Luego del escándalo nacional que generó el engaño con alimentos a cientos de niños de un colegio de Aguachica, Cesar, la Contraloría General de la República (CGR) inició las primeras acciones fiscales en contra de los responsables en siete departamentos de la Costa Atlántica.
El organismo de control fiscal abrió el primer proceso de responsabilidad fiscal por 1.614 millones de pesos contra del exalcalde de Uribe (La Guajira) Abel José Giacometto Fominaya; la exsecretaria de Educación Municipal, Zuleima Moscote Redondo, y once Asociaciones de Autoridades Tradicionales Wayúu.La CGR encontró posibles sobrecostos y el indebido pago de costos operativos en la ejecución de los contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) suscritos en las vigencias 2014 y 2015.
El organismo de control fiscal detectó “serias inconsistencias” en la ejecución de los contratos, por lo que inició una Actuación Especial de Fiscalización sobre los PAE en los siete departamentos de la Región Caribe que se financian con recursos del Sistema General de Participaciones y otros del orden nacional.La Delegada de la Contraloría para el Sector Social basó el origen de este proceso de responsabilidad fiscal en los siguientes hechos:
1- El municipio de Uribia suscribió durante la vigencia 2014 diferentes convenios con Asociaciones de Autoridades Indígenas y no Indígenas, para el desarrollo de los PAE. Con cada asociación suscribió hasta dos convenios, uno por cada semestre. Sin embargo, del primer semestre al segundo semestre aumentó el valor de la ración por Complemento Alimenticio Jornada Mañana, o desayuno en mínimo 150 pesos por ración, sin que se evidencie justificación técnica de este aumento, ni mejora en la minuta patrón de alimentos a entregar.
Así, en desarrollo de los convenios suscritos para atender la operación del segundo semestre de 2014, el municipio de Uribia con fuente de recursos del Sistema General de Participaciones SGP, reconoce un mayor valor por cada ración, que consolidado asciende a 451 millones 258.896 pesos.
2- El equipo auditor de la CGR encontró que además de los sobrecostos pagados en los convenios suscritos con la Asociación de Proyectos Sociales para el Desarrollo Integral (Asprodein) se pactó el pago de los costos asociados al transporte de los alimentos, que se constituyen en daño patrimonial al Estado y se cuantifican en la suma sin indexar de $629 millones 200 mil pesos.
3- Las mismas irregularidades se presentaron durante la ejecución del programa en la vigencia 2015, en la que el Municipio de Uribia reconoce a los operadores (asociaciones autoridades Wayúu) un mayor valor por cada ración, que consolidado asciende a 534 millones 4612 pesos.
Para la Contraloría, es claro que “en el presente caso se pagó por parte del municipio de Uribia un costo en exceso por cada ración de complemento alimentario dentro de los contratos bajo examen para las vigencias 2014 y 2015, lo cual se constituye en el daño al patrimonio del Estado, materializando la existencia de sobrecostos y pago de costos operativos”.
El contralor General, Edgardo Maya Villazón, informó que este es apenas el primer proceso de responsabilidad fiscal que se inicia en los departamentos de la Costa Atlántica, pero en la medida en que avancen la Actuación Especial de Fiscalización, se iniciarán nuevas acciones de este tipo.
