El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla salvó, en primera instancia, a la Nación de pagar un monto de 2.9 billones de pesos en el marco de una acción popular que se presentó por la ruptura del Canal del Dique, provocando inundaciones en el Atlántico en la ola invernal del 2010 y el 2011.
La ruptura sucedió altura del municipio de Santa Lucía el día 30 de noviembre de 2010, causando la inundación de los municipios del departamento del sur del Atlántico como Santa Lucía, Campo de la Cruz, Repelón, Manatí, Candelaria, Suan y Sabanalarga, con los correspondientes corregimientos.
Este hecho derivó en una acción de grupo que se interpuso contra el Estado colombiano para solicitar una indemnización y para declarar administrativamente responsables a diferentes entidades nacionales y territoriales como el Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vías (Invias), Ministerio del Interior y de Justicia, Departamento del Atlántico, Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena (Cormagdalena), Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), entre otros.
La demanda buscaba demostrar la responsabilidad del Estado por los daños causados, derivados de una supuesta omisión de estas entidades al no haber desplegado las medidas administrativas suficientes y oportunas para evitar lo que pasó.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado argumentó que en este caso hubo que la imprevisibilidad y que todo se derivó por el fenómeno de “La Niña”, que ese año no tuvo precedentes en la historia del país, pues superó todo registro histórico de precipitación, conforme lo demuestran los informes técnicos aportados por el IDEAM, y que además suscitaron incidentes de calamidad a nivel nacional.
El Juez le dio la razón a la Agencia al señalar que la causa de la inundación fue generada por un fenómeno natural sin precedentes.
