Durante la audiencia de imputación de cargos efectuada en el complejo judicial de Paloquemao, la fiscal del caso les imputó cargos por concierto para delinquir, fraude procesal, cohecho, y falsedad en documento público.
Las personas cobijadas por esta medida son: Diego Armando Rodríguez, funcionario de Acción Social, Lida Esperanza Martín y José Adenis Vega, quienes actuaban como abogados, Nubia Narvaez, Hoover Sánchez y José Humberto Gómez.
Durante la diligencia judicial el fiscal delegado dio a conocer interceptaciones telefónicas y documentos que comprobarían la responsabilidad de los asegurados.
Según se dijo esas personas se habrían apropiado aproximadamente de 8 mil millones de pesos, desde 2005. De la misma manera, señaló que se cobraban 40 mil pesos a cada persona que quisiera ser incluida en las listas de desplazados.
Ninguno de los imputados aceptó los cargos. Al finalizar la audiencia el juez decidió remitirlos a las cárceles La Picota y Buen Pastor de Bogotá.
La Fiscal en Las Pavas
La fiscal General de la Nación, Vivianne Morales, acompañada por una comisión de la entidad, en la que participa la jefe de la Unidad Contra el Desplazamiento Forzado, Marcela Márquez, se encuentra desde ayer en la hacienda Las Pavas, al sur de Bolívar, en una reunión con los campesinos para establecer si existió desplazamiento forzado en esa región.
Allí, la Fiscal dialoga con campesinos de la zona, para establecer si hubo desplazamientos anteriores a 2006, antes de que el predio fuera adquirido por el grupo Dávila Abondano.
Organizaciones sociales y sacerdotes jesuitas que acompañaron a los campesinos en las acciones legales de restitución sentaron su voz de protesta logrando que se abriera una nueva investigación.
