Más de $300 mil millones deja de recaudar anualmente Afinia en los barrios eléctricamente subnormales, una cifra que refleja el impacto financiero y operativo que esta situación representa para la sostenibilidad del servicio de energía en la región Caribe.
Desde la Ley 812 de 2003, Colombia reconoció oficialmente a estas zonas como especiales y estableció la necesidad de garantizarles acceso a la energía bajo esquemas diferenciales. Sin embargo, más de dos décadas después, la brecha sigue siendo profunda y pone en riesgo tanto la estabilidad del sistema eléctrico como la seguridad de miles de familias. Lea aquí: Se mantiene alerta en Cartagena por tormenta tropical Melissa en el Caribe
887 barrios en condiciones subnormales
Afinia solo recauda el 5% del consumo eléctrico en barrios subnormales del Caribe, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del servicio.
Estas comunidades consumen en promedio 49 millones de kWh mensuales, con una facturación cercana a $26.483 millones, pero con un recaudo efectivo de apenas $1.375 millones, lo que equivale a una tasa de recaudo del 5,19 % mensual.
Del total de sectores atendidos, solo 377 barrios cuentan con certificación técnica expedida por las alcaldías, equivalente al 42,5 %, requisito que debe renovarse anualmente y que acredita la falta de infraestructura eléctrica formal.
Mientras se gestionan recursos para ejecutar proyectos de normalización, Afinia mantiene el suministro mediante 2.169 medidores totalizadores o comunitarios, que agrupan alrededor de 165 mil familias y permiten mantener el servicio, aunque sin facturación individual ni control de consumo.
“Superar la subnormalidad eléctrica no solo es un reto técnico, sino una urgencia social. Cada familia que logra acceder a un servicio formal representa un paso hacia un Caribe más seguro y sostenible”, señaló Ricardo José Arango Restrepo, gerente general de Afinia.
búsqueda de soluciones
Para enfrentar el problema, la empresa adelanta un censo detallado de suministros no residenciales en estas zonas, con el fin de diseñar esquemas de facturación más justos y sostenibles.
Asimismo, se desarrollan mesas técnicas con alcaldías, gobernaciones y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, enfocadas en priorizar barrios e impulsar proyectos de modernización eléctrica y legalización de usuarios.
Las acciones incluyen:
- Renovación de redes e instalación de medidores individuales.
- Sustitución de transformadores comunitarios.
- Campañas de cultura de pago y uso seguro de la energía.
Una deuda social y financiera con el Caribe
Más allá del impacto económico, la subnormalidad eléctrica representa una deuda social con comunidades que viven en condiciones precarias. En muchos sectores, las conexiones se realizan con postes de madera, cables improvisados o materiales reciclados, sin condiciones seguras ni respaldo técnico. Lea aquí también: Gobierno subió el precio de la gasolina y el ACPM, ¿Cuánto?
“Nuestro propósito es transformar la realidad energética del Caribe, pero para lograrlo se requiere el esfuerzo conjunto de empresa, autoridades y comunidad. La corresponsabilidad ciudadana es clave para garantizar la estabilidad del sistema”, indicó Arango Restrepo.