La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanza en la implementación de la Ruta de la Memoria en los 20 municipios de la zona de influencia del canal del Dique, una medida cautelar que busca proteger zonas donde podrían encontrarse cuerpos de víctimas de desaparición forzada.
La iniciativa busca mantener viva la historia y la dignidad de las víctimas del conflicto armado a través de sitios conmemorativos construidos junto a las comunidades, que promuevan el reconocimiento, la reparación y la no repetición.
¿Qué es la Ruta de la Memoria del Canal del Dique?
La Ruta de la Memoria es una medida ordenada por la JEP dentro de su mandato de justicia transicional. Su propósito es preservar la memoria de las víctimas de desaparición forzada en los municipios del canal del Dique mediante la creación de monumentos y espacios conmemorativos. Le puede interesar: JEP reconoce al Canal del Dique como víctima del conflicto armado
Cada sitio contará con un monumento y una persona (descriptor) que relatará las historias de resistencia y resiliencia de las comunidades, muchas de ellas negras, afrodescendientes y palenqueras, que sufrieron los impactos del conflicto armado.
La semana pasada, durante dos días, la magistrada María del Pilar Valencia, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, recorrió ocho municipios -Repelón (Atlántico), San Estanislao, Soplaviento, Santa Rosa de Lima, Turbaco, Mahates, Arroyo Hondo y Calamar (Bolívar)- para constatar los avances en la ejecución de la medida cautelar.
En cada territorio, la JEP verificó el compromiso de comunidades, autoridades locales y organizaciones peticionarias por convertir los sitios de memoria en espacios de encuentro, reparación y dignificación de las víctimas. Lea: “Veíamos más sangre humana que peces”: víctimas del Dique a la JEP
Repelón lidera la implementación de la Ruta de la Memoria
El municipio de Repelón, en el Atlántico, se destaca como el de mayor cumplimiento en la ejecución de las órdenes judiciales. La JEP indicó que allí, el sitio conmemorativo del corregimiento de Villa Rosa registra un 80 % de avance, resultado del trabajo conjunto entre víctimas, autoridades y las organizaciones Ruta del Cimarronaje y Abokar, peticionarias de la medida.
“Estos espacios no buscan recordar con rencor, sino mantener viva la memoria como un derecho de las víctimas a recordar. Recordar es conservar en la conciencia colectiva lo que ocurrió, para que las futuras generaciones no pierdan de vista el pasado y así garanticemos el derecho fundamental a la no repetición”, expresó la magistrada María del Pilar Valencia.
En Calamar (Bolívar), la JEP destacó el valor simbólico del sitio escogido para el monumento por su cercanía al canal del Dique. En Mahates, Arroyo Hondo, Soplaviento, Santa Rosa de Lima y Turbaco, la JEP reconoció progresos, aunque insistió en alcanzar consensos sobre los diseños y materiales para garantizar que los monumentos reflejen la identidad y expectativas de las víctimas.
Por otro lado, la magistrada exhortó a las poblaciones de San Estanislao de Kostka, San Onofre, Cartagena, Suan, Turbana, Marialabaja, Campo de la Cruz y Santa Lucía a fortalecer la concertación y cumplir los compromisos adquiridos con la medida cautelar. Lea: JEP advierte incumplimientos en medidas del megaproyecto del Canal del Dique
Cómo contribuye la JEP a la reparación simbólica en el canal del Dique
La JEP ha complementado este proceso con una serie de herramientas técnicas que fortalecen su acción en la región. En mayo del 2024, la Jurisdicción presentó tres instrumentos fundamentales: el Protocolo Arqueológico Forense, con enfoque territorial, étnico y de género, diseñado para aplicarse en el contexto del canal del Dique; y los Lineamientos Nacionales para la Protección de Cuerpos de Presuntas Víctimas del Conflicto Armado en proyectos de infraestructura.
La JEP destacó que estas medidas hacen parte de un abordaje integral del fenómeno de la desaparición forzada, con el fin de garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición.
Aliados institucionales de la Ruta de la Memoria
La magistrada María del Pilar Valencia destacó el acompañamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y del Centro Nacional de Memoria Histórica, entidades claves para asegurar la apropiación social y sostenibilidad de los sitios conmemorativos.
También llamó a las gobernaciones de Atlántico, Bolívar y Sucre a fortalecer su liderazgo en la articulación de los 20 monumentos que integran la Ruta de la Memoria, con el objetivo de consolidar un proceso regional de reparación simbólica y garantía de no repetición.