Tras el desplazamiento masivo que se vivió en Arenal del Sur a principios de septiembre, cuando decenas de familias de los corregimientos de San Agustín y Santo Domingo tuvieron que trasladarse hasta la cabecera municipal por la amenaza de los grupos al margen de la ley, las víctimas iniciaron el retorno a sus hogares.
Los pobladores se estaban quedando en un albergue que fue instalado en un escenario deportivo del municipio, sin embargo, ante la pérdida de sus cultivos y las condiciones incómodas en las que se encontraban decidieron volver a sus veredas.
Lea: Crisis humanitaria en Arenal del Sur: más de 500 familias desplazadas
Ante esto, manifestaron su preocupación por la falta de garantías para el regreso, pues cuentan que aunque se les brindó ayuda humanitaria cuando recién se desplazaron, se quedaron esperando nuevos insumos prometidos por las autoridades.
Además, temen por las condiciones de seguridad en el camino a sus territorios, considerando la posible presencia de minas antipersonas que puedan significar un riesgo para sus vidas.
Son alrededor de 382 familias las que han abandonado la cabecera municipal y ya se encuentran rumbo a sus hogares, por lo que exigen el acompañamiento de las autoridades para garantizar su seguridad.
¿Qué dice la Secretaría de Seguridad de Bolívar?
Ante la situación reportada por los pobladores el secretario de Seguridad de Bolívar, Manuel Berrío Scaff, manifestó que se han tomado medidas. “Las garantías de seguridad están dadas desde hace más de 15 días. Tropas de la Brigada de Selva No. 19 llegaron hasta los corregimientos de San Agustín y Santo Domingo y hacen presencia en la zona”, dijo.
Sin embargo, advirtió que en efecto no se han entregado apoyos que fueron prometidos. “Las personas en condición de desplazamiento estaban esperando ayudas por parte del Gobierno Nacional que nunca llegaron”, afirmó.
La violencia en Arenal del Sur
En Arenal de Sur hacen presencia diferentes grupos armados al margen de la ley que se disputan rentas ilegales como la minería, la extorsión y los cultivos de coca, pero en los últimos meses la situación se ha agudizado debido a las amenazas a la población civil.
En el municipio se tiene reporte de un hostigamiento, un paro armado y del desplazamiento masivo de cientos de personas. Frente a esto, desde el Ministerio Público han insistido en la necesidad de tomar medidas de fondo que eviten la revictimización y la vulneración de derechos.