A finales de octubre, tras un encuentro con el Ministerio de Defensa y las Juntas de Acción Comunal, la Alcaldía anunció el inicio de patrullajes militares de la Infantería de Marina, con el fin de reforzar las acciones para garantizar la seguridad en Cartagena.
Los barrios focalizados, según explicó la administración, son aquellos con mayores índices de criminalidad, que para el caso de los sicariatos son Olaya Herrera, Nelson Mandela, Nuevo Paraíso, El Pozón, La María, Fredonia, San Pedro Mártir y La Esperanza. Lea: Van 297 homicidios en el 2025, en Cartagena: en octubre mataron a 24 personas
En cuanto al delito de hurto, los sectores son Centro, Bocagrande, Crespo, La Boquilla, Blas de Lezo y Zaragocilla, que según las autoridades, responden a dinámicas de actividad comercial y turística.
Aunque la medida fue aplaudida por algunos sectores, también ha despertado alertas entre las organizaciones de la sociedad civil, que insisten en que más actores armados en las calles no necesariamente se traduce en más seguridad. Por el contrario, advierten que se pueden incrementar las tensiones sociales, poniendo en riesgo la garantía de derechos de los grupos más vulnerables.
La presencia militar en los barrios de Cartagena
Desde Ilex Acción Jurídica, organización que ha trabajado por la justicia racial en Cartagena, manifestaron su preocupación por la medida, considerando su aplicación especialmente en barrios que han sido empobrecidos y racializados.
“Lo que está documentado es que el relacionamiento de estas fuerzas con la población civil generalmente se da desde el fenómeno de la criminalización, el perfilamiento racial y la hipervigilancia. Esto desencadena fenómenos como detenciones arbitrarias, retención de documentos, lesiones y homicidios, de los cuales incluso ya hay sentencias”, advirtió Dayana Blanco, directora de la organización. Lea: A la cárcel fueron enviados policías implicados en muerte de Harold Morales
En este sentido, afirmó que más patrullajes no implican mayores garantías de seguridad. “Estas medidas lo que pretenden es poner a un actor armado legal para detener los delitos, pero eso no va a acabar la criminalidad. Eso lo que va a causar es mayor tensión en los territorios, porque también está documentado que generalmente la Policía y las Fuerzas Militares no saben cómo relacionarse con la sociedad civil, pues hay muestras de uso desproporcionado, ilegítimo y discriminatorio de la fuerza”, indicó. Lea también: Denuncian violenta agresión a joven en Bicentenario: Policía dio su versión
Esta posición coincide con la que también ha manifestado el Movimiento de Mujeres Negras, Barriales y Periféricas de Cartagena, que también expresó su rechazo la medida. “Nos oponemos a esta decisión de la Alcaldía debido a que no orienta una solución del problema, brinda una sensación de seguridad que queda en lo irreal y no se convierte en un hecho fáctico. Por el contrario, robustece el daño y evade el debate político sobre el problema central de la desigualdad en Cartagena”, indicó Airlin Pérez, representante del Movimiento.
Para la organización, esta medida hace más vulnerables a los habitantes de estos barrios, en especial a los jóvenes, que quedan en medio de las disputas que libran las estructuras criminales y terminan siendo las principales víctimas. Lea: Hombres entre los 20 y 39 años, las principales víctimas de los homicidios en Cartagena
Por este motivo, Pérez asegura que los riesgos son evidentes, más aún en esta época festiva. “Esta situación legitimará cualquier abuso de poder y uso desproporcional de la fuerza para controlar, hipervigilar y criminalizar cuerpos racializados y empobrecidos; así como prácticas culturales colectivas desde los barrios estigmatizadas con la criminalidad o el desorden”, puntualizó. Le puede interesar: Grupos de bullerengue denuncian discriminación y convocan a plantón
La visión de seguridad en Cartagena
Para las organizaciones esto debe invitar a una reflexión sobre la visión de seguridad que se tiene en Cartagena. “No se analiza la seguridad desde los factores estructurales que hay que resolver para que todas las personas tengan sus necesidades básicas satisfechas. La seguridad no puede verse solo desde el enfrentamiento del delito, sino desde un plano general, de las problemáticas sociales y cómo funcionan las estructuras criminales en los barrios”, aseguró Blanco.
Así mismo, cuestionó otras medidas restrictivas que se han tomado en Cartagena en nombre del orden público. “Estos aparatos de seguridad interactúan con unos estereotipos e imaginarios sociales que al final no resuelven ningún problema, pues en vez de lograr la llamada seguridad, acentúan la violencia que enfrenta la gente en Cartagena y peor aún, limitan el derecho a la ciudad”, indicó. Lea: Las 6 restricciones de orden público para el Centro Histórico de Cartagena
En esta misma línea, desde el Movimiento de Mujeres Negras, Barriales y Periféricas, insisten en que es necesario que las políticas de seguridad tengan un enfoque de justicia social, más allá de un modelo revictimizante.
“Esto pasa por un direccionamiento político capaz de poner los recursos públicos al interés de las mayorías y no a los intereses de una ciudad mercancía al servicio de intereses privados. En resumen, implica una política social que defienda la ciudad popular y no la entregue a intereses particulares, de mafias y del capital”, puntualizó Pérez. Lea: Cartagena: entre el encanto turístico y la realidad de la pobreza
El llamado a la Alcaldía de Cartagena
Ante esta situación desde Ilex Acción Jurídica pidieron a la Alcaldía de Cartagena cumplir con su deber de capacitar a los funcionarios en enfoque de género y étnico racial, lo cual fue ordenado mediante orden judicial. Lea: Mujeres ganan tutela contra la Alcaldía por caso de discriminación en el Centro
“Esto no se debe reducir a simples talleres, debe ser una política seria de formación que incluya además a las organizaciones de la sociedad civil de Cartagena”, expuso Blanco.
Además, insistió en que la ciudad no debe caminar hacia la militarización. “Debemos abogar por una ciudad que garantice seguridad en términos de materialización de derechos fundamentales de las personas que están en las mayores líneas de pobreza. La desigualdad se supera con políticas públicas claras y financiadas”, agregó. Lea: Cartagena Cómo Vamos: 1 de cada 2 habitantes se considera pobre
De igual manera, indicó que distintos colectivos sociales, como el Movimiento de Mujeres Negras, Barriales y Periféricas, han venido haciendo un trabajo desde las bases comunitarias para que se pueda entender la seguridad desde un enfoque de derechos humanos.
“Como organizaciones y movimientos sociales seguiremos recuperando la organización, la acción y la movilización popular y barrial para seguir disputando la vida por encima de políticas de muerte y militarización”, señaló Pérez.
¿Qué dice la Secretaría del Interior?
Ante los riesgos advertidos por las organizaciones, desde la Secretaría del Interior afirmaron que en Cartagena “no va a haber una militarización total y radical”.
“La presencia de la fuerza pública que se plantea junto a la Infantería de Marina está focalizada en los barrios con mayores índices de criminalidad; y es compartida junto a la Policía, las Juntas de Acción Comunal y entidades del Distrito con funcionarios capacitados en gestión social, derechos humanos y relacionamiento con la ciudadanía”, dijeron. Lea: Dumek Turbay pide al Gobierno Nacional apoyo de la Infantería de Marina en zonas críticas de Cartagena
Bajo este entendido, afirmaron que la seguridad “en ningún momento ha sido un ámbito liderado por un solo actor”, sino por “muchas fuerzas y voluntades que trabajan en conjunto de forma multidisciplinaria e integral”.
“Es respetable la posición de los grupos poblacionales que tengan alguna preocupación o incertidumbre frente a una posible afectación de derechos, resultado de alguna eventual hipervigilancia o sobreexposición, por lo que, así como gran insumo de este proceso fue la petición ciudadana mayoritaria, también se hace necesario atender posturas contrarias, en cuanto a garantizar y fortalecer protocolos de transparencia en la seguridad, preservación de derechos, evitar estigmatizaciones y demostrar con objetividad y elementos medibles que la presencia militar no será un remedio peor que la enfermedad que es la inseguridad”, dijeron.
La dependencia agregó que este proceso también ha sido socializado con el acompañamiento de la Personería, la Defensoría, la Procuraduría y la Fiscalía, con el fin de brindar garantías. Lea: Arrancan patrullajes militares en las tres localidades de Cartagena
“El Batallón No. 14 de la Infantería de Marina no está en Cartagena para hacer requisas, sino para fortalecer un enfoque táctico y geográfico que busca neutralizar con presencia militar y de inteligencia judicial los focos de violencia, en aras de perseguir y debilitar las bandas criminales al servicio del narcotráfico y la extorsión, no para concentrarse en conflictos sociales o civiles”, puntualizaron.