El pasado 2 de diciembre, el Distrito finalizó con el proceso de recuperación de más de 7 mil metros cuadrados de espacio público ocupados por particulares en el sector El Papayal, en Chambacú.
El desmonte de una panadería y dos talleres, ubicados en la esquina del sector, contigua al reconocido almacén Muebles Jamar, cerró un proceso a una batalla judicial que intentaban frenar varios ciudadanos. Según señaló la Alcaldía, la lucha legal dejó más de 40 tutelas a su favor.
Milton José Pereira, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, precisó que “los fallos son el resultado del trabajo de un equipo técnico, preparado y multidisciplinario, comprometido con el proyecto de ciudad de la administración distrital”. Lea también: Finaliza desalojo en Chambacú: conozca las obras que hará el Distrito allí
Los procesos judiciales por el desalojo de negocios en Chambacú
El origen del proceso se remonta a los primeros días de 2024, cuando el alcalde Dumek Turbay anunció que Chambacú contará con un complejo deportivo definido por el propio mandatario como “el gran parque de integración de la ciudad”.
Hoy en día, el proyecto se construye en el sector El Papayal y en las caballerizas. Este último se encontraban guardadas las carrozas y los caballos que se pasean por el Centro Histórico.
Tras los estudios técnicos y jurídicos, el pasado 31 de enero, la Inspección de Policía de la Comuna N. 2 ordenó el restablecimiento del espacio público por distintos establecimientos y asentamientos irregulares en un área total de 7.404,17 m² en El Papayal. Este queda contiguo a la carrera 14 y en las inmediaciones del reconocido local Muebles Jamar.
Desde ese momento, la batalla legal atravesó 44 tutelas y un incidente de desacato. La Oficina Asesora Jurídica indicó que el proceso dejó 33 acciones a favor del Distrito, 2 acciones desistidas y 9 en espera de fallo.
Con el radicado 2025-00062 del 24 de enero de 2025, el ciudadano Leonardo Rubio abrió la lista de 44 tutelas durante el proceso. El ciudadano argumentó “una presunta vulneración al debido proceso y la confianza legítima”.
El Distrito defendió la legalidad del proceso, asegurando que contó con el acompañamiento del Ministerio Público a través de la Personería Distrital de Cartagena, garantizando la protección de derechos.
Tras evaluar las pruebas presentadas por Rubio Blanco y los argumentos jurídicos del Distrito, el Juzgado 13 Civil Municipal del Distrito Judicial de Cartagena declaró improcedente la tutela, avalando la recuperación del espacio público en los lotes.
20 días después, el Distrito afirmó que Helder Jarol Mosquera, Sandra Balseiro, Marcos Barrios, interpusieron, cada uno, una acción de tutela por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al “debido proceso”, “vivienda digna” y “mínimo vital”.
La Alcaldía señaló que los accionantes solicitaron la suspensión inmediata de cualquier acción de desalojo, ya que llevaban más de 20 años habitando y comercializando en el predio. A su petición, los Juzgados resolvieron negar los amparos, puesto que no se probó que las decisiones adoptadas por el Distrito vulneraron de forma grave el derecho fundamental al debido proceso del accionante o que estas resulten incompatibles a la finalidad del proceso policivo.
Transcurrido este tiempo, siete tutelas y múltiples audiencias públicas sin conciliación después, la orden de la Policía de la Comuna N. 2 fue revisada en segunda instancia por la Secretaría del Interior. Así, el 25 de febrero, la Secretaría del Interior ratificó la orden policiva del pasado 31 de enero.
Un mes después, los propietarios de los establecimientos presentaron nueve tutelas adicionales, todas desestimadas tras el análisis del material probatorio y los argumentos jurídicos del Distrito. Para ese momento, la Alcaldía ya había obtenido 16 fallos favorables.
Incidente de desacato en el proceso de desalojo en Chambacú
Uno de los episodios más sensibles del proceso fue el supuesto incidente de desacato notificado por el Juzgado Noveno Penal Municipal, mientras se ejecutaban las obras del Nuevo Chambacú en el sector.
En este trámite, el abogado Robinson Arroyo aseguró actuar en representación de Ana Batista Urueta, quien habría sido beneficiaria de una tutela en 2011. Como medida provisional, el juzgado ordenó suspender temporalmente el desalojo.
La Oficina Jurídica solicitó la nulidad de esa medida al evidenciar que Ana Batista había fallecido en 2023, información que no fue reportada por el abogado al despacho judicial. Según el Distrito, la omisión indujo en error a la jueza y configuró un presunto fraude procesal.
Ante eso, Arroyo señaló que “no había recibido poder de una persona fallecida y menos actuado a nombre de esta”. “Recibí poder de la hija legítima heredera, Kelly María Turizo Batista, quien además es poseedora del inmueble. En el trámite incidental actué y estoy actuando en calidad de apoderado de la señora Turizo Batista”, dijo el jurista en ese momento.
Y agregó: “Kelly es sucesora procesal de su señora madre, conforme lo establece la Ley que le da todo el derecho a presentar el incidente de desacato, a través de apoderado”. Le puede interesar: Polémica por orden de desalojo en Chambacú, habla abogado denunciado
Por su parte, el Distrito estableció que la tutela otorgada en 2011 era de carácter personalísimo y no podía ser objeto de sucesión tras la muerte de la accionante.
Tras revisar los argumentos, el juzgado dejó sin efectos la suspensión, declaró la improcedencia del incidente de desacato por carencia actual de objeto y ordenó el archivo del proceso.
Más tutelas para frenar el desalojo en Chambacú
A corte del 23 de octubre de 2025, la Alcaldía recibió otras 28 acciones de tutela relacionadas con el mismo predio. Nueve de ellas alegaban presuntas vulneraciones a derechos como la dignidad humana, la salud, la igualdad y la protección especial de menores y madres cabeza de familia. Los jueces revisaron todos los casos y resolvieron negar las pretensiones de los accionantes y fallar a favor del Distrito.
Un fallo particularmente relevante fue el proferido por el Juzgado Doce Civil Municipal, que resolvió una tutela interpuesta por Daylester Fontalvo Fernández y acumuló otras 13 acciones similares. Alegaba la presunta violación a vivienda digna, igualdad y debido proceso.
El despacho fue enfático al señalar que no correspondía a las entidades accionadas suministrar vivienda o empleo a quien fue hallado como ocupante ilegal de un inmueble de naturaleza pública, descartando así la vulneración al derecho a la vivienda digna.
Tras todo este proceso, la recuperación del sector El Papayal, permitió a la administración distrital seguir con las obras del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú. Según cifras oficiales, el proyecto alcanza un avance del 71 %, con el fin de convertirse como la mayor obra deportiva en ejecución en Cartagena. Le recomendamos leer: Se acerca la entrega del proyecto Nuevo Chambacú: así van las obras