El pasado 8 de septiembre, un nuevo hecho lamentable se registró en Playa Blanca, Isla Barú, donde un turista resultó gravemente herido por una lancha que lo arrolló cuando ingresó a la zona delimitada para bañistas e impactó al joven que nadaba en el área.
De acuerdo con información revelada en su momento por El Tiempo, el turista sufrió múltiples fracturas y lesiones internas, entre ellas tres costillas rotas, un pulmón perforado y daños en órganos vitales como el riñón y la vejiga.
El turista, identificado como Sebastián Valencia Rivera, estuvo varios días hospitalizado en el Hospital Universitario del Caribe (HUC) y fue dado de alta el pasado viernes 12 de septiembre. El director del Dadis, Rafael Navarro España, visitó al paciente en el centro asistencial para seguir de cerca su evolución. Lea: Joven en grave estado de salud tras accidente en Barú: Distrito se pronuncia
“Seguimos paso a paso su evolución, que ha sido satisfactoria. Continuaremos garantizando la mejor atención posible durante su recuperación”, informó en su momento el director del Dadis.
Caso de turista arrollado en Playa Blanca sigue en investigación
Frente al hecho, la Alcaldía de Cartagena y la Secretaría de Turismo expresaron su solidaridad con la víctima y anunciaron la apertura de investigaciones junto a la Dirección General Marítima (Dimar). Asimismo, confirmaron que se revisará el cumplimiento legal de la agencia de turismo y de la embarcación implicada.
“En articulación con la Dimar, autoridad competente en materia marítima, se adelantan las respectivas indagaciones, recordando que en Playa Blanca existen boyas instaladas con el fin de delimitar las áreas seguras para los bañistas y evitar la circulación de embarcaciones en dichas zonas”, indicaron desde la Secretaría de Turismo en un comunicado.
Asimismo, desde la entidad insistieron en que una vez enterados de la situación, de manera inmediata, estableciron contacto con los turistas afectados y autoridades competentes a fin de activar las rutas necesarias para adelantar la investigación correspondiente. Lea también: Joven resultó gravemente herido tras accidente con lancha en Barú: denuncia familia
“Paralelamente, se adelanta una verificación sobre la empresa con la que los turistas contrataron los servicios, para constatar que cumpla con todos los requisitos y documentación legal exigida para la prestación de actividades turísticas”, agregaron.
Los turistas afectados ya interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra los responsables de la embarcación.
Las sanciones que enfrentan las embarcaciones que incumplan las normas
El Universal se contactó con la Dirección General Marítima (Dimar), desde donde entregaron información sobre las sanciones que pordrían acarrear las embarcaciones que incumplan las normas debidamente establecidas en el Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC).
Ante este hecho, la autoridad marítima recordó que la operación de embarcaciones en la capital de Bolívar está regulada de manera estricta por un marco legal sólido. En jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Cartagena, las naves solo pueden prestar servicio tras cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC), sustentado en normas como el Decreto Ley 2324 de 1984, el Decreto 5057 de 2009, el Decreto 804 de 2021 y resoluciones como la 0355 de 2001 y la 2890 de 2015. La habilitación se concede únicamente mediante acto administrativo, luego de verificar el cumplimiento integral de estas disposiciones.
Dimar enfatizó que las embarcaciones que incumplen con los permisos o vulneran las condiciones establecidas se enfrentan a procesos administrativos sancionatorios. Estos pueden derivar en llamados de atención, suspensión o cancelación de permisos, así como la imposición de multas, dependiendo de la gravedad de la infracción.
De acuerdo con el artículo 80 del Decreto Ley 2324 de 1984, las sanciones económicas son significativas: las multas pueden ir desde 1 hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) —es decir, entre $1.423.500 y $142.350.000 para personas naturales— y entre 5 y 1.000 SMLMV —de $7.117.500 a $1.423.500.000— para personas jurídicas. El valor exacto se establece tras el análisis de cada caso particular dentro del proceso sancionatorio correspondiente.
La Capitanía de Puerto subrayó que estos mecanismos buscan garantizar la seguridad de los turistas y bañistas, así como el cumplimiento de la normativa marítima en zonas de alta afluencia como Playa Blanca, Barú.