La Procuraduría General de la Nación informó hoy de que ha abierto una investigación disciplinaria contra el español Edmundo Rodríguez Sobrino como supuesto responsable de contratos "ficticios" entre las empresas Inassa y Recaudos y Tributos y de manejos "fradulentos" de subsidios sociales del Estado para tarifas del agua de Barranquilla.
Rodríguez Sobrino, que está procesado en España, fue administrador en Latinoamérica de los negocios de la empresa pública de aguas de Madrid Canal de Isabel II, a la que pertenece la colombiana Inassa como filial.
En rueda de prensa en Madrid, el procurador general, Fernando Carrillo, dijo hoy que "todos los hechos" indicarían que Rodríguez Sobrino ha sido el "determinador" de esas presuntas irregularidades, a quien se comenzó a investigar por unos "contratos de asistencia técnica".
"Hemos descubierto los mecanismos a través de los cuáles muchos de los recursos recaudados a los ciudadanos de Barranquilla (Colombia) se convirtieron en una vena rota de esa empresa. Gracias a las intervenciones y las investigaciones descubrimos contratos de asistencia técnica que eran falsos por más de 80 millones de dólares", explicó Carrillo a la prensa.
La "única noticia buena", anunció, es que la dirección de Inassa ha propuesto a la Procuraduría General la "devolución de buena parte" de los fondos y patrimonio públicos, y se dialoga para ver cómo se puede producir esa reparación.
El procurador se reunió en Madrid con la Fiscalía y jueces de la Audiencia Nacional de España que investigan supuestas irregularidades cometidas en el Canal de Isabel II y la compra de empresas como la colombiana Inassa.
Adelantó Carrillo que la fiscal general española y el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso se desplazarán a Colombia el último fin de semana de octubre para suscribir convenios de cooperación, de los que es parte la Procuraduría General.
"Cada vez que venimos acá (España), regresamos con nueva información y con la gran disposición de las autoridades españolas para ayudarnos a perfeccionar la investigación disciplinaria (...) Nos está ayudando la Audiencia Nacional y la Fiscalía española", dijo Carrillo.
Directivos de #Inassa se acercaron a la @PGN_COL para iniciar un diálogo y establecer montos de reparación por el daño y la indemnización al Estado colombiano, por contratos falsos de asistencia técnica a @SomosTripleA que superan los U$80 millones de dólares: @fcarrilloflorez pic.twitter.com/HJ9T2WsQGr
— Procuraduría Colombia (@PGN_COL) 27 de septiembre de 2018
