largo y ancho del territorio colombiano. Se busca el reconocimiento de los usos espirituales de las tierras, además de garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales y legales.
Para el caso del departamento del Chocó, se profirieron en total siete sentencias, de las que se beneficiaron 2215 familias. Otros departamentos donde se tomaron medidas son Cauca (1679 familias), Cesar (267 familias), La Guajira (64 familias), Magdalena (360 familias), Vichada (32 familias), Putumayo (55 familias), Valle del Cauca (1307 familias), y Caldas (3181 familias).
En los registros de restitución aparecen comunidades como Embera Katío, Tule, Embera Dóbida, Cuna, Yukpa, Wayuú, Ette Enaka, Wounaan, Salibá, Sikuani, Amorúa, Inga, Siona, Nasa, Embera Chamí y Comunidades Negras.
LOS PROCESOS EN CURSO
En este momento, el Resguardo Arara, Bacatí, Carurú y Lagos de Jamaicurú buscan recuperar 506.900 hectáreas, con el fin de beneficiar a 369 familias en los departamentos de Vaupés y Guaviare.
En los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare, se busca recuperar 146.500 hectáreas, de donde se beneficiarían cerca de 84 familias. Hay también una demanda del Pueblo Barí para recuperar 193.147 hectáreas, para beneficiar a 2510 familias en el departamento de Norte de Santander.
Por su parte, el Consejo Comunitario del Río Cajambre trabaja en la recuperación de 75.010 hectáreas, con el fin de beneficiar a 145 familias en la zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca.
Hay también una puja por parte del Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó en el municipio de Riosucio (Chocó), pues 2.511 familias esperan recuperar 107.064 hectáreas. En ese mismo departamento, el Consejo Comunitario Mayo de Nóvita – Cocoman lucha por la recuperación de 117.647 hectáreas en los municipios de Nóvita, Medio San Juan y San José del Palmar.
Cabe mencionar que, pese a las dificultades impuestas por la pandemia del Covid-19, las labores de la Unidad se han trasladado mayoritariamente al ámbito virtual, donde se siguen llevando a cabo los procesos de restitución.
“En medio del Aislamiento Preventivo Obligatorio la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras construyó 18 demandas las cuales serán radicadas de manera electrónica en los juzgados de Restitución de Tierras de Quibdó, Apartadó, Ibagué, Mocoa, Cali, Bolívar, Villavicencio y Pasto”, señala la entidad.