La propuesta de extender o modificar el calendario de la dejación de armas ha tomado eco. Primero se conoció por una carta del jefe de la Misión de la ONU en Colombia Jean Arnault, pero antes -el 2 de febrero-, el Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación ya había puesto sobre la mesa esa propuesta.
Las Farc se sumaron al planteamiento y han dicho que evaluando los avances en las zonas es necesario hacer un ajuste en el calendario, y ese mensaje lo replica hoy el jefe máximo de las Farc, Rodrigo Londoño alias Timochenko.
“El sentido común indica que la dejación de armas debe iniciarse cuando estén listos los Puntos y Zonas Veredales Transitorias de Normalización. Así dice el Acuerdo. #LasFARCCumplen”, escribió en Twitter.
Pero la respuesta del Gobierno Nacional ha sido clara, primero porque dicen que la dejación no está sujeta a la adecuación de las zonas y segundo porque afirman que el cronograma se mantiene como se acordó en el Yarí, en donde volvieron a ratificar que serían 180 días con estas fechas: el primero de marzo se entregaría el primer 30 % de las armas, el primero de mayo otro 30 % y para que el primero de junio se entregaría el 40 % restante.
Para el Gobierno, como lo explicó este martes el alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, hay que trabajar teniendo en cuenta que hubo una demora, es “cómo los compromisos que ya se debían haber cumplido, se cumplen”.
La discusión de ese cumplimiento se da ahora en el marco de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación, pero eso no evitó que las reacciones alrededor de esa propuesta se dieran.
Por ejemplo, Roy Barreras y Armando Benedetti, ambos del mismo partido y quienes apoyan el proceso de paz, cuentan con visiones completamente diferentes.
“Proponer aplazar cronograma de dejación de armas es inoportuna, peligrosa y tan desestabilizadora como proponer aplazar la Jurisdicción Especial de Paz”, escribió en Twitter Barreras, quien además fue plenipotenciario del Gobierno en La Habana.
Para Armando Benedetti “Cualquier cosa que se tenga que hacer para mejorar el acuerdo, para que realmente se entreguen las armas, se debe hacer. Si es necesario cambiar o reprogramar, ese es un tema menor”.
Y es esta última posición es la que comparten analistas como Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia.
“Hay una verdad y es que el Gobierno se colgó en las zonas, es una realidad que está ahí, eso ha tenido efecto sobre la Misión de Naciones Unidas y la localización de la gente de las Farc. Yo creo que por ajustar uno o dos meses no pasa nada. Esos son más formalidades”.
Para este experto, “en realidad eso no tendría ninguna consecuencia”, pero considera que lo que el Gobierno teme es el reclamo desde los medios de comunicación y las afirmaciones que podrían hacer los sectores que no apoyan el proceso como por ejemplo “que digan que ya no van a entregar las armas”.
En esa misma línea también va la opinión del analista John Mario González quien señala estos aspectos como características procedimentales que se presentan en cualquier parte del mundo en donde se adelante un proceso de paz de tanta complejidad.
“La oposición al proceso y algunos escépticos se han concentrado en los últimos días y las últimas semanas en las demoras logísticas, en todos esos temas que a mi modo de ver son temas procedimentales, y pueden tener una consecuencia en cuanto a que le resta credibilidad al Gobierno o credibilidad al cumplimiento de todo el acuerdo de paz. Pero que se retrase un mes o seis semanas la adecuación de los lugares y toda la entrega de armas me parece que no tiene una consecuencia mayúscula”, dice.
Por tanto, también cree que son “muy pocas” las consecuencias de ese cambio que afectarían más que nada la credibilidad, pues fue el mismo presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien afirmó que el 1 de junio ya estarían todas las armas de las Farc en poder de las Naciones Unidas.
Aunque sí advierte que: “lo que sí puede tener una consecuencia es la sumatoria de estos retrasos con la implementación en el Congreso de la República, en todos los temas jurídicos y en el arranque del punto 1 y del punto 3, me refiero al tema agrario y a la sustitución de cultivos ilícitos”.
Pero finalmente será la Comisión de Seguimiento a los acuerdos la que tome la decisión de seguir adelante con las fechas pactadas o no. Esta comisión está compuesta por Victoria Sandino, Jesús Santrich e Iván Márquez en nombre de las Farc y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el alto comisionado Sergio Jaramillo y el alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, en nombre del Gobierno.
