El general (r) de la Policía Mauricio Santoyo Velasco, de 53 años, fue sentenciado este viernes a 13 años en prisión, seguidos de cinco años de libertad supervisada, por conspirar para proveer apoyo material y recursos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización señalada en el mundo como terrorista.
“El exgeneral Santoyo aceptó sobornos de los terroristas. Así de simple", dijo el Fiscal Federal para el Distrito Este de Virginia, Neil H. MacBride. “El señor Santoyo abusó de su posición en la aplicación de la ley, rompió la confianza del pueblo de Colombia. Esta acusación es un paso importante en la reconstrucción de la confianza al demostrar nuestra determinación de mantener como responsables a individuos deshonestos como el señor Santoyo".
Sobre el caso, un comunicado oficial de la Corte cita a Robert Brisolari, agente especial a cargo de la Administración de Control de Drogas (DEA): "La sentencia de hoy envía un mensaje claro de que los funcionarios corruptos. Independientemente de su posición o título, serán investigados al máximo por la Administración de Control de Drogas. Esta investigación demuestra el compromiso continuo de la DEA y la Policía Nacional de Colombia para impactar las organizaciones de tráfico de drogas y los que les facilitarán, en su más alto nivel".
El juez federal de distrito, James C. Cacheris, que podía imponer a Santoyo una condena máxima de 15 años y una mínima de 10, optó por el camino intermedio de ese rango y condenó al general a 13 años de cárcel.
Además de la condena, que podría bajar significativamente por buen comportamiento y por colaboración del general con las autoridades estadounidenses, tendrá cinco años de libertad supervisada y deberá pagar una multa de 120 mil dólares.
Cacheris también oyó los argumentos del gobierno de Estados Unidos, que dijo que por el hecho de que Santoyo tenía una posición privilegiada, Estados Unidos debía mandar un mensaje de que estas conductas no son apropiadas.
El juez recomendó finalmente que el general sea trasladado a una cárcel no de máxima seguridad en La Florida, el Complejo Correccional Federal de Coleman.
LAS ACTIVIDADES DE SANTOYO
Desde 1996, cuando ostentaba el grado de Teniente Coronel y fue nombrado Jefe del Gaula de la Policía en Medellín, cargo que ocupó hasta 1999, sobre Santoyo se encendieron varios reflectores.
En ese periodo comenzó a ser investigado porque el grupo bajo su mando hizo más de 1.500 interceptaciones ilegales, algunas de ellas a activistas de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), dos de cuyos miembros desaparecerían más tarde.
Entre el 2000 y el 2002, Santoyo fue Comandante del Cuerpo Elite Antiterrorista de la Policía, pero al cabo de ese lapso fue nombrado como Secretario para la Seguridad del Presidente. El decreto 1811 fue suscrito por el exmandatario Álvaro Uribe Vélez y el secretario general de la Presidencia, Alberto Velásquez Echeverri.
En el 2003, la Procuraduría destituyó e inhabilitó a Santoyo para ejercer cargos públicos por cinco años por el caso de las interceptaciones ilegales, pues, según el ente de control, el oficial estuvo de acuerdo con que sus subalternos, con falsas autorizaciones de fiscales, gestionaran las interceptaciones ante las Empresas Públicas de Medellín (EPM).
DOBLE CARRERA DELICTIVA
Lo que no sabían las autoridades colombianas era que Santoyo, de acuerdo con el escrito de acusación del fiscal MacBride, para esa época ya había comenzado a ser parte de una conspiración para traficar droga hacia Estados Unidos.
Según MacBride, la droga era llevada por rutas que tenían como origen a Colombia, pasando por Centroamérica y México, y los jefes de los grupos traficantes pagaron importantes sumas de dinero a Santoyo Velasco a cambio de información.
Por dinero, el oficial debía informar a los narcotraficantes sobre las investigaciones que en torno a ellos adelantaban los gobiernos de Colombia, Estados Unidos y Gran Bretaña. También debía entregar información relacionada con escuchas telefónicas realizadas por la Policía a narcotraficantes.
Otra grave acusación del fiscal MacBride es que Santoyo facilitaba traslados de oficiales de la Policía corruptos, lo que después le ayudaría en sus negocios de tráfico de drogas. Aunque no lo indica el escrito de acusación, las autoridades de Estados Unidos están por determinar si Santoyo también conformó unidades antiterroristas con recursos del Plan Colombia, lo cual les genera preocupación.
Después de conocer la investigación que se le seguía en Estados Unidos, el general Mauricio Santoyo se entregó voluntariamente el 3 de julio pasado a la justicia de ese país.
