El principio de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, junto con lo superficial del anuncio del Gobierno Nacional con respecto a los acuerdos logrados en el primer punto de la agenda para la terminación del conflicto: la Reforma Rural Integral, dejaron a los colombianos con más dudas que respuestas con respecto a qué pasará con la tenencia de la tierra en Colombia tras firmar un eventual acuerdo de paz.
Así lo aseguró Andrés Moncada, presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), que celebró que se avance en el proceso y se mostró confiado con respecto al parte favorable del Gobierno Nacional: “Si nos garantizan que se respete el derecho a la propiedad, la constitucionalidad, el orden de la propiedad privada, de la economía y que no está en negociación la política económica ni de desarrollo o crecimiento del país, creemos que se avanzará por un buen camino”, dijo.
El vocero llamó a terminar con un conflicto “que nos afecta desde hace décadas y que claramente ha interrumpido no solo el desarrollo económico del país sino de nuestras familias”. También resaltó que “cualquier avance en materia de paz y seguridad en el campo es ganancia”, al referirse a la necesidad de una forma de vida digna en el espacio rural a través del trabajo”.
Por su parte, Jens Mesa, presidente de Fedepalma, explicó que aunque es un proceso difícil, los acuerdos son una muestra de que se está avanzando. El funcionario evitó pronunciarse sobre el balance de los anuncios, argumentando que aún no se conoce el contenido ni el alcance de lo logrado. “Necesitamos ver los detalles de lo negociado y el costo que ello va a tener para el país, solo cuando visualicemos cuánto nos significará y quién lo va a financiar valoraremos la medida”.
Además, llamó a los colombianos a no caer en la tentación de una paz 'express'. “Quienes estamos en el campo y vivimos de cerca esta realidad queremos valorar a la luz de la realidad lo negociado, antes nos queda muy difícil pues hay que tomarlo con prudencia”, manifestó.
Asimismo, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, señaló que sería irresponsable hacer comentarios cuando no se conoce un documento que diga qué, cuándo, cómo y dónde se va a dar ese proceso de paz: “esos planteamientos fueron los mismos de hace seis meses, cuando se dijo lo que se iba a hacer. Como no sabemos qué se hizo, lo único que nos queda es esperar a que el Gobierno, de forma transparente y oportuna, nos entregue el documento en el cual definen el futuro del sector agropecuario”, destacó.
EXPERTOS OPINAN
Carlos Calderón profesor de ingeniería agroindustrial de la Universidad de la Sabana, también se preguntó la manera en que se dará tratamiento a la propiedad de la tierra, especialmente en lo referente a la creación de un banco. “Por un lado hay una ley que busca devolver a los campesinos desplazados sus tierras, por otro personas que se apropiaron de terrenos que le habían sido quitados a otros campesinos, entonces ¿quién se beneficia de la formalización? ¿Qué se pretende? y ¿cómo evitar que se involucren personas de mala fe?”, cuestionó.
El comunicado conjunto entre los delegados del Gobierno y las Farc indica que “el acuerdo busca que se reviertan los efectos de conflicto y que se restituyan las víctimas de despojo y del desplazamiento forzado”. En ese sentido, Calderón se preguntó si, por ejemplo, en el banco se incluyen las tierras que hoy están en proceso de reclamación o si se trata de una nueva distribución. También se mostró a la expectativa sobre el tratamiento que se dará a las propiedades incautadas a narcotraficantes.
Al respecto la directora del programa de Administración de Empresas Agropecuarias de la Universidad de La Salle, Claudia Patricia Álvarez, resaltó que la formalización de la propiedad es un aspecto independiente del compromiso de las Farc de regresar las tierras usurpadas a los campesinos. “El punto es que todas las tierras que han sido adquiridas de forma ilegal, bien sea por la guerrilla, paramilitares o particulares, sean devueltas a los campesinos y formalizada su tenencia como garantía de acceso a este recurso base; pero no es lo único para el desarrollo rural”, resaltó.
La docente destacó que para alcanzar una reforma rural son necesarias políticas y programas de desarrollo que tengan como referente el territorio y lo aborden de forma integral, “que incluyan las diferentes dimensiones del desarrollo humano (aspectos sociales, políticos, ambientales y económicos)”, dijo. Álvarez llamó a que se preste atención a todos los aspectos que contribuyen a cada una de estas dimensiones (salud, vivienda, educación, infraestructura, formalización, participación ciudadana e inclusión de la mujer y los jóvenes) a través de la sinergia entre los sectores público y privado y la sociedad civil.
Finalmente, puntualizó que “es necesaria una actividad productiva que requiere de instrumentos que favorezcan la asociación de los productores, el desarrollo de modelos de negocios que consideren las particularidades del territorio y sus agentes, la asistencia técnica y el crédito, entre otros”. En opinión de la directora, una verdadera reforma rural contribuirá al crecimiento de la sociedad, “a la preservación del ambiente, el bienestar de la población, la erradicación de la pobreza y la disminución de las brechas existentes entre lo rural y lo urbano”, concluyó.
LOS RETOS
Para Andrés Moncada la política agropecuaria no puede quedarse en darle tierra a los campesinos, es por eso que llama a que se fomente el desarrollo agropecuario, pero no a través del minifundio. “Está probado que eso no tiene probabilidades de éxito, pues es la actividad agrícola a gran escala la que convierte a los países en potencias agropecuarias sin necesidad de subsidios”.
Además, recalcó que a parte de firmar la paz hay que montar una estrategia integral de desarrollo al postconflicto y hacer un acompañamiento, pues será el momento cuando más se vean dificultades.
