El pasado jueves 4 de diciembre, en el Club Cartagena, se desarrolló el foro “Ciudades que integran herramientas para la legalización urbana y el desarrollo territorial sostenible”, un encuentro articulado entre la Fundación Santo Domingo, la Alcaldía de Cartagena y El Universal. El objetivo: reflexionar, con sustento técnico y jurídico, sobre los avances, aprendizajes y desafíos que enfrenta la ciudad en materia de legalización urbanística.
El evento subrayó la importancia de la articulación entre entidades públicas, sector privado y comunidad. Los panelistas coincidieron en que la legalización no es solo una ruta de formalización predial, sino un proceso profundamente social que impacta la calidad de vida, la seguridad jurídica y la planificación del territorio.
La ciudad informal: comprender el fenómeno para poder transformarlo
La conferencia inicial estuvo a cargo del abogado Fernando Trebilcock, experto en dinámicas urbanas. Su intervención brindó contexto histórico, demográfico y social para entender por qué Cartagena —como muchas ciudades latinoamericanas— enfrenta hoy asentamientos informales a gran escala.
Trebilcock explicó que el crecimiento urbano acelerado es un fenómeno regional: “En Colombia estamos entre el 82 y el 84% de urbanitas, habitantes de ciudad”, indicó, destacando que este aumento poblacional llegó sin que las ciudades estuvieran preparadas para responder a la demanda de vivienda.
El abogado subrayó que el fenómeno de desplazamiento ha marcado profundamente la configuración urbana: “Casi 9 personas fueron desplazadas en un período de 4 años de cima y que de estas cerca de 7 millones de personas todavía están necesitando ayuda””, afirmó, citando cifras derivadas de estudios apoyados por ACNUR y la OIM.
Según Trebilcock, los asentamientos informales deben ser analizados dentro de un contexto mucho más amplio que el juzgamiento moral o la simple noción de ilegalidad: “Si uno mira La Sevillana a través de un tubo, no va a entender el reto completo. El reto de La Sevillana es extraordinario y excepcional”, señaló.
También insistió en que la infraestructura es el punto de partida para cualquier integración urbana: “Los temas de ciudad informal tienen que acabar siempre con temas de infraestructura. La infraestructura es el elemento más inclusivo para la comunidad”.
Mirada penal de la informalidad
En la misma sección, el abogado penalista Francisco Bernate —quien participó de manera virtual— agregó una visión complementaria. Señaló que es necesario distinguir entre la ocupación por necesidad y la operación deliberada de redes criminales dedicadas a urbanizaciones ilegales.
“Hay que diferenciar entre la persona que, de buena fe, intenta obtener la tierra por prescripción y la existencia de organizaciones criminales que atacan el patrimonio del legítimo propietario”, precisó.
Bernate alertó sobre estructuras que se aprovechan tanto de propietarios como de familias vulnerables: “Son organizaciones pensadas para mantener a la comunidad en constante entrega de recursos bajo la esperanza de una escritura que nunca va a llegar”.
Con ello, introdujo un componente clave del debate: la legalización urbanística no solo busca formalizar suelos, sino desmontar circuitos ilegales que lucran mediante la informalidad.
Legalización Urbanística, un camino hacia integración y seguridad jurídica
En este panel que reunió a Gissela Román (Gerente de Corvivienda), Emilio Molina (Director Administrativo de Control Urbano) y Jorge Andrés Pinzón (Ministerio de Vivienda). La conversación, moderada por Santiago Román, giró en torno a los retos institucionales y comunitarios para avanzar hacia una ciudad más integrada.
La voz de Corvivienda: la ciudad creció sin control
Gissela Román destacó que la demanda de legalización es hoy una necesidad urgente para miles de familias: “Llevamos 30 años viviendo de manera informal, sin servicios públicos, con muchas necesidades. Necesitamos y queremos ser legalizados”, citó como expresión común de las comunidades.
Román fue enfática en que la ciudad debe aprender de su propio desarrollo, “Cartagena durante muchos años ha crecido de manera informal, ya tenemos una ciudad que creció así. Tenemos que ver cómo lo resolvemos y cómo garantizamos que esto no siga ocurriendo”.
La funcionaria aclaró que la legalización no debe interpretarse como un premio. “La legalización urbanística no debe verse como un premio. Estamos legalizando porque se tiene que hacer, pero no podemos permitir que esto siga ocurriendo de manera tan descontrolada”.
Control Urbano: prevenir que la historia se repita
Emilio Molina recordó que la tragedia del edificio Blas de Lezo marcó un antes y un después en el control de las urbanizaciones ilegales: “Esa circunstancia nos dejó ver una realidad evidente, pero ante la que nos estábamos haciendo los ciegos”, afirmó.
Desde su dependencia, se han impulsado tres grandes líneas de trabajo: pedagogía ciudadana, a través de defensores urbanos, fortalecimiento de controles y jurisdicción urbanística y política pública de legalización urbanística, la primera en Cartagena, que busca un enfoque integral y sostenible.
La mirada del Ministerio: replantear cómo se entiende la legalización
Jorge Andrés Pinzón explicó el apoyo nacional al proceso de La Sevillana, donde se habilitó un área de manejo especial. Para él, es necesario revisar el concepto mismo de legalización: “La palabra legalización va en contravía de lo que uno lee en teoría”, dijo, señalando que incluso los asentamientos informales tienen lógicas propias de planeación.
Pinzón resaltó que el reto es reconocer esas formas de organización comunitaria sin perder el enfoque técnico, “Ese binomio entre lo planificado y lo que surge espontáneamente es algo que habría que replantearse”.
Por eso, este espacio dejó claro que legalizar no es simplemente formalizar predios, sino habilitar las condiciones para una ciudad más ordenada, segura y humana. Como lo expresó Trebilcock, comprender la ciudad de hoy exige mirar más allá de la superficie: “La ciudad no se entiende desde un solo discurso; cambia todos los días.”
