Luego de casi nueve horas de audiencia continúa la imputación de cargos en contra de los 12 militares señalados de presuntos actos de corrupción por parte de la Fiscalía. El delegado del ente acusador detalló que los involucrados habrían incurrido en varios delitos con el fin de ser ubicados en unidades militares para que ejercieran funciones administrativas.
Este tipo de traslados, en lenguaje militar, se conoce como cambio de armas, una práctica común entre los uniformados que no quieren ir a lo que se llama teatro de operaciones, es decir, a patrullar, hacer guardia o a combatir para que fueran designados a oficinas con horarios fijos. En la tropa esto se llama “evadir el monte”.
Bajo esa explicación, el delegado de la Fiscalía, cuya exposición por momentos fue confusa, señaló que fueron por lo menos 68 suboficiales los que acudieron a esta práctica para cambiar de arma. Los suboficiales detenidos fueron identificados como Héctor Orlando Rodríguez Prieto, Henry Alexander Rodríguez Sierra, Edwin Medina Carvajal, Faber Urriago Díaz, Milton Cuitiva Pardo, Néstor Chavarría Herrera, Juan Camilo López, Eduardo Sánchez Díaz, Carlos Andrés Atencia Ortega, Óscar Alfonso Muñoz González, Luis Eduardo Rodríguez y Diego Alejandro Bohórquez Zapata.
De manera legal, los cambios de armas se hacen mediante órdenes administrativas de personal, OAP, que tienen un consecutivo de radicación que empieza por el número 1 y son tramitadas a través del sistema informático del Ejército.
Para la Fiscalía, el sargento segundo Eduardo Sánchez Díaz es la persona que, al parecer, alteraba la plataforma en la que reposaban las verdaderas órdenes administrativas de personal para incluir los nombres de suboficiales a los que se les cobraba entre 4 y 5 millones de pesos para el trámite.
“Era el encargado de hacer los procesos de cambio de armas, esta persona de manera fraudulenta y haciendo uso de su usuario y clave en el servidor subió a la plataforma las órdenes administrativas de personal que no fueron registradas ni firmadas y no fueron expedidas por el conducto regular”, dijo el fiscal ante el estrado.
Según reveló, el sargento Sánchez Díaz para burlar el sistema anteponía uno o dos ceros al número de las verdaderas órdenes de personal y así poder incluir los nombres de por lo menos 68 suboficiales que cambiaron de arma de manera irregular.
En otros certificados que fueron alterados se detectó la falsificación de la firma del coronel Enrique Álvarez Hernández, jefe de Medicina Laboral de Sanidad del Ejército. La alteración de su rúbrica aparece en dos documentos que fueron presentados para el cambio de dos funcionarios del Ejército cuyos nombres no fueron dados a conocer ante el estrado.
Se sospecha por parte de la Fiscalía que quien estuvo detrás de esta falsificación sería el sargento segundo Diego Bohórquez, encargado de generar los certificados de las actitudes sicofísicas en esa unidad militar. Al parecer, con esas falsas certificaciones se aprobó el cambio.
Algunos de los detenidos se beneficiaron con ese cambio de armas. Por ejemplo, el sargento segundo Milton Cuitiva pasó de ser de Infantería a Logística, el cabo primero Juan Camilo López lo hizo de Infantería al área de Sanidad. A esta misma unidad pasó el cabo primero Faber Paul Urriago quien estaba en el batallón de Ingenieros, mientras que el sargento segundo Carlos Atencia quien fue trasladado de la Caballería a Logística.
“Las órdenes con las que se dieron estos cambios son espurias, no existen en la Oficina del Comando de Personal. En algunos casos, no coinciden el número del acto administrativo con el que reposa en las hojas de vida. Esto refleja el desorden que existía en ese tipo de trámites”, sostuvo el delegado de la Fiscalía.
La diligencia, fue suspendida a las 7:30 de la noche tras varios tropiezos e interrupciones principalmente solicitadas por el fiscal quien pidió varios recesos para precisar las conductas delictivas de cada uno de los procesados. De hecho, en algunos casos retiró algunos cargos tras haber expuesto la imputación, hecho rara vez visto en las diligencias del complejo judicial de Paloquemao.
La tercera sesión fue programada para este viernes a las 9 de la mañana