Un grupo de alrededor de 50 beneficiarios de área, afectados por el fallido proyecto hotelero y de vivienda Ocean Tower, en Bocagrande, denunciaron las demoras que ha tenido el proceso de intervención adelantado por el Distrito de Cartagena sobre el proyecto.
Los afectados relataron que pese a que el proceso de intervención se inició en agosto de 2023, han pasado ya dos años sin soluciones de fondo, aún cuando varios inversionistas han manifestado su interés por rescatar el proyecto y resarcir a las personas que resultaron perjudicadas.
“A esta negligencia se suma el incumplimiento del anuncio público realizado por el alcalde Dumek Turbay el 21 de julio, cuando aseguró que el 1 de agosto de 2025 se adjudicaría la solución definitiva. Este compromiso nunca se cumplió, generando una profunda vulneración de confianza legítima de cientos de familias que llevan años esperando la entrega de sus viviendas”, indicaron.
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Los beneficiarios de área manifestaron su preocupación por que los inversionistas con propuestas favorables para reparar los daños a los afectados terminen retirando sus ofertas, por lo cual exigen al Distrito que el proceso no se dilate más.
Control Urbano se pronuncia sobre Ocean Tower
Ante el clamor realizado por los beneficiarios de área, el director de Control Urbano, Emilio Molina, explicó que el Distrito está haciendo todo lo posible por garantizar los derechos de los afectados y rescatar el proyecto.
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“Nosotros entendemos el nivel de desesperación que tienen, pero no hay que perder el contexto. Este fue un negocio entre particulares y el Distrito ha hecho lo que la ley le ha permitido, que es la toma de posesión de la sociedad, para resolver la situación. No fue el Distrito el que generó el daño. Primero se designó un agente especial que comenzó a ejecutar su plan de acción, seguramente, de buena fe, lo estaba haciendo de la mejor manera posible, pero con él no encontramos los resultados que esperábamos”, explicó.
Por este motivo fue que se decidió, en octubre del año pasado, designar una nueva persona para que liderara este proceso, la cual resultó ser la abogada Adriana Betancourt Ortiz, quien fue seleccionada conforme al orden de elegibilidad establecido en la Resolución 5720 de 2023, la cual definió la lista de agentes especiales o liquidadores del Distrito para los procesos de toma de posesión.
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“Hemos designado esta nueva agente que viene trabajando sobre lo que el anterior dejó para que, antes de que finalice el año 2026, logremos resolver la situación. Hay que tener un poco de paciencia, pero ya estamos en las últimas etapas del proceso. Este año habrá una decisión de fondo”, aseguró Molina.
El plan de acción para Ocean Tower en 2026
El director de Control Urbano explicó que la nueva agente interventora ya presentó su plan de acción para el año 2026, el cual está siendo revisado por la dependencia para posibles ajustes y su respectiva aprobación.
“Allí se encuentran unas etapas que la agente especial va a adelantar con miras a que en menos de seis meses o máximo siete meses, logremos ya tener la reactivación del proyecto Ocean Tower”, informó Molina.
Durante los meses de enero y febrero se llevará a cabo el levantamiento de la información y la conciliación contable de los activos y pasivos, con el fin de conocer con exactitud cuál es el valor del proyecto en la actualidad y cuáles son las deudas que tiene, ya sea en procesos judiciales, pagos a trabajadores, proveedores u otros rubros.
Molina insistió en que estas etapas son necesarias para poder entrar a decidir sobre cuál es el inversionista más idóneo para continuar con el proyecto. “No sería juicioso de nuestra parte decidir sobre una propuesta si no tenemos la realidad contable y financiera de los activos y pasivos”, indicó.
En este sentido, para el mes de marzo, se prevé la apertura de una convocatoria para que los interesados alleguen sus ofertas. “El agente anterior nos habló de una lista de hasta 18 propuestas, pero la nueva agente está haciendo una depuración porque hay unas que son más sólidas que otras. Cuando se abra la convocatoria, obviamente se tendrán en cuenta las que ya han sido presentadas, pero también queremos conocer qué otras personas podrían estar interesadas y así escoger la mejor propuesta posible, que es lo que finalmente desea el Distrito de Cartagena”, puntualizó.
De esta manera, el estudio de las iniciativas está previsto para el próximo mes de abril y la adjudicación del proyecto, posiblemente, para mayo de este año.
El futuro de Ocean Tower
Desde Control Urbano insisten en que la principal apuesta de la Alcaldía con Ocean Tower es resarcir los daños de las personas que resultaron afectadas por la mala planeación que tuvo este proyecto de carácter privado.
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“El deseo más grande que nosotros tenemos es que aquellos que han sido afectados por este proyecto puedan ser reinvidicados. El objetivo principal de la toma de posesión y de todas las medidas que hemos adoptado hasta ahora es restablecer los derechos de quiénes han sido afectados”, manifestó.
Una vez cumplido esto, la intención es que Ocean Tower pueda convertirse en un proyecto que impulse la economía de la ciudad, la vocación turística del sector donde se encuentra y el desarrollo territorial.
“El mensaje que queremos enviar es que el Distrito trabaja siempre pensando en el restablecimiento de los derechos de quienes han sido afectados y no vamos a parar hasta lograrlo. Además de impulsar el desarrollo económico y territorial de la ciudad con este proyecto”, finalizó.
Sobre el proyecto Ocean Tower
El proyecto Ocean Tower, en Bocagrande, comenzó su construcción en el año 2012, bajo la promesa de entregar sus primeras unidades en 2015. Sin embargo, los trabajos quedaron inconclusos, a tal punto de que hoy, lo que hay en el sitio son dos torres en obra gris.
Los compradores denunciaron y presentaron acciones judiciales al respecto y finalmente, en 2023, el Distrito tomó posesión de los negocios, bienes y haberes de la sociedad Grupo Ocean S.A., siendo esta la primera vez que se tomaba una decisión de este tipo sobre un proyecto de vivienda en Cartagena.
Ese mismo año, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió una sentencia condenando a la sociedad Alianza Fiduciaria debido a faltas en sus obligaciones legales y contractuales, al evidenciar que hubo falencias en la validación del punto de equilibrio establecido por la constructora, que, además, pretendía ejecutar el proyecto con un capital menor al que realmente requerían las obras.
Dicha decisión fue confirmada en 2024, año en que el Tribunal Superior de Bogotá también ordenó el pago de una millonaria suma a una de las compradoras afectadas.