La creciente ola de invasiones en ciudades de Colombia, impulsada por desplazamiento, falta de vivienda asequible y crecimiento desordenado, ha encontrado en la colaboración público‑privada una vía para convertir un problema crítico en una solución de alto impacto social.
Un caso emblemático, citado por Eker Machado, secretario General de la Fundación Santo Domingo, muestra cómo la articulación entre gobierno, sector privado y comunidad logró revertir una situación de riesgo y precariedad en la zona sur de Cartagena, en la que existen más de 900 casas y habitan más de 3.500 personas, asentamiento surgido a causa de la urbanización ilegal. Ese asentamiento, en el sector conocido como La Sevillana, construido sobre el lote denominado Magulla, que hace parte del Macroproyecto de Vivienda de Interés Social Nacional Ciudad de Bicentenario, pasó de ser una zona de invasión a un ejemplo de desarrollo sostenible gracias a unión de esfuerzos entre el gobierno, sector privado y la comunidad.
Este caso muestra cómo la intervención integral puede generar un impacto social de gran escala.
El lote en mención, propiedad de la Fundación Santo Domingo, fue objeto de invasión hace unos años y se consolidó una construcción de más de 900 viviendas. La comunidad sufrió los efectos de vivir en lotes adquiridos sobre una titularidad falsa, por lo que también empezaron a sufrir falta de servicios públicos, falta de urbanismo, inseguridad, entre otros.
Para nadie es un secreto que, debido al crecimiento desmedido de la población y otros aspectos como el desplazamiento y limitaciones en la adquisición de viviendas, entre otros factores, el fenómeno de la invasión ha crecido de manera exponencial en muchas ciudades del país. Lograr una solución exitosa a este factor social se ha convertido en una enorme presión para el gobierno e incluso para el sector privado.
Eker Machado explica que la mayoría de las personas que viven en asentamientos informales llegaron a las ciudades buscando un mejor futuro. Sin embargo, también hay habitantes locales que, por falta de recursos para adquirir vivienda, se ven obligados a ocupar terrenos ajenos. Esta necesidad ha sido aprovechada de manera desafortunada por individuos y grupos al margen de la ley, que terminan lucrándose de la pobreza
Primer paso: liderazgo comunitario
La Fundación Santo Domingo considera que para abordar el tema de las invasiones y llegar a una solución exitosa es necesario partir del reconocimiento del liderazgo comunitario positivo y no de aquellos líderes que trabajan para estructuras o grupos ilegales de invasores, ya que es muy difícil que la comunidad avance hacia su desarrollo con ellos.
Para la Fundación el liderazgo positivo es vital, toda vez que no se pueden desarrollar estrategias si no se cuenta con el apoyo de la comunidad.
“… En todos los territorios hay líderes y es importante que ellos tengan la oportunidad de fortalecer su liderazgo a través de capacitaciones y herramientas que les permitan encontrar soluciones integrales para sus comunidades”, dice Machado.
La administración distrital ha enfatizado que el éxito de la legalización urbanística depende en gran medida de la disposición de la comunidad.
Otros pasos
También es importante el ordenamiento jurídico colombiano y las herramientas de legalización urbana, lo cual sería más fácil utilizar cuando el propietario del predio participa en el proceso. Es deber constitucional del gobierno garantizar el derecho a la vivienda digna, a un ambiente sano, etc., pero también tiene que propender por la legalidad de su territorio. No puede un gobierno tolerar los procesos de invasiones y que no pase nada, por eso la autoridad tiene el deber de mantener ese ambiente de legalidad y de control urbano en su territorio.
Pero legalizar no es solo dar un título, según el representante de la Fundación, también es llevarle servicios públicos a esa zona, acceso a vías pavimentadas, servicio de seguridad, de educación, etc., lo cual permitiría también ir reduciendo el tema de pobreza.
La experiencia exitosa
La Fundación Santo Domingo, en el marco de la legalización urbana de La Sevillana, abordó el proceso desde dos frentes: la aclaración jurídica y el fortalecimiento del liderazgo comunitario. Para ello, trabajó junto con la Alcaldía de Cartagena en iniciativas orientadas a formalizar asentamientos informales, considerando que muchas familias habían adquirido sus viviendas de buena fe.
Más de 3500 personas beneficiadas con la legalización.
La Fundación, en articulación con el Ministerio de Vivienda, la Alcaldía de Cartagena y otras entidades iniciaron un proceso para llevar a esta zona, no solo una oferta de servicios sociales, sino herramientas técnicas para que la comunidad iniciara el proceso de legalización urbanística del sector. Lo importante fue el trabajo articulado institucionalmente entre las entidades participantes, ya que de manera aislada fuese sido difícil lograrlo.
Legalizar implica desarrollo
Para la Fundación, el tema de pobreza tiene muchas dimensiones, una de ellas es la gente y el ambiente donde se desarrollan. Si la comunidad se levanta en una zona donde no son propietarios se genera incertidumbre, no tienen sensación de pertenencia y se crea un contexto en que la comunidad no se moviliza para buscar mejoras y no trabajan en el mejoramiento o eliminación de los factores de pobreza.
El caso de La Sevillana demuestra que, frente a la complejidad de las invasiones, la unión público‑privada, sumada a la organización comunitaria, no solo resuelve un problema inmediato de vivienda, sino que genera un impacto social de alto alcance: seguridad, salud, educación y empleo.
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El Distrito y la Fundación Santo Domingo trabajan de la mano por culminar la legalización de los predios y para que los habitantes de buena fe que fueron engañados puedan vivir en un lugar lleno de oportunidades.