El Polo Democrático aseguró que el Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena aceptó varias tutelas que buscan dejar sin efecto la licencia ambiental otorgada al proyecto ecoturístico Los Ciruelos y el contrato de concesión suscrito con la Unión Temporal Concesión Tayrona.
“De esta manera, se pretende proteger al Parque Nacional Natural Tayrona, patrimonio ambiental del país, de los proyectos hoteleros que se aspiran a construir en parte de su territorio”, explicó la presidente del Polo Democrático, Clara López.
La acción judicial fue instaurada por el Polo Democrático y por la ONG ambientalista e indigenista Fundación Misión Colombia.
Tanto López Obregón como la Fundación Misión Colombia demandaron la licencia ambiental como el proceso de licitación y contratación de la concesión de un sector del Parque Tayrona debido a que, argumentan, no se ha tenido en cuenta a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta en la toma de decisiones y tampoco se ha cumplido con las consultas previas obligatorias.
“Vulnerando, con tal omisión, los derechos fundamentales colectivos de las comunidades Arhuacas, Wiwas, Kogui y Kankuamas”, aclaran en un comunicado de prensa.
Según el Polo, las consultas previas han sido definidas por la Corte Constitucional en reiteradas jurisprudencias “como derechos colectivos fundamentales, por lo cual el Gobierno colombiano está obligado a consultar previamente a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
Precisan los demandantes que la licencia del Proyecto Ecoturístico Los Ciruelos se expidió sin que se hubieren cumplido con las consultas previas con las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
“Amparados en el oficio OFI108-322-DET-1000 del 10 de enero de 2008 con el cual la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia certificó que “no se registran comunidades indígenas en el área del proyecto”.
No obstante, la misma cartera revocó un oficio parecido a favor de la construcción del Proyecto Six Senses por comprobarse que tal certificación no correspondía a la realidad, y procedió entonces a reconocer los derechos fundamentales de las etnias indígenas asentadas en este parque nacional”, reiteran las dos organizaciones.
Además sostienen que “en el caso de la concesión en diferentes informes de prensa tanto la directora de Parques Nacionales Naturales, Julia Miranda, como el presidente de Aviatur, miembro de la Unión Temporal Concesión Tayrona, reconocieron no haber cumplido con tal trámite de consulta”.
Según la presidenta del Polo, "el objetivo de un Parque Nacional es disfrutarlo y gozarlo, pero no se puede permitir que allí se asienten negocios privados que generen daños en los ecosistemas protegidos del Estado. Por eso buscamos anular con las tutelas, las licencias ambientales y el Tayrona regrese a su estado natural".
En diez días se conocerá la decisión de un magistrado del Tribunal Administrativo del Magdalena, que aceptó las dos tutelas radicadas por la presidenta del Polo Democrático, Clara López y la Fundación Misión Colombia, que buscan dejar sin piso jurídico las licencias ambientales del proyecto Los Ciruelos y de la Concesión Turística de Aviatur dentro del Parque Nacional Tayrona.
