La paz y la corrupción fueron los temas que marcaron esta campaña presidencial, principalmente en la segunda vuelta, en donde ambos candidatos mostraron sus cartas para avanzar en estos dos aspectos durante los próximos cuatro años de Gobierno.
En esta materia, el país tiene varios retos y ahora el gobierno de Iván Duque deberá sentar unas posturas en temas como la implementación del Acuerdo de paz con las Farc y las negociaciones que se vienen adelantando con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otros.
Y es que el acuerdo ha traído consigo beneficios para el país en materia de seguridad, disminución en el número de víctimas y miembros de la Fuerza Pública heridos en combate, así como la apertura de mayores inversiones en las zonas que estuvieron afectadas por el conflicto armado durante más de 50 años, buscando mejorías sociales y económicas para los habitantes de estas regiones.
El experto en temas de paz y docente universitario Jorge Gaviria Liévano consideró que el nuevo presidente deberá tener como objetivo la paz, fortaleciendo los acuerdos y buscando avanzar en las negociaciones con los grupos armados que aún tienen presencia en varias regiones del país.
“El nuevo gobierno tendrá que continuar con el trabajo de consolidar el propósito nacional de la paz y creo que es importante que haya un gobierno con un esquema democrático y una oposición que tenga legitimidad si queremos avanzar en democracia, porque de otra manera estaríamos llegando a un unanimismo del pensamiento y de las instituciones que trabaría la posibilidad de progresar”, indicó Gaviria.
Otra postura tiene el docente de la Universidad del Rosario Vicente Torrijos, quien indicó que lo que debe primar es el cumplimiento de los acuerdos y de la Constitución por parte del grupo desmovilizado.
“En primer lugar se debe exigir el cumplimiento de la Constitución, porque los acuerdos son importantes pero a mi juicio pasan a un segundo plano en la medida en que, como cualquier otro ciudadano, los miembros de las Farc tienen que sencillamente cumplir con la ley que obviamente está por encima de los acuerdos”, explicó Torrijos.
De acuerdo con el analista, otro de los temas a tratar en el nuevo gobierno es resolver las incógnitas que ha tenido el proceso en aspectos como la verdad, la reparación de las víctimas y la garantía de que no se vaya a presentar la repetición de la violencia.
“Se tienen que resolver las grandes incógnitas que ha tenido el proceso, es decir si realmente las Farc se van a comprometer y van a dar pruebas de que van a reparar a las víctimas, revelarán la verdad, y, lo más importante, que no hayan indicios de repetición con una nueva violencia. Además, se tiene que revisar que este grupo se haya desconectado de las drogas y del narcotráfico y esto es algo que está consignado en los acuerdos, pero que se tiene que constatar con hechos tangibles”, manifestó.
Por su parte, el director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, señaló que lo más importante en el nuevo gobierno es cerrar el ciclo de violencia y esto se da en la medida en que se cumpla con el acuerdo alcanzado con las Farc y buscando la salida negociada con otros grupos subversivos que tienen presencia en el país.
“El peligro es que el nuevo presidente decida revisar el proceso de paz con las Farc y con eso se podría presentar un fracaso del acuerdo, y lo otro es que se levante la mesa con el ELN, lo que traería un nuevo ciclo de violencia que sería muy negativo para el país”, indicó Valencia.
Bajo esa misma línea está Gaviria, quien manifestó que el nuevo presidente debe continuar con los esfuerzos de alcanzar la paz como se ha venido haciendo en los últimos años.
“El nuevo mandatario debe seguir por esa senda con el grupo que aún está en armas como lo es el ELN porque si hacemos un balance de los beneficios que ha traído la paz en el país como disminución en el número de víctimas y muertos durante los últimos años, podríamos entender que un acuerdo con ese grupo sería muy bueno para la gobernabilidad nacional”, resaltó Liévano.
De acuerdo con Valencia, otro de los focos en los que se debe concentrar el nuevo mandatario es enfrentar el crimen organizado que se ha apoderado de varias regiones del país y que basan su economía a partir del narcotráfico y los negocios ilegales.
“Creo que para enfrentar el crimen organizado la mejor salida es el sometimiento a la justicia, por lo que se tiene que combinar esa idea y la persecución a fondo, y esto representa una tarea más difícil para el Estado, ya que se necesita romper los nexos que tienen los políticos y algunos miembros de la fuerza pública con esos actores criminales, porque lo que hace que esos grupos persistan es la vinculación con estos dos sectores”, explicó Valencia.
Sin embargo, un tema que ha sido controversial es la posibilidad de realizar modificaciones a los acuerdos de paz con las Farc. Frente a ese escenario el director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, Kenneth Burbano, indicó que es difícil realizar esas pretensiones por varios factores.
“Lo primero que hay que tener en cuenta es que los acuerdos de paz se hicieron con una parte que ya no está alzada en armas, porque muchos de esos exguerrilleros ya están en la vida civil y por tanto la posibilidad de modificar los acuerdos de paz, en el terreno fáctico, en realidad es imposible. Jurídicamente también lo es, porque sería regresar a una situación de negociación que ya fue definida con una organización armada que hoy ya no existe”, indicó Burbano.
En ese sentido, el constitucionalista indicó que son casi nulas las posibilidades de renegociar el acuerdo, sin embargo aclaró que el nuevo presidente no puede generar un proceso regresivo en materia de protección de derechos humanos ni destruir el acuerdo de paz, pero sí podría tomar decisiones en cuanto a la implementación.
“Lo que podría hacer es tomar medidas para que el proceso de implementación se realice de la mejor manera. Es decir, mantener el acuerdo y si se pretenden hacer algunas modificaciones, sería solo en la implementación en aras de la progresividad del proceso y no generando retrocesos”, explicó.
Frente a este tema, Valencia resaltó que el nuevo gobierno tiene dos caminos: continuar con lo que se ha venido haciendo con el acuerdo de paz o negarlo y revisarlo para empezar a hacer modificaciones.
“Eso es una decisión difícil que tendrá el nuevo mandatario porque se vienen algunos detalles como la extradición de Santrich, la implementación de la JEP y la Comisión de la verdad. Un tercer aspecto está en aceptar la presencia de las Farc en el Congreso y esto lo podremos ver en los primeros meses en donde el país sabrá qué camino va tomar el nuevo gobierno”, indicó.
CORRUPCIÓN
La corrupción ha sido uno de los temas de debate por los principales escándalos que se han registrado en el país como Odebrecht, Reficar, desfalcos y carteles que se han destapado en los últimos años y que han involucrado a todas las ramas del poder.
La politóloga y experta en temas de corrupción de la Universidad Pontificia Bolivariana, Beatriz Eugenia Campillo, indicó que el próximo gobierno deberá enfocarse en combatir este tema que ya ha llenado la copa de los colombianos, haciendo que la institucionalidad esté pasando por una grave crisis de credibilidad.
“La corrupción no puede reducirse al tema del mal manejo de los dineros públicos, es cierto que ese es uno de sus focos ligados a irregularidades en contratación, gastos innecesarios, tráfico de influencias y un largo etc. Pero también es corrupción el desprecio por la norma, el querer acomodar el orden jurídico para privilegiar intereses particulares”, explicó Campillo.
Por su parte, Kenneth Burbano indicó que el país cuenta con un abanico normativo para combatir la corrupción y por lo tanto lo importante es hacer cumplir las normas, en donde el Ejecutivo tiene que ser ejemplarizante.
“A Colombia no le hacen falta normas ni leyes para combatir la corrupción porque ya tenemos todo un acumulado en el Código Penal y en las instituciones y lo que se tiene que hacer es que los procedimientos que surjan en el Ejecutivo sean ejemplarizantes en esta materia”, manifestó Burbano.
Con esa postura concuerda Campillo, quien consideró que “probablemente no necesitemos más normas contra la corrupción, tal vez lo que nos urge sea empezar a cumplir las que tenemos y eso implica despolitizar la justicia, tener garantías para denunciar y por supuesto contar con la aplicación efectiva de penas para quienes hayan incurrido en algún delito”.
En ese sentido, Burbano señaló que se debe optar por cargos meritocráticos, realizar la distribución de los recursos del Estado de forma controlada evitando su despilfarro y para eso “las acciones tienen que ser ejemplarizantes empezando por el presidente”.
Ante ese escenario, la docente de la Pontificia Bolivariana indicó que “el presidente no solo es nuestra imagen en el exterior, también debe ser un modelo para la ciudadanía. Es necesario recuperar la confianza en las instituciones, su sentido de autoridad. Tenemos que superar una era donde la palabra ‘mermelada’ se convirtió en parte natural del léxico de los colombianos”.
