El Consejo Superior de la Judicatura sancionó a dos jueces en Córdoba y Cauca por haber otorgado de manera irregular tutelas a extrabajadores de la extinta empresa de telecomunicaciones Telecom, en hechos que configurarían un millonario desfalco.
El primer caso es la destitución por 10 años para ejercer la profesión a la juez promiscua municipal de Moñitos, Córdoba, María Auxiliadora Vergara Arrieta, quien al fallar una tutela en noviembre de 2009 concedió el pago de acreencias laborales a favor de ocho ex empleados de Telecom.
La juez reconoció esos derechos sin tener en cuenta que algunos de los tutelantes ya habían recibido pagos por indemnización, que en muchos de los casos superaron la cifra de los 100 millones de pesos.
“Se trató de un desconocimiento claro de la ley, tornándose en un comportamiento arbitrario e injusto de esta funcionaria, cuando al parecer ni siquiera tenía competencia para conocer y tramitar el asunto”, precisó el presidente de la Sala Disciplinaria, magistrado Wilson Ruiz.
En una segunda decisión, fue sancionada la juez civil municipal de Puerto Tejada, Cauca, Amparo Arévalo Jaramillo, con 12 meses de suspensión en el cargo por haber ordenado en 2008 a un ex trabajador de Telecom un plan de pensión anticipada.
De acuerdo con la Judicatura, esta decisión va en contra de los preceptos constitucionales, ya que el accionante podía acudir a otro mecanismo diferente a la tutela para hacer sus reclamaciones.
“El comportamiento de la funcionaria fue grave porque ocasionó un detrimento importante al patrimonio económico de la nación, pues no es dable que una profesional del derecho (que) desconozca la manera como debe acatarse la normatividad vigente respecto a la procedencia o no de los amparos tutelares”, señaló Ruiz.
El magistrado informó que la investigación por estas irregularidades con fallos que favorecen a ex trabajadores de Telecom continúa con otros funcionarios judiciales.
Esto porque según la queja presentada por la Procuraduría, son “muchas” las providencias de este tipo que se registraron en Córdoba, Antioquia, Bolívar y Sucre.
“Son muchísimas. Son miles de millones de pesos y en la medida que vayamos avanzando se va a ir determinando el monto del desfalco”, precisó el magistrado Ruiz.