La crisis económica y social en Venezuela ha desencadenado un fenómeno migratorio sin precedentes en la región, en donde Colombia ha recibido a más de 1,2 millones de venezolanos, que se estiman podrían llegar a los 2 millones en los próximos meses.
El Gobierno Nacional y varios sectores académicos, así como organizaciones internacionales, han asegurado que el fenómeno migratorio empieza a generar unas presiones fiscales en el país, debido a la atención que se tienen que hacer de las graves condiciones sociales en las que llega esta población.
Es por eso que desde el Gobierno se ha tenido que destinar unos recursos para atender a los ciudadanos venezolanos en materia de salud, vivienda, educación, entre otros, que han generado unos efectos en materia macroeconómica y que no estaban previstos por el país. De acuerdo con algunas proyecciones, este gasto adicional podría ser de entre 0,3 % y hasta 0,5 % del Producto Interno Bruto anual.
“No está en el ADN colombiano rechazar a personas que están huyendo de la tragedia que está ocurriendo en ese país, sin embargo, tenemos unas implicaciones fiscales y su costo más o menos sería de 0,5 % del PIB anualmente. Hay unas circunstancias y escenarios en donde el fenómeno se puede deteriorar generando una mayor migración hacia Colombia, pero lo que todos esperamos es que pronto se solucione el problema de ese país en su origen y causa”, manifestó en su momento Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda.
En ese sentido, bajo ese escenario y con una situación que parece no resolverse en el corto plazo en Venezuela, se ha planteado la posibilidad de flexibilizar la regla fiscal con el objetivo de brindar un espacio para que el gobierno pueda cumplir con este compromiso, teniendo en cuenta el gasto que se viene haciendo para atender la migración.
De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Gobierno debe cumplir con un reducción del déficit total de -2,4 % para 2019, - 2,2 % (2020), -1,8 % (2021), -1,4 % (2022).
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), reconoció está semana la presión fiscal y los gastos que ha tenido que asumir Colombia para atender la migración y dejó entredicho la posibilidad de flexibilizar la regla fiscal.
“Debe mantenerse el firme compromiso de Colombia con la trayectoria de ajuste fiscal incorporada en la regla fiscal. Proporcionar un seguimiento independiente y un análisis técnico detallado de las repercusiones presupuestarias de la crisis migratoria, ya sea por el comité fiscal existente o por otro organismo, ayudaría a garantizar que cualquier decisión sobre la senda fiscal se base exclusivamente en motivos técnicos y esté aislada de otros debates presupuestarios”, indicó la OCDE en un informe.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha planteado la posibilidad de hacer una flexibilización de la regla fiscal ante el shock migratorio venezolano. Sin embargo, el organismo destacó que esas modificaciones deberían ser temporales y consecuentes con estos costos que está asumiendo el país.
“En el contexto de un sólido crecimiento de la demanda interna y aumento del déficit externo, el gobierno central debería reducir el déficit fiscal a 2,4 % en línea con la regla fiscal. Si los costos fiscales relacionados con la migración resultan mayores o más persistentes que lo esperado, se podría considerar flexibilidad en la regla a través de la cláusula de escape bajo condiciones estrictas para salvaguardar el Marco Fiscal de Mediano Plazo”, indicó el FMI tras la visita de una misión en el país.
¿ES CONVENIENTE HACERLO?
El director del Centro de Investigación Económico y Social (Fedesarrollo), Luis Fernando Mejía, consideró que si hay un argumento económicamente sólido para generar un espacio desde el punto de vista del cumplimiento del déficit y la regla fiscal en este año.
“En Fedesarrollo a través de un estudio de Mauricio Reina habíamos hecho unos cálculos de cómo esta migración estaba generando un costo de 0,3 % del PIB para el Gobierno y es un choque transitorio que esperamos que no sea permanente. Tenemos que tener en cuenta que este fenómeno tiene unos costos para el país en materia fiscal y creo que estos elementos justifican la propuesta de generar un espacio adicional”, indicó Mejía.
De acuerdo con el director, en caso de darse ese espacio en la regla fiscal, el mismo debe ser temporal en el tiempo en donde el Gobierno Nacional también debe dar unas señales de cumplimiento en la reducción del déficit.
“He tenido la oportunidad de hablar tanto con el Fondo Monetario como con algunos inversionistas internacionales y lo que veo es que nadie estaría sorprendido en que se haya tomado una decisión justificada de ampliar la meta del déficit por este aumento de las erogaciones fiscales por cuanta de la migración venezolana”, explicó Mejía.
Por su parte, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Central, Erick Behar, consideró que este tipo de modificaciones puede generar unos riesgos macroeconómicos para el país, así como en materia de calificación y confianza del mercado internacional.
“Esto tiene un riesgo porque si se comienza a generar un gasto más fuerte y sin los rubros que pueda tener una relación directa con el tema migratorio, estaríamos generando un desorden fiscal cuando Colombia se ha caracterizado por tener una estabilidad macroeconómica en los últimos años”, indicó Behar.
En ese sentido, el analista aseguró que lo más importante es ver cómo se va a flexibilizar la regla y que se establezcan que solo será para temas de inversiones y suma urgencia para atender la crisis migratoria. “En este caso valdría la pena hacerlo, pero si se vuelve una excusa para camuflar otras cosas detrás para aumentar el gasto público se puede generar un riesgo bastante complejo para Colombia”, resaltó Behar.
Entre tanto, el docente del Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa) y experto en temas fiscales, José Roberto Acosta, destacó que cuando se propone flexibilizar la regla fiscal lo que se está revelando es que los gastos son mayores que los ingresos.
“Este gobierno ya hizo una reforma tributaria que representó un ajuste por el lado de los contribuyentes y lo que el país está esperando es el ajuste por parte del Estado y esto no lo hemos visto. El ministro Carrasquilla prometió unos recortes y todavía no se han concretado con cifras exactas del avance.
De acuerdo con el analista, flexibilizar la regla fiscal también abre una posibilidad fuerte de que se tenga que hacer indiscutiblemente una reforma tributaria para cubrir esos aumentos del gasto público en el corto plazo.
“Este gobierno de Duque hace todo lo que criticó del de Santos al mantener unas finanzas públicas con mayor deuda y este es un problema, porque la gente tiene que entender que flexibilizar la regla fiscal es autorizarle mayor deuda al Gobierno lo cual representa más impuestos del mañana. Por eso, lo que también está en juego es una reforma tributaria cada más apremiante e ineludible que golpea aún más el bolsillo de los ciudadanos luego de una ley de financiamiento”, explicó Acosta.
De acuerdo con los analistas, la posible modificación de la regla fiscal también puede tener unas implicaciones con las calificadoras de riesgo, teniendo en cuenta que las mismas siempre están midiendo el grado de cumplimiento de la regla por parte de los Gobiernos.
Para el decano de la Universidad Central, más que cumplir con la regla fiscal en este año también se debe pensar en el cumplimiento de esta a futuro con las medidas económicas y proyectos que se piensen desarrollar.
“Las calificadoras de riesgo no están interesadas en un argumento ni del por qué se flexibiliza la regla fiscal, sino el hecho de que se de esa modificación. Tenemos que entender que este tipo de organismos no son conscientes o no necesariamente están buscando generar consciencia sobre la crisis migratoria como la que estamos viviendo. Lo que les interesa es ver si Colombia tiene la capacidad de pagar sus obligaciones en algún momento o no”, señaló Behar.
Por su parte, José Roberto Acosta indicó que la crisis migratoria no es un argumento sólido, mucho más para las calificadoras de riesgo, porque en el país se ha tenido un desbalance fiscal desde mucho antes y unas finanzas públicas que vienen teniendo unos problemas estructurales que van más allá del choque demográfico que ha representado la migración venezolana.
“Creo que el gobierno y otros sectores se están pegando de este tema para incumplir la disciplina fiscal que ha caracterizado al país y si siguen justificando eso con la migración venezolana, en los próximos años nos podrán salir con otro argumento en donde los colombianos tendremos que pagar por cuenta de una mala calificación de los mercados internacionales”, indicó Acosta.
De acuerdo con el analista, la indisciplina fiscal puede pasarle una cuenta de cobro al país y resaltó que las calificadoras de riesgo ya vienen alertando sobre el posible inclumplimiento de Colombia en materia de la regla fiscal.
“La gran consecuencia es que esto es una mala señal para los mercados internacionales y ya Fitch Rating criticó hace un mes la ley de financiamiento y Standard & Poor’s nos tiene en una perspectiva negativa y por eso creo que romper la regla fiscal no será bien visto por las calificadoras. No creo que perdamos el grado de inversión, pero si estaremos en un escenario complejo de poder perderlo”, resaltó Acosta.
Finalmente, el director de Fedesarrollo señaló que una discusión importante que debe darse sobre este planteamiento es hasta qué año se debería flexibilizar la regla, porque “si bien el impacto de la migración venezolana es transitorio, pues tampoco es razonable que la flexibilización se dé solo este año, porque seguramente este impacto se extenderá al 2020 y no sabemos si alcance el 2021”.
El próximo martes se reunirá en el Ministerio de Hacienda el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, que está compuesto por varios sectores académicos e independientes para analizar la posibilidad de hacer una flexibilización de los compromisos que se tienen en materia de reducción del déficit fiscal en el país.
El Comité está integrado por tres decanos de las facultades de economía de diferentes universidades del país, dos consultores de reconocida trayectoria, dos investigadores de reconocidos centros de investigación y dos presidentes de las Comisiones Económicas del Congreso de la República.