Hace varias semanas, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes publicó para comentarios un proyecto de resolución por medio del cual se busca aprobar el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Paisaje Cultural Fortificado de Cartagena de Indias.
Su objetivo es la conservación y sostenibilidad del patrimonio histórico sobre un área total de 43.729 hectáreas, de las cuales 20.680 son continentales y 23.048 son marítimas, abarcando un territorio que va desde Punta Canoa, en la zona norte, hasta la península de Barú, incluyendo al Centro Histórico y a la isla de Tierrabomba.
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El documento es el resultado de un proceso de diagnóstico y formulación que se realizó entre los años 2018 y 2022, a través de una metodología de participación comunitaria, que incluyó visitas, talleres y mesas de trabajo con diferentes actores.
Sin embargo, tras la publicación del borrador, el texto del proyecto ha causado diversas opiniones, pues aunque hay consenso sobre la necesidad de proteger los bienes de interés cultural en la ciudad, algunos sectores han manifestado inconformismo con ciertas disposiciones.
Por otra parte, expertos en patrimonio aseguran que la resolución del Paisaje Cultural Fortificado será beneficiosa para Cartagena, al considerar a un amplio conjunto de elementos que ahora serán cobijados por un instrumento de protección y salvaguarda.
Las dudas del sector de la construcción de Cartagena
Uno de los primeros sectores en pronunciarse sobre el proyecto fue el de la construcción, que manifestó reparos en torno a posibles restricciones técnicas para la ejecución de obras e implicaciones sobre la norma urbanística local.
“Reconocemos la importancia de instrumentos como el PEMP para conservar el paisaje cultural y las fortificaciones de Cartagena. Sin embargo, nos preocupa que la propuesta de aplicar este plan sobre 43 mil hectáreas, sin parámetros claros de alcance ni lineamientos de intervención, genere incertidumbre jurídica y vacíos normativos”, expresó Irvin Pérez, gerente de Camacol Bolívar.
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Entre los cuestionamientos que hace el gremio están los límites de edificabilidad de hasta tres pisos en la zona de influencia del Paisaje Cultural Fortificado, el uso de técnicas tradicionales para procesos de conservación y restauración arquitectónica y posibles conflictos de competencias entre el Ministerio de las Culturas y el Distrito de Cartagena para la gestión de permisos.
“Una ciudad como Cartagena, requiere, como condición básica de desarrollo, la seguridad jurídica en los requisitos para ejecutar proyectos. Nos hemos vuelto expertos en producir vacíos interpretativos cada vez que se intentan regular aspectos ambientales, culturales o sociales, lo cual termina en contraposiciones de competencias y en el debilitamiento de la autonomía que la ley le otorga a los distritos especiales. En la práctica, esto convierte el desarrollo urbano en un laberinto de trámites que afecta la planeación, el licenciamiento y la confianza de los inversionistas”, dijo.
Ante esto, desde el gremio invitaron al Ministerio de las Culturas a definir criterios técnicos y procedimientos específicos para “armonizar la protección patrimonial con la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible de la ciudad”.
Observaciones desde la Academia de Historia de Cartagena
Jorge Dávila-Pestana, miembro de número de la Academia de Historia de Cartagena, también se pronunció, recordando que en 2022, se convocó una reunión de socialización sobre el tema.
Señaló que en ese entonces se hicieron observaciones que quedaron plasmadas en un acta, las cuales considera que no fueron acogidas por el Ministerio en el borrador.
Entre ellas se encuentran preocupaciones sobre la delimitación de las áreas afectadas, la actualización de la norma de los niveles de intervención y la articulación del componente cultural con otros instrumentos de gestión patrimonial como los PEMP de las Murallas y el Castillo San Felipe; las Fortificaciones de la Bahía; y el Centro Histórico, recientemente radicado.
Alcaldía de Cartagena pide revisión a Minculturas
A la controversia también se sumó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien envió un oficio al Ministerio de las Culturas. En él, advierte de inconsistencias en el documento que en su criterio, pueden poner en riesgo la gobernanza local y la planeación territorial.
“Respeto las decisiones que desde las instituciones del orden nacional se emitan, no sin antes someter a discusión y deliberación lo que se proyecta. Es lo mínimo, y por eso solicitamos una mesa de trabajo conjunta”, indicó el mandatario.
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Al igual que lo expresaron desde la Academia de Historia, Turbay pidió articular la norma con los demás instrumentos de planeación, con el fin de evitar superposiciones regulatorias o contradicciones en su aplicación.
“Lo único que pedimos es coherencia normativa y articulación entre los distintos instrumentos de gestión patrimonial. Esperemos que se genere el espacio para la sesión de trabajo conjunta previa a la expedición del documento”, afirmó.
La importancia del Paisaje Cultural Fortificado de Cartagena
En contraparte a lo que han manifestado otros sectores, Jaime Correa Vélez, experto del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) y miembro votante por Colombia del Comité Científico Internacional de Paisajes Culturales, asegura que las consecuencias para Cartagena con la resolución serán positivas.
“La ciudad se convertirá en un gigantesco parque arqueológico cuyo Paisaje Cultural Fortificado quedará blindado contra amenazas como el Aquarela. Zonas de amortiguación alrededor de múltiples estructuras de arquitectura militar e industrial con valor único excepcional, serán protegidas de la presión inmobiliaria, dotándolas de espacio público, equipamiento urbano y museografía. Hacerlas visibles integrándolas a la oferta turística hará sostenible su mantenimiento y administración. Las bellísimas postales de Cartagena finalmente estarán protegidas, estimulando la renovación urbana en otras centralidades que tanto lo necesitan”, expresó.
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Para el experto, la resolución le dará altura a Cartagena como un patrimonio mundial reglamentado, como le corresponde tras la declaratoria que hizo la Unesco hace más de cuatro décadas. En este sentido, defendió las normas de protección que se establecen.
“Los materiales y sistemas constructivos para las intervenciones arquitectónicas solo rigen para estas estructuras protegidas. Las alturas solo estarán restringidas en alrededor de 280 hectáreas en 23 conjuntos arquitectónicos dispersos por todo el Distrito, no en las 43 mil hectáreas de la delimitación histórica”, aseguró.
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En cuanto a la distribución de competencias entre la Alcaldía y el Ministerio, resaltó que este aspecto ya está reglamentado desde hace más de una década a nivel nacional. “Las competencias fluyen orgánicamente, la Nación solo interviene en lo relativo a las estructuras protegidas, lo demás está regulado por los planes de ordenamiento territorial. Los PEMP precisamente evitan conflictos de competencias como los que Cartagena sufre frecuentemente. Nada justifica que en el centro histórico más grande, rico y complejo de Colombia sigan reinando el caso y la inercia”, dijo.
Correa Vélez destacó que la ley colombiana obliga a proteger el patrimonio ambiental y arquitectónico, y su regulación, a través de los PEMP produce beneficios en materia de espacio público, equipamiento urbano y arborización.
“Cartagena tiene un grave déficit en estos tres campos y la mejor solución es un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) cuyo corazón sea nuestro patrimonio histórico. La gente no es consciente de la escala de la declaratoria de patrimonio mundial de 1984, que está sustentada en la gran extensión del Paisaje Cultural Fortificado. Estábamos en mora de protegerlo y ahora la ciudad podrá disfrutar de los beneficios de la gestión asociada con su administración, regulación y sostenibilidad”, aseveró.
Oportunidad para la conservación del patrimonio histórico de Cartagena
Así mismo, Leonor Gómez Hernández, arquitecta y magíster en Restauración de Monumentos Arquitectónicos, aseguró que el PEMP es fundamental para la protección de valores, la mitigación de riesgos y el aprovechamiento de potencialidades.
“El PEMP sin duda ayuda a poner, por parte de las diferentes autoridades, una lupa y una atención al área delimitada para que se tomen acciones específicas y se logre, mediante un ente gestor, que esas acciones sean realizadas. Luego, es una gran oportunidad de atender su conservación, que seguramente va a redundar en los diferentes tipos de patrimonios allí identificados y visibilizados”, manifestó.
Gómez Hernández afirmó que es normal que para la protección de un bien de interés cultural se regulen alturas y se determinen niveles de intervención. “Las consecuencias de aplicar un PEMP para este conjunto de fortificaciones y cuidar la conservación del paisaje es muy importante y estaba en mora de hacerse”, dijo.
De hecho, destacó la oportunidad que hay para poner atención al perímetro de la bahía donde se ubican las fortificaciones, aunque sugirió excluir al Centro Histórico en tanto esta zona cuenta con su PEMP.
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“Lo que se sugiere, si se quiere sacar la resolución, es excluir al Centro Histórico y su zona de influencia, independientemente de que se refieran a los bienes de interés cultural existentes y se remitan a su PEMP”, afirmó.
El proyecto de resolución sigue siendo objeto de debate, mientras se está a la espera de que se defina cuál será su futuro.