La semana pasada, el Ministerio de Minas y Energía radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley que ya había anunciado para modificar el marco regulatorio del servicio de energía eléctrica.
El documento llegó al Legislativo con varias propuestas que han causado polémica, en especial para los usuarios de la Costa Caribe, quienes han sido los más afectados por las alzas de las tarifas. Los puntos más polémicos tienen que ver con cambios en los subsidios y en el pago de la deuda de la opción tarifaria.
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Aún así, desde el Ministerio de Minas y Energía han defendido el proyecto, asegurando que contribuye a la democratización de este servicio a nivel nacional. “Una regulación justa es la base de la justicia energética. Estamos construyendo un sistema que combine sostenibilidad, solidaridad y transparencia, en el que la energía sirva al desarrollo de la gente y no al revés”, dijo el ministro Edwin Palma.
Los cambios en los subsidios de energía eléctrica
El proyecto de ley establece una reducción en los subsidios de energía eléctrica de manera condicional, es decir, para aquellos usuarios que excedan un umbral de consumo que será definido mediante un estudio técnico.
De acuerdo con el Ministerio, el objetivo de esta medida es “evitar que un hogar de altos ingresos y elevados consumos de electricidad residente en una vivienda de estratos 1, 2 o 3 se beneficie de subsidios que no requiere”.
Aún así, el proyecto indica que la disminución no se aplicará cuando se acredite que el exceso en el consumo corresponda a circunstancias de vulnerabilidad, condiciones de salud, situaciones climáticas extremas o composición numerosa del hogar.
Pese a esto, para la Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe, lo establecido en el proyecto de ley es lesivo para la región, pues termina poniendo en riesgo los subsidios que reciben más de 5 millones de personas.
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“En la exposición de motivos del proyecto se señala que en la Costa Caribe actualmente hay 2.500.000 familias que reciben subsidios por estar en los estratos 1, 2 y 3, pero que solo el 42% de los usuarios que reciben el subsidio en la actualidad son realmente merecedores de él. Esto quiere decir que podrían perder el subsidio el 58% de quienes hoy lo reciben”, advirtieron.
Opción tarifaria sería pagada por estratos 5 y 6
La otra propuesta que ha desatado controversia es la del pago de la deuda de la opción tarifaria, que como había anticipado el Ministerio de Minas y Energía, sería asumida por los usuarios de los estratos 5 y 6, los no residenciales y los no regulados, “en concordancia con el principio de solidaridad”.
De esta manera, estos usuarios además de pagar su propia deuda, también deberán asumir la que le corresponde los estratos 1, 2 y 3.
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“Al redistribuir estos saldos hacia usuarios con mayor capacidad de pago, se libera a los más vulnerables de una carga financiera que no podrían cubrir sin afectar su acceso continuo al servicio”, argumentaron.
Sin embargo, para la Liga de Usuarios esta medida representa un incumplimiento del mismo Gobierno Nacional. “El presidente Gustavo Petro se había comprometido el año pasado a que el Estado asumiría el pago de esta opción tarifaria y ahora se la pretenden trasladar a la clases medias, altas, a entidades oficiales y al sector productivo”, indicaron.
Tras su radicación, el proyecto seguirá el curso correspondiente en el Congreso de la República.