“Si no se revoca la justicia de Santos, narco FARC y otros, se recomienda el exilio”, escribió el expresidente Álvaro Uribe en su cuenta de Twitter, tras conocerse que varios de sus exfuncionarios están dispuestos a someterse a la Justicia Especial para la Paz, JEP.
Si no se revoca la justicia de Santos, narco Farc y otros, se recomienda el exilio
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 7 de abril de 2017
Desde el anuncio de la creación de esa jurisdicción especial, al expresidente no le gustó la idea. Durante su trámite en el Congreso también la rechazó, alegando impunidad y que su diseño era para beneficio de las FARC, y hoy, ese rechazo sigue intacto, incluso, parece más fuerte.
Mientras tanto, el Gobierno la defiende, no solo diciendo que no será una “cacería de brujas”, sino argumentando, por ejemplo, que sus beneficios cobijarán a los miembros de las FARC que dejen las armas y también a los agentes del Estado, incluyendo funcionarios públicos que hayan tenido relación con delitos en el marco del conflicto armado.
Pero aun así, se ha advertido desde el principio que la aplicación de esta jurisdicción no será fácil, incluso, lo ha dicho el mismo presidente de la República, Juan Manuel Santos.
Su declaración más reciente al respecto, se dio de cara a la creación de los otros dos órganos que componen el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, del que hace parte la JEP: la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos.
“Yo sé que eso no les gusta a ciertos sectores que pretenden que el proceso se limite tan solo al desarme de las FARC, precisamente porque no quieren reconocer responsabilidad. También se han opuesto rabiosamente a la Jurisdicción Especial para la Paz, porque le tienen miedo a la verdad”, dijo el mandatario.
EL ACCIONAR DE LA JEP
Los colombianos están acostumbrados a relacionar –sea verdad o no-, temas jurídicos con políticos, y aunque no se ha conformado aún la JEP y todavía falta que se tramite la ley estatutaria que la reglamentará, ya se va divisando cómo será la coyuntura sobre la que funcionará para cumplir la transición a la construcción de paz.
“Lo que hace el escenario muy complejo a diferencia de otros casos como Sudáfrica, como Perú, es que en su momento, cuando estaban funcionando los sistemas de justicia transicional, había ciertos consensos en que avanzaran y en que los resultados todo el mundo los tenía que acatar. Aquí ese Sistema de Justicia Transicional va a operar en un prospecto de rechazo político de un sector muy importante y eso sin duda va a dificultar el avance de la Jurisdicción. Ese va a ser un escenario muy complejo”, dice el profesor Jorge Iván Cuervo, del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Universidad Externado de Colombia.
Por eso, advierte que habrá dos momentos importantes, que deberán hacerse con cuidado para mantener la legitimidad del Tribunal: El primero, tiene que ver con la composición de la JEP, y el segundo, el establecimiento de los procedimientos para tomar las decisiones.
Sobre el primero, la responsabilidad será del Comité de Escogencia, que es conformado por los delegados del Secretario General de las Naciones Unidas, Diego García Sayán; de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, José Francisco Acuña; del Centro Internacional de Justicia Transicional de la Corte Europea de Derechos Humanos, Juan Méndez; y de la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado, Claudia Vaca.
Ellos no solo definirán los magistrados de la JEP, sino también, en un plazo de seis meses los de la Comisión de la Verdad.
“Me parece que ahí va a haber un debate enorme porque algunos nombres van a ser rechazados. El caso es que por ejemplo Naciones Unidas y los organismos internacionales van a tener que ser muy claros para que no queden dudas sobre la composición tanto equilibrada como autónoma e independiente”, dice Cuervo.
Y el segundo aspecto es la ley que se deberá tramitar en el Congreso de la República, y que irá por el procedimiento legislativo abreviado, ‘Fast Track’.
“Habrá discusión sobre los procedimientos en sí, sobre cuáles van a ser los criterios, por ejemplo, para determinar la conexidad de un delito en relación con el conflicto y la determinación de si tiene competencia o no. Va a ser muy álgida la discusión”, dijo.
¿Y URIBE?
Lo curioso es que en medio de la aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz, y de todo ese debate político que parece, estará permanente, caen como agua fría para el expresidente Álvaro Uribe las intenciones de sometimiento al tribunal del exministro de Protección Social Diego Palacio, del exsecretario de la Presidencia Alberto Velásquez, y del exministro del Interior Sabas Pretelt, todos condenados por la denominada 'Yidis-política'.
Para Cuervo, su intención demuestra dos cosas: la primera, que reconocen que hubo conflicto armado porque de él se origina la negociación, y la segunda, no dudan por completo de la legitimidad del tribunal “de las FARC”, según lo dicho por Uribe.
“Y me parece, por ejemplo, que si con los militares se llega a dar fallos de libertades anticipadas, como lo prevé el mecanismo, y empieza a haber cierta conformidad en sectores militares, entonces es posible que el expresidente Uribe se pueda ir quedando solo en el discurso de atacar un tema que puede, incluso, entregarle alternativas a quienes han sido sus aliados, y esa sería una paradoja”, dice.
Y en eso coinciden analistas como John Mario González, para quien es posible que esta ventana de oportunidad que se abre para los exfuncionarios les obligue a dar versiones distintas a las hasta ahora manejadas, y que el expresidente Álvaro Uribe se llegue a ver afectado.
“Yo creo que políticamente la Justicia Especial para la Paz puede terminar convirtiéndose en una cuña que apriete de manera muy dura al expresidente Álvaro Uribe, y ser una de las piezas que le dificulten a él su accionar político”, afirma.
Por ello, considera González, puede estar inquieto, aún más con la salida en falso del secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, por sus comentarios –que dice fueron malinterpretados-, respecto a la aceptación del delito de cohecho por parte de Diego Palacio.
La reacción del expresidente fue inmediata, y con la carta de Palacio en mano, aseguró y reiteró que él no aceptó ningún delito y así es, pues el exministro fue sumamente cuidadoso para argumentar por qué la Jurisdicción Especial para la Paz puede revisar su caso.
Palacio se basó en todo lo dicho por la Corte Suprema de Justicia, e hizo énfasis en la conexión que habría entre el delito que le endilgan, por comprar votos de congresistas para admitir la reelección del expresidente Uribe, con el objetivo de lograr que continuara la seguridad democrática, que era la base de la campaña y con la cual se pretendía acabar con las guerrillas y el narcotráfico.
Una polémica que parece ser el principio de muchas sin que aún se haya hecho la primera investigación. Pero a medida que avance, como dice el profesor de la maestría Marketing Político de la Universidad Externado, Carlos Arias, es posible que ponga una sombra en el uribismo y que ponga en riesgo de ese “efecto teflón” que ha evitado que Uribe se vea mal ante gran parte del país.
“El llamado efecto teflón significa que a Uribe no se le "pega" nada de lo que le pasa a sus más cercanos colaboradores”, dice Arias.
Sin embargo, advierte que “la salida del Secretario Ejecutivo deja un velo de politización en la confidencialidad que desarrolle la JEP en otros casos. Por eso es que la gente, sin haber empezado, ya tiene mucha desconfianza”.
Así pues, con este panorama empieza a escribirse la historia de la Jurisdicción Especial para la Paz, que todavía se está construyendo.
