La lupa por parte de las autoridades sigue apuntando a los hechos de corrupción que se presentan a lo largo y ancho del territorio nacional. Cartagena, no está exenta de este tipo de irregularidades.
La Fiscalía General de la Nación entregó información sobre el proceso judicial contra varias personas por un millonario desvío de dineros del sector salud en Cartagena y el departamento de Bolívar.
Según el ente acusador, los actos de corrupción se registraron en un colegio de Cartagena y de El Guamo (Bolívar). Entre las personas judicializadas figuran: Iván de Ávila Castellón, funcionario de la Contraloría Distrital; Manuel de los Santos Cassiani, exrector de una institución educativa, y el particular, Edwin Antonio Acuña de Voz. Lea: Colegio Antonia Santos: denuncian riesgos estructurales, Distrito se pronuncia
Imputación de cargos a los implicados en el millonario desfalco en el sector educativo
Una fiscal de la Unidad de Administración Pública les imputó de acuerdo con sus responsabilidades individuales los delitos de peculado culposo, abuso de confianza calificado y agravado, falsedad en documento privado; y asesoramiento y otras actuaciones ilegales.
De acuerdo con lo expresado por la Fiscalía, los hechos están relacionados con las presuntas irregularidades cometidas en la desviación de unos recursos públicos que estaban destinados para el sector educativo en dos instituciones (Cartagena y El Guamo, Bolívar) y se utilizaron con fines distintos a los establecidos normativamente.
“La Fiscalía da cuenta de que entre 2018 y 2022 Acuña de Voz, quien prestaba sus servicios como apoyo contable en dos colegios, se habría apropiado de aproximadamente 200 millones de pesos que debitó de sus cuentas bancarias”, manifestó el ente acusador. Le puede interesar: 8 colegios de Cartagena vuelven a obras tras fallo: ¿cómo garantizarán las clases?
Al parecer, la sustracción de la millonaria suma de dinero, se realizó por descuido del exrector, quien le entregó las claves de acceso y dicha información está prohibida revelarla a un particular.
Por otra parte, se constató que Ávila Castellón, con ocasión de la auditoría que se realizó en una de las instituciones educativas, habría prestado asesorías jurídicas a quien era la contadora en ese entonces, recibiendo dinero por ello. En ese sentido, el imputado, como funcionario, estaba inhabilitado para asesorar, gestionar y litigar a cualquier persona.