El pasado mes de octubre, el Ministerio de Minas y Energía presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ley “por medio del cual se establecen mecanismos para la regulación justa y la democratización del sector energético”, el cual introduce importantes cambios que impactan las tarifas de energía.
La iniciativa ha sido controvertida, pues mientras algunos aseguran que permitirá aliviar el bolsillo de los usuarios en condiciones más vulnerables, otros afirman que será todo lo contrario, que se encarecerán las facturas y también se pondrá en riesgo el sistema eléctrico.
Le puede interesar: Cambios en subsidios de energía y opción tarifaria prenden alertas en el Caribe
El Universal le explica cinco cambios sustanciales que contempla este proyecto de ley.
1. Subsidios de energía eléctrica
Bajo la premisa de “incentivar la eficiencia del consumo energético”, el proyecto de ley establece cambios en los criterios para la entrega de subsidios, que actualmente aplican para los usuarios de estratos más bajos.
El documento establece que este subsidio “podrá disminuirse condicionalmente” en caso de que el consumo exceda un umbral determinado, el cual sería fijado mediante un estudio técnico realizado por el Ministerio de Minas y Energía.
Lea: Más de 5 millones de usuarios del Caribe perderían subsidios de energía
Aún así, se establece que el subsidio no podrá ser disminuido cuando se acredite que el exceso de consumo responde a circunstancias de vulnerabilidad, dependencia energética por condiciones de salud, condiciones climáticas extremas o composición numerosa del hogar.
2. Redistribución de la deuda de la opción tarifaria
Otro punto es la redistribución de la deuda de la opción tarifaria. El proyecto propone que los usuarios de estratos 5, 6, no residenciales y no regulados a nivel nacional asuman lo que le corresponde a los estratos 1, 2 y 3, de tal manera que estos últimos no deban pagar.
Lea: Minminas propone que “sectores ricos” paguen la opción tarifaria de energía
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) sería la encargada de definir los mecanismos especiales para asignar los saldos, mientras que el Ministerio de Minas y Energía determinará excepciones para no afectar a la economía popular y a usuarios no residenciales ubicados en estratos 1, 2 y 3.
3. No más tasas en facturas de energía
El proyecto de ley también establece que en la factura de energía eléctrica no podrán cobrarse tasas, impuestos o cualquier otra contribución diferente al valor de este servicio. De esta manera, se da un plazo máximo de un año a las entidades territoriales para que modifiquen el hecho generador de este tipo de tributos.
Lea: Califican de “ilegal e indecente” el cobro de la Tasa de Seguridad en Bolívar
Por otro lado, se propone que en las facturas en las que se cobren varios servicios públicos sea obligatorio totalizar por separado cada uno, de tal forma que puedan ser pagados de manera independiente, con excepción del servicio de aseo y el de saneamiento básico.
De esta manera, si hay sanciones por no pago, estas solo podrán ser aplicadas respecto del servicio en mora.
4. Mercado de energía mayorista
Se propone que la CREG realice ajustes al reglamento de operación del mercado de energía mayorista, con el fin de que con base en criterios técnicos, se establezcan esquemas diferenciales para la formación de precios por tecnología de generación de electricidad, con topes máximos y mínimos de conformidad a un estudio que se elabore.
Lea: De esta manera el Gobierno busca estabilizar tarifas de energía en el Caribe
De igual forma, se propone la implementación de mecanismos de estabilización tarifaria para limitar la exposición de los usuarios a la volatilidad de los precios de la bolsa de energía y aumentar los niveles de contratación bilateral a largo plazo.
5. Composición de la CREG
En materia de gobernanza, el proyecto introduce cambios en la composición de la CREG, incluyendo ahora a representantes de la academia, los sindicatos y los ciudadanos.
De esta manera, según el proyecto de ley, quedaría integrada por el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, cinco expertos en asuntos energéticos, un experto de la academia, un representante de los usuarios y un representante los sindicatos de trabajadores del sector.
Observaciones al proyecto del Ministerio de Minas y Energía
El proyecto de ley ha sido sujeto de observaciones por parte de diferentes actores. La Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe, por ejemplo, aseguró que su implementación es lesiva para la región considerando que hay riesgo de que muchos hogares pierdan los subsidios que actualmente reciben.
Así mismo, manifestaron su tajante desacuerdo con la propuesta de redistribuir los saldos de la opción tarifaria, al considerar que el Gobierno Nacional es quien debe asumir el pago, tal como se había comprometido a hacerlo en 2024.
Por otro lado, los gremios del sector energético advirtieron que el proyecto de ley no resuelve los problemas estructurales que en su criterio son los que requieren medidas, como el riesgo de desabastecimiento por la insuficiencia de la oferta.
Lea aquí: Gremios del sector energético se pronuncian del Proyecto de Ley 432 de 2025
Ante esto, proponen que en vez de presentar un proyecto de ley, se tomen acciones inmediatas que permitan garantizar la confiabilidad del servicio, como asegurar la ejecución de proyectos y brindar seguridad jurídica.
De la misma manera, coinciden en que el Estado debe asumir el pago de la opción tarifaria y garantizar los recursos para el pago de subsidios, toda vez la deuda por este concepto ya asciende a $2,8 billones y compromete la liquidez de los prestadores.