La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación, en cabeza de la Fiscalía General, a pagarle más de 340 millones de pesos a la familia de un hombre que fue detenido injustamente durante el desarrollo de la llamada ‘Operación Orión’, adelantada por la Policía y el Ejército en Medellín (Antioquia) en 2002.
La acción policiva y militar buscaba recuperar la zona de la Comuna 13, que en ese entonces había sido tomada por grupos armados ilegales. Según reposa en la providencia, Jaime Alberto fue capturado en octubre por agentes de la policía y en septiembre de 2003 fue acusado por el delito de rebelión.
La acusación la basó la Fiscalía en testimonios que lo señalaban de ser comandante de la entonces guerrilla de las Farc. Sin embargo, tras un proceso judicial extenso de apelaciones y nulidades recuperó su libertad y fue absuelto por decisión del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín.
El Juzgado concluyó que “no existían pruebas en contra del sindicado, se presentaron serias irregularidades en la operación ‘Orión’, en la cual fue capturado y los testigos, con base en los cuales se inició la investigación penal, carecían de credibilidad”.
Así las cosas, Jaime Alberto interpuso una demanda de reparación directa que fue resuelta a su favor en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia, decisión que fue ratificada por el Consejo de Estado, tras declararse a la Fiscalía como la entidad administrativamente responsable del daño causado al demandante por haber sido privado de su libertad de manera injusta.
La providencia señala que no habían pruebas suficientes que justificaran la captura y posterior imposición de la medida de aseguramiento; advierte que los señalamientos tenidos en cuenta en primera instancia tuvieron base para llevar a la condena al Estado.