La jueza especializada en restitución de tierras del Carmen de Bolívar, Diana María Rodríguez Cantillo, fue reconocida como la mujer más influyente del sistema judicial de Colombia en 2025, distinción otorgada por la Corporación Excelencia en la Justicia.
El reconocimiento destaca una trayectoria marcada por el enfoque de género, la defensa de los derechos humanos y el trabajo judicial en contextos complejos del conflicto armado, donde la administración de justicia implica no solo decisiones jurídicas, sino también riesgos personales, desafíos de seguridad y una profunda responsabilidad ética frente a las víctimas.
Rodríguez señaló que este premio trasciende lo individual y visibiliza la labor colectiva de juezas y jueces de restitución de tierras que, en medio de múltiples dificultades, buscan saldar una deuda histórica con las víctimas del despojo y el abandono forzado.
Un fallo sin precedentes en la justicia transicional
Uno de los hitos que sustentan este reconocimiento es la Sentencia 050 del 18 de diciembre de 2025, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del Carmen de Bolívar, despacho que ella preside.
Este fallo marcó un precedente nacional al reconocer por primera vez en el Caribe colombiano a un consejo comunitario afrodescendiente como sujeto colectivo de reparación integral, dentro de un proceso de restitución de tierras con enfoque étnico. Se trata del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Santo Madero.
La decisión no solo ordena la restitución del territorio, sino que reivindica la historia, la identidad cultural y la autonomía de una comunidad que ha resistido el despojo, la invisibilización institucional y diversas formas de violencia estructural. En este sentido, el fallo se concibe como un acto de justicia restaurativa colectiva, que reconoce el territorio como un elemento esencial para la vida digna y la pervivencia cultural.
Como parte del cumplimiento de la sentencia, la jueza realizó presencia directa en el territorio para socializar su contenido mediante una cartilla pedagógica, elaborada en lenguaje claro y accesible, con el objetivo de garantizar comprensión, apropiación comunitaria y transmisión intergeneracional de la memoria y la verdad.
Retos de juzgar en medio del conflicto
La jueza Rodríguez advirtió que uno de los principales desafíos de la restitución de tierras sigue siendo impartir justicia en medio del resurgimiento del conflicto armado, el reacomodo de grupos ilegales y las amenazas que afectan la seguridad e integridad de los operadores judiciales.
A esto se suma la falta de articulación interinstitucional, que ha generado retrasos en el cumplimiento de sentencias y se ha convertido en uno de los principales cuellos de botella del proceso restitutivo. En el caso de las mujeres víctimas, enfatizó en la necesidad de fortalecer rutas de protección, mecanismos efectivos de reparación integral y garantías de no repetición, teniendo en cuenta que ellas enfrentaron violencias diferenciadas por razones de género, etnia y condición social.
Otro punto de preocupación es la vigencia de la Ley 1448 de 2011, cuya prórroga tiene un horizonte limitado, pese a que aún existen procesos administrativos y judiciales en curso, así como amplias zonas del país pendientes de micro y macrofocalización.
Referente nacional e internacional
Además de su labor jurisdiccional, Diana Rodríguez es formadora en enfoque de género de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, integrante del Comité Seccional de Género de Bolívar y docente en procesos de capacitación judicial a nivel nacional e internacional.
Su trabajo ha sido documentado en diversos reportajes y foros especializados, donde se ha resaltado el papel de la justicia como herramienta de transformación social y dignificación de las víctimas. También ha representado a Colombia en escenarios académicos en América Latina y Europa, abordando temas de justicia transicional, género y derechos humanos.
El reconocimiento como mujer más influyente del sistema judicial en 2025 muestra su papel de la justicia especializada como pilar para la reparación del daño causado por el conflicto armado y visibiliza el liderazgo de las mujeres en una rama judicial que avanza, aunque no sin obstáculos, hacia un sistema más inclusivo y humano.