Después de que el Congreso aprobara, la noche de este lunes, el proyecto de reforma al Fuero Penal Militar, defensores y detractores de la iniciativa agudizaron sus posturas antes de la etapa de conciliación de textos de Senado y Cámara, en las próximas horas, y antes de que la norma pase a control de la Corte Constitucional.
El primero en referirse al tema fue el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que durante una ceremonia de ascenso de oficiales de la Policía, este martes, agradeció al Congreso por lo que denominó su apoyo “claro y decidido a la Fuerza Pública colombiana”.
“Hemos venido probando una serie de reformas constitucionales y una ley estatutaria que aún está pendiente de una conciliación y, por supuesto, de un examen constitucional, automático, como corresponde en el Estado de Derecho, por parte de nuestra Corte Constitucional”, dijo el Ministro.
Y destacó como “lo más importante” el hecho de que el Legislativo “en mayorías extraordinarias y en debates democráticos extensísimos de más de 14 horas, en los que la misma oposición ha logrado que se aprueben algunas de sus proposiciones, ha venido aprobando una reforma al fuero y a la Justicia Penal Militar y policial”.
Señaló que el hecho es un beneficio para los colombianos, “que tienen en sus Fuerzas Militares y su Policía unas instituciones cuya razón de ser es defenderlos, protegerlos y garantizarles el desarrollo de sus derechos establecidos en la Constitución”.
Pinzón agregó que es necesario tener una Fuerza Pública dotada con hombres, con equipos, con recursos, con medios y con un marco jurídico claro, definido a la luz de las posibilidades constitucionales, de las normas internacionales y "de lo que es razonablemente posible dentro de las realidades políticas en Colombia".
“Si tenemos unas Fuerzas Armadas con un marco jurídico claro, ellas pueden actuar a la ofensiva, sin dudarlo, en el marco de la legitimidad, respetando la Constitución y la ley a la hora de perseguir criminales, terroristas y otras amenazas que pueda tener el pueblo colombiano”, aseguró el funcionario.
Pero no todos los observadores manifiestan optimismo por lo que aprobó el Congreso. Por ejemplo, el representante a la Cámara Iván Cepeda advirtió que en la conciliación no se van a presentar modificaciones sustanciales a la lay. “Eso es imposible porque la ley estatutaria tiene problemas de carácter conceptual de fondo. Allí hay una utilización perversa del Derecho Internacional Humanitario. No es un problema de conciliación”, dijo.
Según el parlamentario, hay un problema de carácter constitucional, y debe ser la Corte Constitucional la que tome la decisión de declarar inconstitucional la ley aprobada por el Congreso, con base en la demanda que interpusieron Cepeda, Germán Navas Talero, Guillermo Rivera, Ángela María Robledo y Gloria Inés Ramírez contra el acto legislativo que dio lugar a la ley estatutaria.
“La Corte también debe declarar inconstitucional la ley mediante la audiencia ciudadana que tiene que ser realizada para escuchar las intervenciones con relación a la norma”, agregó Cepeda.
Calificó de “perversa” la utilización que se da al Derecho Internacional Humanitario en la ley de fuero penal militar y dijo que “no solo abre la puerta a crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones de derechos humanos, sino que, al mismo tiempo, puede llegar a estimular la comisión de ese tipo de comportamientos y delitos a través de una interpretación malintencionada del Derecho Humanitario”.
Para Alfredo Rangel, analista y director del Centro Seguridad y Democracia, el resultado de lo debatido en el Congreso es muy paradójico porque la Justicia Penal Militar sale fortalecida y pero el fuero militar queda recortado.
“Hay una serie de reformas que hacen más independiente la justicia militar y la podrían hacer más eficaz. Sin embargo, se han excluido del alcance del fuero militar cerca de 18 delitos que son los abusos de la fuerza que generalmente ocurren en los operativos militares, con lo cual ese fuero queda prácticamente limitado a delitos como la deserción o el abandono de un puesto de guardia, que podrían denominarse como delitos menores”, explicó el académico.
Los delitos graves que se cometan en el desarrollo de operaciones militares, para Rangel, quedan excluidos del fuero militar. “En resumen, las Fuerzas Militares de Colombia quedaron con uno de los fueros militares más recortados a nivel internacional, y eso no va a favorecer su desempeño en medio de una situación de confrontación armada que vive el país”, dijo.
Explicó que los temas de conciliación entre Senado y Cámara “no tienen que ver con este asunto grave del recorte del alcance militar, sino con temas menores, como qué institución va a disciplinar el comportamiento de los fiscales y de los jueces militares, detalles técnicos que no tienen relación con el asunto esencial que es el alcance del fuero militar”.
Gustavo Gallón Giraldo, director de la Comisión Colombiana de Juristas, fue más allá y calificó la ley de “horrorosa”. Según él, “a partir de este momento, Colombia tiene militares que pueden violar los derechos humanos y sus casos serán encubiertos por la Justicia Penal Militar”.
Aseguró que “se han inventado dos cuerpos cívico-militares, a falta de uno, para que protejan a los militares en los procesos que haya contra ellos; han desacreditado el Derecho Internacional Humanitario para convertirlo en un elemento de justificación de las acciones militares, con el argumento de que lo que están haciendo es armonizando el derecho penal nacional con el derecho humanitario”.
En palabras de Gallón: “Un militar puede matar a un civil y alegar que lo hizo con la convicción de que era un objetivo militar y era un 'blanco legítimo'. Eso es un insulto, además, para la justicia civil, porque el argumento de ellos es que la justicia civil está infiltrada por la guerrilla y que los jueces civiles están en contra de los militares, lo cual es falso”.
Por su parte, el general (r) Harold Bedoya Pizarro, ex comandante de las Fuerzas Militares, dijo al respecto que “sea lo que sea que salga”, el fuero militar es algo que debe existir siempre. “Los delitos que cometan los militares son típicos todos del servicio, si entendemos 'del servicio' lo que les ordena la Constitución, o sea, la protección a la vida, la honra, los bienes, los derechos, las libertades, la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional”.
Para el oficial en retiro, las posibilidades de que un militar cometa faltas o delitos en cumplimiento de esa misión son muchas. “Pero por eso existe el fuero y la Justicia Penal Militar; los jueces militares son los que conocen el problema, los que están enterados porque se han preparado para eso. Si eso no se les garantiza a los militares, pues simplemente desaparecen los ejércitos”, advirtió Bedoya.
Además, se quejó de que lo que se está aprobando en el Congreso es un “remedo” del fuero. “Con estos cambios que se han venido sucediendo se ha venido mutilando la esencia del militar mismo. No creo que vaya a salir nada de lo que necesitan realmente los militares”, aseguró.
Otro militar, el general (r) Manuel José Bonnet Locarno, también ex comandante de las Fuerzas Militares y profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, aseguró que el fuero militar se concentra en que todos los actos por causa y razón del servicio son de la Justicia Penal Militar, exceptuando los que son de lesa humanidad y los crímenes de guerra.
“Eso es sencillo, sino que hay mucha política, mucha ONG, mucha persona internacional opinando y tratando de darnos órdenes. De manera temeraria e irrespetuosa tratan de irrumpir en la ley y en la soberanía colombiana”, sostuvo.
“Creo que lo que acaba de hacer el Congreso de la República es un acto de valor. Hay que resaltarlo, lo mismo que al Presidente, sin importar cómo quedó la ley. De todas maneras, de parte de ellos, es un acto de valor ante las amenazas de la ONU y de las ONG que estaban diciendo que nos iban prácticamente a cerrar, a sancionar, metiéndonos miedo”, concluyó el general Bonnet.
