Las autoridades ambientales, los entes territoriales, y las organizaciones indígenas firmaron en Leticia, el acuerdo intersectorial por la madera legal en Colombia, con el objetivo de asegurar que la madera extraída, transportada, transformada, comercializada y utilizada provenga exclusivamente de fuentes legales.
Cifras del Banco Mundial revelan que en Colombia la madera que llega al mercado en el marco de la ilegalidad representa el 42% de la producción total. Según la organización ambientalista WWF Colombia, la tala y el tráfico ilegal de maderas son problemas que van en detrimento de las iniciativas de la comunidad y amenazan la biodiversidad e integridad de los ecosistemas boscosos y perjudican a la región que no recibe los beneficios económicos que la comercialización de la madera le debería traer a la región.
Edwin Flórez, presidente de la Asociación de Productores y Transformadores de Maderas (Asopromata), explicó que la mayoría del dinero que se debía recibir por la explotación de este recurso nunca se queda en la región, pues son los intermediarios los que obtienen la mayor ganancia.
"Es como una mafia de intermediarios, uno trabaja y ellos son quienes venden la madera a los empresarios y lo que nosotros ganamos es poco, lo que queremos es que nos capaciten para ser empresarios de la madera, así negociamos directamente", sostuvo Flórez.
Luz Marina Mantilla, del Instituto de Investigaciones Amazónicas (Sinchi), reveló que en la región un metro cúbico de madera comprado legalmente cuesta alrededor de $600.000 mientras que el que se compra de manera ilegal solo vale $350.000, esto hace que la ganancia para los madereros será tan baja.
El Gobernador del Amazonas, Olbar Andrade Rincón, dijo que con este pacto los ingresos de los madereros podrían aumentar en más de un 90%, lo que contribuiría a dinamizar la economía de la región. Sin embargo, para el gobernador es necesario combatir el tráfico ilegal que se genera en Perú y Brasil y que afecta a la frontera colombiana, por lo que considera que debería promoverse un pacto tripartita para garantizar la venta legal de la madera que llega de estos países.
