Ya entró en vigencia la resolución del Ministerio de Salud que reguló los precios de 902 presentaciones comerciales (medicamentos y tecnologías) en el país, aprobada por el anterior ministro de Salud, el 18 de junio de 2018, y revalidada por el actual, Juan Pablo Uribe. Esta decisión representará, estima el Ministerio, un ahorro de $360 mil millones anuales para los usuarios.
Aunque el ministro Uribe firmó este documento el 3 de diciembre pasado, el cual indicaba que esta regulación se haría efectiva desde ayer, en el caso de algunas pastillas anticonceptivas, como las Yasminiq, su precio se redujo desde mediados de diciembre. Según consultó COLPRENSA, como ejemplo para entender la situación, bajaron de $58 mil, en promedio, a $25 mil.
Consultando en siete farmacias indicaron que “esas pastillas entraron a regulación, por lo que están llegando a menor precio”.
¿De dónde viene?
Hay que recordar que no es una medida nueva. El Ministerio de Salud, desde 2013, dio inicio a este tipo de políticas, que se construyen con base a la comparación de precios entre 17 naciones, con condiciones económicas y sociales similares, que sirven de referencia al país.
Para entender cómo está la situación de tarifas en algunos de esos países, revisamos los costos de las Yasminiq, en moneda colombiana, en Argentina (40 mil pesos) , Ecuador ( 24 mil pesos) y Perú ( 10 mil pesos). Todos muy distintos, pero definitivamente con un costo menor al de las pastillas en Colombia.
Efectos
Ahora, con los nuevos precios, más bajos, el exviceministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, señala que “es un logro importante porque ese rubro afecta a toda la población, en especial a las mujeres y además ayuda las políticas de reducción del embarazo adolescente al mejorar el acceso a métodos anticonceptivos”.
En el Ministerio destacaron que de esta forma, “el Gobierno legitima esta herramienta de control y ratifica su compromiso en mejorar el acceso a la salud, alcanzar mejores resultados clínicos y buscar la equidad”.
Esta premisa también la plantea Claudia Vaca, docente de Farmacéutica de la U. Nacional, quien señala que es un camino a la equidad, pues al reducir los precios, se amplía el acceso a estos.
Pulso diplomático
Vale la pena recordar que no ha sido una tarea fácil, pues desde que el Gobierno anunció esta medida, las farmacéuticas presionaron para que esta decisión se cayera.
Y el año pasado, la Embajada de EE.UU. y el Consejo de Empresas Americanas (CEA) enviaron comunicaciones al despacho del entonces ministro Gaviria, en las que señalaban que esto iba en contra vía de la misión de “fortalecer las relaciones comerciales”. Quien firmó la carta es Ellen Lenny-Pessagno, consejera de la Embajada.
En el mismo oficio, Ricardo Triana Soto, director del Consejo, le recodaba al ministro que “las empresas del CEA contribuyen al 7,1% del PIB en Colombia”, como una manera de presionar la decisión.
De acuerdo con Jaime Arias, exministro de Salud, “este no fue el primero ni será el último intento por frenar este tipo de acciones adoptadas para favorecer el acceso a determinados medicamentos” y recordó que, por ejemplo, en 2016, Novartis le midió el pulso al Ministerio por la decisión de controlar precios a Imatinib –para tratar leucemia y otros tipos de cáncer–. “Buscamos de forma activa una discusión en torno a nuestra patente”, dijo Novartis, a lo que Gaviria, en ese momento, respondió que estos líos, que llegan a tener corte diplomático, se enfrentan “con herramientas de nuestra legislación y acuerdos internacionales”.
El analista internacional y docente de la U. de Los Andes, Alfredo Rey, sostiene que estos choques se resuelven de una manera sencilla: “demostrando que las decisiones se toman, desde el Gobierno, amparado en la normatividad”.