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Cartagena

Alcaldía de Cartagena pide a Minculturas frenar polémica resolución

La Alcaldía de Cartagena envió un oficio al Ministerio de las Culturas solicitando detener la expedición del documento hasta que haya una concertación al respecto.

Alcaldía de Cartagena pide a Minculturas frenar polémica resolución

El proyecto de resolución busca proteger el patrimonio histórico, pero algunas disposiciones han causado controversia. // Julio Castaño - El Universal

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Ante la controversia que ha provocado el proyecto de resolución publicado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para la declaración del Paisaje Cultural Fortificado de Cartagena de Indias como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, la Alcaldía envió un oficio solicitando detener la expedición del documento.

El proyecto del Ministerio de las Culturas propone la aprobación del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) para un área de 43.729 hectáreas, de las cuales 20.680 son continentales y 23.048 son marítimas, abarcando un territorio que va desde la zona norte en Punta Canoa, hasta la península de Barú, incluyendo al Centro Histórico y la zona insular de Tierrabomba.

La propuesta ha causado polémica, entre otros aspectos, por las restricciones que se establecen en materia de edificabilidad e intervenciones arquitectónicas, las competencias sobre la gestión del patrimonio y las implicaciones en la norma urbanística local. Lea aquí: Polémica por proyecto de Minculturas que pondría límites a obras en Cartagena

En su oficio, el alcalde Dumek Turbay advirtió al Ministerio de las Culturas que el PEMP del Paisaje Cultural Fortificado debe armonizar con otros planes especiales que ya existen o se encuentran en formulación en la ciudad, como el de las Murallas y el Castillo San Felipe; el de las Fortificaciones de la Bahía; y el del Centro Histórico. Además, aseguró que debe tenerse en cuenta el proceso de revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

“La coherencia entre estos instrumentos es fundamental para garantizar la eficacia de las medidas de conservación, la seguridad jurídica en los procesos de intervención y sobre todo, la sostenibilidad de los valores excepcionales que motivan la declaratoria como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional”, expuso. Lea también: PEMP del Centro Histórico, próximo a ser radicado ante Minculturas

Para el mandatario, las disposiciones del PEMP del Paisaje Cultural Fortificado deben concebirse bajo “una visión de unidad territorial, patrimonial y normativa”, con el fin de evitar “contradicciones en su aplicabilidad”.

“El PEMP del Paisaje Cultural Fortificado no debe ser entendido como un instrumento aislado, sino como un marco de referencia que oriente, complemente y brinde criterios comunes a los demás planes especiales, de modo que se logre una aplicación normativa integrada y sin conflictos”, puntualizó.

El alcalde advirtió inconsistencias en el proyecto de resolución, por lo cual invitó a una revisión y a un proceso de concertación efectiva, haciendo énfasis en que se debe garantizar la coherencia normativa y la articulación con los demás instrumentos de gestión patrimonial.

“La delimitación de áreas afectadas y zonas de influencia debe realizarse con un enfoque integral que reconozca al Centro Histórico como núcleo constitutivo del Paisaje Cultural, incorpore tanto los bienes tangibles como los vestigios arqueológicos y sumergidos, y evite superposiciones regulatorias que puedan generar inseguridad jurídica o vacíos en la gestión”, puntualizó.

Panorámica del Centro Histórico de Cartagena. // Julio Castaño - El Universal
Panorámica del Centro Histórico de Cartagena. // Julio Castaño - El Universal

La solicitud de la Alcaldía de Cartagena al Ministerio de las Culturas

La Alcaldía de Cartagena advirtió que la resolución, de ser expedida, puede convertirse en un riesgo para la gobernanza local y la planeación territorial, por lo cual solicitó al Ministerio de las Culturas atender las observaciones y recomendaciones expuestas en el oficio.

Así mismo, propuso una sesión de trabajo conjunta y la realización de mesas de socialización con instituciones y comunidades del área afectada para garantizar una participación ciudadana efectiva antes de la expedición de la norma.

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