El fenómeno de los asentamientos de origen informal, que ha tomado fuerza en Cartagena desde hace varios años, representa uno de los grandes desafíos para el desarrollo y el ordenamiento territorial de la ciudad, pues tiene implicaciones en materia económica y social que en ocasiones puede llegar las desbordar las capacidades del Estado.
Así lo explica el abogado experto en temas urbanísticos Fernando Trebilcock, quien señala que esta problemática no es exclusiva de la ciudad, sino que se replica en otras capitales del país e incluso de Latinoamérica, como consecuencia de flujos migratorios externos e internos.
“Esto ha generado un crecimiento de los cascos urbanos, sobre todo en las ciudades principales y en las ciudades intermedias. En el caso de Cartagena, la situación es galopante: casi el 40% del territorio del perímetro urbano es informal, es decir, casi la mitad”, indicó.
Sin embargo, no solo se trata de asentamientos que están por fuera del ordenamiento territorial o que no cuentan con un título de propiedad, sino de zonas en las que también predomina la pobreza y en donde las personas viven en condiciones de extrema vulnerabilidad.
De hecho, muchos de estos asentamientos están ubicados en sectores de alto riesgo, ya sea de remoción en masa como es el caso del Cerro de la Popa, o de inundación, como en los bordes de la Ciénaga de la Virgen.
“Los asentamientos informales son expresiones espaciales de la pobreza. Esto genera unos problemas muy graves, porque en ellos habitan personas con demandas de servicios públicos, educación, salud y programas de mejoramiento que impactan en las finanzas públicas”, explica Trebilcock.
Legalización de asentamientos, una oportunidad
Con miras a hacerle frente a este fenómeno, el pasado 28 de febrero el Concejo Distrital aprobó un proyecto de acuerdo que le da potestad a la Alcaldía de Cartagena para legalizar urbanísticamente 13 asentamientos de origen informal.
Entre ellos se encuentran Arroz Barato, Puerta de Hierro, Policarpa, La Sevillana, Villa Rosa, Bernardo Jaramillo Ossa, Jorge Eliécer Gaitán y los sectores Primavera, Villa Andrea, Los Deseos, Los Robles, 18 de Enero y Las Vegas en Nelson Mandela.
“Con la legalización surge el compromiso por parte del Estado del mejoramiento integral de los barrios, lo cual también genera una serie de retos en materia de infraestructura, generación de equipamientos comunales, escuelas y puestos de salud”, manifestó el experto.
De igual forma, asegura que esto implica un trabajo estrecho con las mismas comunidades. “No solo se trata de la incorporación física de los territorios a la formalidad, sino de una inclusión humana. Es decir, que las comunidades entiendan que hacen parte de una urbe que les puede brindar muchas posibilidades, pero que a su vez tengan en cuenta que como parte de ella están en el deber de crear entornos positivos para la ciudad”, expresó.
Alianzas público-privadas, clave para la legalización
En este orden de ideas, Trebilcock insiste en que es necesario que estos procesos de legalización se den en el marco de alianzas con diferentes actores, con el fin de que puedan llegar a buen término y se logren los objetivos.
“Este tipo de ejercicios, si no se realizan en conjunto con gestores sociales, empresarios, líderes comunitarios y autoridades locales no funcionan, porque se pueden desbordar las capacidades del Estado”, indicó.
En este sentido, resaltó en que es necesaria la convergencia para que estos asentamientos de origen informal se puedan transformar en verdaderos ejemplos de desarrollo urbano y resiliencia. “Debemos buscar estrategias creativas donde todos apostemos por la solución. La legalización es el primer paso para el mejoramiento integral”, puntualizó.