La Sala de Instrucción N. 3 de la Corte Suprema de Justicia negó en segunda instancia la recusación que interpuso el senador Álvaro Uribe Vélez en contra de los magistrados José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández y Fernando Castro, quienes adelantan una investigación en su contra por presunto fraude procesal y sobornos, relacionados con una supuesta manipulación de testigos.
Según la providencia de los magistrados José Francisco Acuña Vizcaya, Eugenio Fernández Carlier y Patricia Salazar Cuéllar, se declararon infundados los argumentos de la defensa del líder del Centro Democrático y se ratificó la competencia de sus pares para seguir adelantando el proceso judicial ante supuestas presiones indebidas en contra de Juan Guillermo Monsalve para que cambiara su testimonio en el caso por presuntas relaciones con grupos armados ilegales contra su hermano Santiago Uribe Vélez.
En principio, cuando el alto tribunal llamó a indagatoria a los congresistas Álvaro Uribe y Álvaro Hernán Prada, sus audiencias fueron programadas, en su orden, para el 3 y 4 de septiembre, pero ante la incertidumbre por la decisión que iban a tomar los magistrados de la Sala N. 3 se decidió aplazar los procedimientos.
Ahora los magistrados Barceló, Hernández y Castro deberán resolver la solicitud de nulidad que interpuso la defensa del parlamentario Prada y, una vez resuelta, se decidirá si procede o no reprogramar los llamados a indagatoria y además decidir si el senador Iván Cepeda es aceptado como tercero interviniente en el proceso judicial.
Cepeda fundamenta su solicitud porque considera que la supuesta manipulación de testigos se hizo con el fin sustentar la acusación en su contra por presiones ilegales en contra de testigos para que acusarán al expresidente y su hermano.
Providencia de @CorteSupremaJ reactiva investigación por soborno y fraude procesal contra congresistas @AlvaroUribeVel y @ALVAROHPRADA. Sala de Instrucción 3 de #SalaPenal declaró infundada recusación a magistrados de Sala de Instrucción 2; les ratificó competencia para actuar.
— Corte Suprema de Jus (@CorteSupremaJ) 4 de septiembre de 2018
El pasado 27 de agosto, cuando los magistrado negaron la recusación, Uribe Vélez informó por medio de redes sociales que iba a desistir del recurso, sin embargo, pasaron los días y al alto tribunal no llegó ninguna comunicación oficial al respecto.
Así mismo, el pasado 3 de agosto, Víctor Mosquera, abogado en escenarios internacionales del senador Uribe Vélez, solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que desde allí se supervise el proceso judicial que se abrió en la Corte Suprema.
"Solicitamos se aplique la ley en estricto sentido, que quienes desarrollen las actuaciones sean competentes, independientes e imparciales; que se refuercen las garantías judiciales que están internacionalmente reconocidas en los tratados de derechos humanos suscritos por Colombia. Queremos que observadores internacionales evalúen el proceso, el presidente Uribe quiere estar dentro de este proceso, quiere debatir, demostrar su inocencia", aseguró Mosquera.
Así mismo, el defensor explicó que el caso debería ser competencia de la nueva Sala de Instrucción y no de la Sala de Casación Penal del alto tribunal, que en este caso fue la que convocó al senador y al representante Prada para que respondan por presunta manipulación de testigos.
El proceso en contra del expresidente comenzó el pasado 16 de febrero. Ese día, el alto tribunal anunció su decisión de archivar la indagación preliminar que se abrió luego de la denuncia que el exmandatario instauró contra el senador Iván Cepeda, por presunta manipulación de testigos, hecho sobre el que no se encontró evidencia suficiente. Sin embargo, la Corte sí halló mérito para remitir copias con el fin de determinar si el senador del Centro Democrático habría incurrido en el mismo delito que denunció.
“Dado que en la aludida investigación se advirtió la existencia de amenazas y posibles ofrecimientos –al parecer con la participación de terceros– orientados a incidir en las declaraciones de varios de los testigos que comparecieron a declarar en dicho asunto y en otros, tramitados ante diferentes autoridades por los mismos hechos, la Sala ordenó expedir copias para investigar la posible participación del doctor Álvaro Uribe Vélez”, expresa la Corte Suprema en el auto con el que llama a indagatoria al expresidente.
El contexto hacía pensar que el proceso terminaba ahí, en lo que tenía que ver con la Corte, pero la defensa del expresidente apeló la decisión y además el alto tribunal recibió información que desde mediados de febrero habrían aumentado las presiones en contra de Juan Guillermo Monsalve.
Desde ese momento, el alto tribunal decidió abrir una nueva línea de investigación en la que se recopiló evidencia sobre los contactos con Monsalve. “Como reacción a esa providencia judicial y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos”, dice la Corte en el llamado a indagatoria.
La primera decisión que se tomó fue aumentar la seguridad de Monsalve en la cárcel La Picota de Bogotá, donde comenzó a ser vigilado las 24 horas del día y se le adaptó una cocina en su celda para que él mismo cocinara sus alimentos, luego de que se frustrara un intento de envenenamiento. También se decidió adaptar elementos de grabación de audio y video en la prisión, para registrar las actividades relacionadas con Monsalve, incluyendo hasta un reloj que grababa audio y video.
El 21 de febrero la Corte recibió por parte de Reinaldo Villalba, abogado de Iván Cepeda, información sobre contactos con Monsalve a través de un conocido, quien le habría manifestado que un miembro del partido Centro Democrático (CD) en el departamento del Huila, quien al parecer era Álvaro Hernán Prada, quería contactarlo para que supuestamente se retractara en su versión.
“Lo abordó y le pidió que tramitara –con él– un video en el que se retractara de sus testimonios y culpara a Cepeda de haberle ofrecido prebendas para rendir declaraciones, que dicho video tenía que ser radicado con urgencia, el viernes. Agrega el interlocutor que le habían dicho que le iban a mandar un abogado”, dijo Carlos Eduardo López Callejas, quien era conocido de Monsalve.
Según la evidencia recopilada por la Corte, por esos días el abogado Diego Cadena asistió a la cárcel La Picota, entre el 21 y 22 de febrero, para visitar a Monsalve, acción que se habría facilitado por intermedio de Eduardo Pardo Hasche, otro prisionero recluido en el penal.
El alto tribunal agrega que el 22 de febrero Cadena visitó a Hasche y al mismo tiempo asistieron al penal el abogado Jaime Lombana y la mamá de su novia, María Mercedes Williamson de Londoño, quien es familiar del recluso. Ellos se habrían reunido en un comedor; se sentaron en una de las mesas Lombana, Williamson y Hasche, mientras que en otra, ubicada a poca distancia, se ubicaron Monsalve, su abogado Héctor Romero y Cadena.
“En desarrollo de la conversación el abogado Cadena le manifestó a Monsalve actuar en nombre de Álvaro Uribe Vélez y le pidió firmar un documento previamente elaborado con el fin de presentarlo con el recurso de reposición interpuesto contra la decisión del 16 de febrero, cuyo término para sustentar se vencía al día siguiente, esto es el 23 (febrero)”, dice el auto de la Corte.
A cambio de dichos documentos, agrega el tribunal, Cadena le habría ofrecido sus servicios para presentar una acción de revisión a la condena que paga en prisión, sin costo alguno, además de gestionar beneficios carcelarios y en eso habría intervenido Hasche para que aceptara. Al parecer, Monsalve se negó porque no quería que le iniciaran un nuevo proceso por falso testimonio, que a la postre terminaría por aumentarle la pena a 35 años que paga en la actualidad por los delitos por concierto para delinquir y secuestro.
Sin embargo, Cadena lo visitó en dos ocasiones más en las que se habría acordado realizar un documento de puño y letra de Monsalve ofreciendo disculpas a Uribe y retractándose –según dice la Corte– de la siguiente manera: “Fui víctima de una falsa ilusión ofrecida por ese senador (Cepeda), gestiones de las cuales el abogado Cadena, informó de inmediato al senador Uribe Vélez”.
Dicho documento se habría escrito con asesoría de Pardo Hasche, con la intención de hacerlo llegar al abogado Cadena por intermedio de la pareja de Monsalve, Deyanira Gómez Sarmiento. Para ello se concertó una reunión en el centro de Bogotá el pasado 5 de abril, reunión sobre la que hay grabaciones, en la cual por alguna razón no se entregó el escrito.
Así mismo, la Corte dice tener evidencia de que Álvaro Uribe Vélez contactó a personas en el exterior, con el fin de que ellas hablaran con Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra para que hiciera un video hablando a su favor. También habría contactado a personas para que ofrecieran testimonios que desacreditaran la versión de Juan Carlos Meneses, otro testigo en la investigación contra Santiago Uribe.
El alto tribunal explicó que efectivamente la defensa de Uribe presentó solicitudes de anexo de pruebas, videos y cartas, en donde hay personas que afirman que las sindicaciones en contra del expresidente y su hermano corresponden a ofrecimientos hechos por Cepeda, orientados a desvirtuar los señalamientos hechos por el senador en contra del congresista del Polo Democrático. Con estos textos se trataría de desvirtuar los testimonios de Pablo Hernán Sierra García y Juan Guillermo Monsalve.
En el auto del alto tribunal también se afirma que Cadena presentó solicitud de revocar la decisión que archivó la investigación contra Iván Cepeda y dijo actuar en representación de Álvaro Uribe Vélez, sin embargo, no presentó un poder que lo acreditara como tal.
En la investigación también se encontró que Cadena habría contactado a la exfiscal Hilda Jeaneth Niño, detenida por, aparentemente, recibir sobornos de paramilitares investigados en el proceso de Justicia y Paz para que declarara en el juicio contra Santiago Uribe Vélez. “A lo que accedió pidiendo a cambio ayuda para que, en cumplimiento de una acción de tutela ya fallada a su favor, se le fijara un nuevo sitio de reclusión en la Escuela de Caballería”, dice la Corte Suprema de Justicia.
