La Procuraduría General de la Nación cerró definitivamente el proceso disciplinario contra dos uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena, señalados hace casi tres años por su actuación durante un incidente en el almacén Jon Sonen, en el Centro Histórico.
La decisión, tomada en segunda instancia, dejó sin efecto la sanción económica que inicialmente se les había impuesto y concluyó que su conducta no constituyó falta disciplinaria.
El caso se remonta al 28 de noviembre de 2022, cuando la ciudadana venezolana Wendy Álvarez acudió al establecimiento para reclamar el pago de una liquidación laboral que —según su denuncia— estaba pendiente desde hacía dos años. La situación escaló rápidamente ante la imposibilidad de recibir una respuesta inmediata, lo que generó alteraciones en el local y llevó a que varios clientes se retiraran del sitio, según se registró en su momento. Lea: Investigan a policías que esposaron a mujer con bebé en brazos
Tras el llamado al cuadrante, los policías Nelson Enrique Martínez Balceiro y Yuliana Jaramillo Mazo llegaron al lugar. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, y ante la negativa de la mujer a abandonar el local aun después de varios intentos de mediación, los agentes optaron por retirarla utilizando esposas, en presencia de sus dos hijos menores.
Este procedimiento motivó inicialmente fuertes cuestionamientos, incluidos los de la Procuraduría, que había señalado que, frente a la resistencia, lo indicado era actuar de forma pacífica y con acompañamiento del Grupo de Infancia y Adolescencia.
En su momento, el ministerio público precisó que “ante la negativa de la mujer de retirarse del lugar, la actuación que procedía era proteger los derechos de los menores y llevar a cabo el proceso de forma pacífica y sin esposas, preferiblemente en compañía del Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía.”. Con base en esa interpretación, la entidad formuló cargos por presunto “abuso de los derechos” y los sancionó con una multa equivalente a 30 días de salario.
Fallo en segunda instancia: razones de la absolución
La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento revisó el caso tras la apelación presentada por la firma Caribe Legal, que representó a los uniformados. En su análisis, determinó que la conducta de los policías se ajustó a los protocolos institucionales establecidos para intervenir en alteraciones del orden en espacios comerciales.
El fallo concluyó que el uso de esposas fue un “último recurso operativo” para garantizar el retiro de la mujer tras múltiples intentos fallidos de diálogo. Además, la entidad encontró que no hubo evidencia de maltrato ni agresión física durante el procedimiento. Lea también: Formulan cargos a policías que sacaron a mujer de local en Cartagena
El testimonio de la denunciante y los errores del fallo inicial
Uno de los elementos determinantes en la revisión fue el testimonio de la propia Wendy Álvarez. Según el análisis de la Procuraduría, su declaración permitió establecer que no existió un uso injustificado de la fuerza. La ciudadana incluso manifestó que solicitó ser esposada con las manos al frente para poder seguir cargando a su hija pequeña.
La Sala también señaló imprecisiones en la decisión de primera instancia. Mientras se les atribuía “abuso de los derechos”, la argumentación jurídica se basaba en una supuesta extralimitación de funciones, lo que generó una contradicción en la calificación disciplinaria.
Con este pronunciamiento, el proceso contra los dos policías queda cerrado y se ratifica que su actuación se enmarcó dentro de los parámetros legales establecidos por el Estatuto Disciplinario de la Policía (Ley 2196 de 2022).