Una madre denunció que tuvo que pagar por la nivelación de materias de su hija en un colegio privado de Cartagena, un cobro que asegura la dejó endeudada y que, según afirma, la institución justificó con supuesta autorización oficial. El caso, ocurrido desde finales de noviembre, terminó con la intervención por parte de la Secretaría de Educación.
La mujer contó a El Universal que su hija debía nivelar tres materias y que el valor establecido por el colegio era de 120 mil pesos por asignatura para estudiantes que pagan pensión y 90 mil para los subsidiados. “Mi hija se quedó con 3 materias, tenía que pagar 360 mil pesos. Me dirigí al colegio para solicitar un descuento y me manifestaron que eso era imposible. Les dije que no tenía los recursos, pero hicieron caso omiso”, afirmó.
También relató que envió un mensaje advirtiendo que estos cobros serían ilegales. Según ella, el colegio respondió por escrito asegurando que tenían aval de la Secretaría de Educación para cobrarlos. Obligada por la situación, la madre recurrió a un paga diario y “con el dolor de mi alma pagué”, dijo, al tiempo que pidió al Distrito verificar la legalidad de este procedimiento.
¿Era legal el cobro? Secretaría de Educación Distrital explica
Tras la denuncia, este medio consultó a la Secretaría de Educación del Distrito, que confirmó haber realizado el 2 de diciembre de 2025 una visita de inspección, vigilancia y control al plantel señalado, a través de la Unalde Industrial y de la Bahía.
“En la reunión sostenida con las directivas del colegio, informamos de las quejas reiteradas sobre este cobro, el cual no está autorizado por la SED en su resolución de costos”, indicó la entidad. Lea: Así quedó el calendario académico 2026 para los colegios públicos de Cartagena
Además, recordaron que las nivelaciones forman parte del sistema institucional de evaluación y son una etapa del proceso académico, por lo que no deben generar cobros a los estudiantes.
La dependencia informó que se le notificó al colegio que debía abstenerse de continuar con estos pagos, por ir en contra de la normatividad vigente, y se suscribió un acta de compromiso.