El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, anunció la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de 12 años al superintendente financiero, Gerardo Alfredo Hernández, por omisión en sus funciones en el caso Interbolsa.
El jefe del Ministerio Público calificó la falta como grave a título de dolo, por no tomar medidas para evitar el descalabro de la comisionista, ni la pérdida de confianza del público, al conocer desde 2011 la posible manipulación de las acciones de Fabricato y la probable manipulación de la liquidez de la especie de BMC.
La decisión de destitución e inhabilidad por el mismo término cobija al superintentendente Delegado para la Supervisión del Riesgo de Mercadeo e Integridad, Diego Herrera Mauricio Falla; y a la superintendente delegada adjunta para la Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercado, Rosita Esther Barrios Figueroa.
De acuerdo con Ordóñez "la omisión de la entidad permitió el descalabro" de Interbolsa pues se conocía desde julio de 2012 las irregularidades que llevaron al incremento ficticio del precio de la acción de Fabricato y, aun así, no se adoptó ninguna medida preventiva para proteger a los inversionistas ni daños de mayor envergadura o que nuevos inversionistas incurrieran en la operación sobre acciones manipuladas, argumentando que supuestamente no existían antecedentes.
"Su función preventiva le permitía actuar oportunamente y no lo hizo. Todo el caudal probatorio imponía al obligación de denunciar con inmediatez la posible materialización del punible de manipulación de precios de Fabricato y hacer lo propio sobre la manipulación de liquidez de la BMC, como Bolsa Mercantil del Colombia", señaló.
De acuerdo con Ordóñez, la denuncia a la Fiscalía en el caso Fabricato sólo se produjo hasta el 14 de noviembre de 2012 y, para la BMC, en enero de 2013.
Esto, se reitera, a pesar que el incremento de la acción de Fabricato, por medio de operaciones ficticias, la llevó en 2011 a ser la más valorizada y a incrementar su valor casi 65 puntos.
"La Superintendencia para julio de 2012 tenía probado que no existía relación alguna entre los activos de Fabricato y el aumento excesivo en el precio de sus acciones, la existencia de múltiples relaciones entre las personas que conformaban el grupo de amigos de Alessandro Corridori y el poder de mercado que estos representaban, la participación accionaria que habían logrado en Fabricato y su posición en la Junta Directiva, además de los esfuerzos para lograr su venta", precisó Ordóñez.
Como esta es una decisión de única instancia, sólo procede un recurso de reposición ante el mismo procurador Ordóñez.
UNA OPERACIÓN PELIGROSA E ILEGAL
De otra parte, la Procuraduría encontró probado que la Comisionista Interbolsa "ejecutó una actividad insegura, ilegal o no autorizada con ocasión en el riesgo asumido por su participación en un negocio que desarrolló por cuenta propia y cuyo riesgo fue transmitido a sus clientes".
Como pruebas de ese riesgo, el Ministerio Público tuvo en cuenta el nivel que alcanzaron los repos intermediarios por Interbolsa, esto es, el límite del número de veces del patrimonio técnico permitido por la Bolsa de Valores de Colombia; la capacidad patrimonial y el historial financiero "del grupo de amigos de Alessandro Corridori" quienes, dijo la Procuraduría, debían honrar el pago de las repos sin que en realidad tuvieran cómo soportar ese pago.
Debido a las pruebas de manipulación de precios de las acciones, el conflicto de interés en el que estaba Interbolsa comisionista "al haber orquestado la operación Fabricato", la Procuraduría sancionó con una suspensión de 10 meses al Superintendente Delegado para Intermediarios de Valores, Luis Fernando Zafra, por no emitir las órdenes necesarias para que Interbolsa "suspendiera de inmediato las prácticas ilegales, inseguras o no autorizadas".
Ahora bien, la Procuraduría archivó la investigación que se adelantaba en contra de Sandra Patricia Perea Díaz, superintendente delegada para Emisores, Portafolios de Inversión y Otros Agentes; así como de Juan Pablo Arango Arango, superintendente delegado adjunto para Supervisión Institucional.
En este caso, Ordóñez explicó que ambos delegados tomaron amplias medidas para superar las irregularidades que fueron encontradas en Interbolsa SAI y que su actuación fue "a todas luces proactiva" porque además tomaron medidas preventivas para reducir los daños por las actuaciones irregulares.
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